Amigos:
Quiero
informarles que en la sesión del 9 de diciembre aprobamos el dictamen de una iniciativa que reforma la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de
garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y
evitar delitos como las extorsiones a la población.
El
documento establece la obligación de que las autoridades responsables de los
equipos para bloquear este servicio en las cárceles y los concesionarios de
redes públicas de telecomunicaciones, presenten informes semestrales sobre su
operación.
El
reporte deberán entregarlo a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario,
la cual está integrada por los titulares de los órganos de prevención y de
reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el
Distrito Federal.
De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe), durante el año 2012 se cometieron cinco millones 994 mil 34
extorsiones.
La
iniciativa adiciona un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII del artículo
31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue presentada
el pasado 30 de abril por el diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), se aprobó
por unanimidad, con 408 votos a favor, y se turna al Senado para su análisis.
El
legislador señaló que muchos reos continúan delinquiendo desde la prisión,
principalmente a través de la extorsión telefónica, aprovechando el adelanto
tecnológico, lo que se ha podido efectuar ante la complicidad de algunos
servidores públicos de los centros de reinserción social.
Con
la reforma aprobada se pretende garantizar el bloqueo de las señales para el
uso de teléfono celular, como figura en las modificaciones aprobadas en abril
de 2012 a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados.
Esta
medida tiene el propósito de contener y evitar la extorsión telefónica o que
los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que se encuentran fuera de la
prisión, sostuvo el diputado que propuso la iniciativa.
La
reforma aprobada determina:
“Las autoridades responsables de la operación
de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones,
deberán entregar a la conferencia, semestralmente, un informe sobre la
operación de los equipos, en concordancia con lo establecido en el artículo
190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“En caso de
incumplir con esta obligación, la conferencia dará vista a la autoridad
competente, según sea el caso”.
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