Amigos:
Quiero
comunicarles que en la sesión del 3 de Diciembre de 2014, aprobamos con
cambios, una minuta del Senado que modifica, deroga o adiciona más de 100
artículos en materia de la ley sobre trata de personas, entre lo que figura el
cambio de su denominación.
Se
sustituye la denominación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por la Ley General en Materia de
Trata de Personas.
También
se establece una nueva estructura de la ley a efecto de distinguir los
lineamientos generales mínimos que cada uno de los tres niveles de gobierno
habrá de seguir y los delitos cuya tipificación y sanción corresponden sólo al
Congreso de la Unión.
El
documento fue aprobado en lo general por unanimidad, con 371 votos a favor, y
tras rechazarse de manera gradual las reservas presentadas, se avaló en sus
términos por 301 votos a favor, 49 en contra y cuatro abstenciones. Se regresa
al Senado para su ratificación.
La
minuta deriva de sendas iniciativas presentadas por los senadores Gabriela
Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, en septiembre de 2013, y los
integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, en octubre
de 2013.
El
texto indica que las reformas, adiciones y derogaciones planteadas por el
Senado encuentran respaldo en diversos instrumentos internacionales, como el
Protocolo de Palermo, la Convención sobre los derechos de la niñez y el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros.
Para
la elaboración del dictamen se contó con la participación de 30 organizaciones
sociales, representantes de las procuradurías y poderes judiciales de diferentes
entidades, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del ámbito
académico.
Los
cambios que se efectúan a la Ley con la minuta buscan solventar alrededor de 60
errores en la legislación, entre los que destacan que, para que se sancione el
delito se debe acreditar un daño a seis bienes jurídicos diferentes, lo que
“resulta poco operativo y recomendable”.
También,
que la ley en materia de trata impide aplicar el Código Penal y la Ley General
Antisecuestro, puesto que contempla como agravantes a los delitos de homicidio
y secuestro, cuando en realidad son delitos autónomos.
Además,
que la ley en materia de trata confunde el delito de tráfico de órganos, como
una forma de explotación humana, no obstante que dicha conducta se trata de un
delito independiente contemplado en la Ley General de Salud.
Con
la minuta aprobada se sanciona la tentativa del delito de trata de personas tal
y como lo dispone el Protocolo de Palermo y se adecúa la definición del tipo
penal de trata a los estándares internacionales.
Asimismo,
se incorporan como finalidades de la explotación el alistamiento de niñas y
niños en conflictos armados, la extracción de fluidos o líquidos corporales, el
matrimonio con fines de procreación y la servidumbre costumbrista.
Se
amplían diversas figuras jurídicas para que baste la explotación para su
configuración y no necesariamente la obtención de un beneficio por parte del
sujeto activo y se refuerza el sistema de protección de datos de las víctimas
de estos delitos.
De
igual forma, se incluye un lenguaje con perspectiva de género y se fortalece el
rubro de la prevención del delito, mediante diversas acciones transversales
aplicadas por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno en sus
respectivos ámbitos de competencia, entre otras modificaciones.
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