La educación es un asunto de todos, no nada más de los maestros: Dip. Esther Quintana

La educación es un asunto de todos, no nada más de los maestros: Dip. Esther Quintana

Miércoles 6 de febrero de 2013

El Presidente diputado José González Morfín:

Tiene ahora el uso de la voz la diputada Esther Quintana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, también para referirse a este tema. Hasta por cinco minutos.

La diputada Esther Quintana Salinas:

Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores de esta LXII Legislatura, hoy es un día muy importante para el hacer legislativo, porque nos atrevimos a dar un paso trascendental para México: nos atrevimos a reformar el artículo 3o. constitucional.

Durante mucho tiempo tuve la fortuna de dar clases. No soy maestra, pero di clases en educación superior; soy abogada, y a través de la educación va uno entendiendo cómo se puede transformar la realidad cuando logra uno precisamente frente a grupo, y a través de los conocimientos, ir moldeando a un nuevo país.

Estoy convencida de que esta reforma al artículo 3o. trae algo fundamental para el desarrollo de nuestro país; se implementa un concepto de educación con calidad, que viene a enriquecer la raigambre del artículo 3o. constitucional, y lo tengo que decir sin empacho.

Cuando lee uno el artículo 3o. constitucional —y yo no tengo pelos en la lengua— dice uno: ¿de qué país estamos hablando? ¿En dónde? ¿En qué parte se han esmerado por formar ciudadanos, por formar mexicanos de manera integral? Porque eso dice el artículo 3o. constitucional.

El artículo 3o. dice que a través de la educación se tiene que instaurar en México la democracia. Pero la democracia más allá de entenderla como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. Eso es fundamental subrayarlo.

Por eso celebro que hoy ya tengamos prácticamente reforma en materia educativa. Estamos en la parte sustantiva y es fundamental subrayarlo, porque nos falta algo trascendental y nos toca a nosotros también hacerlo, a los legisladores, nos toca hacer la ley adjetiva.

Tenemos que legislar las reformas en la Ley General de Educación, para que eso que nos atrevimos a hacer en la constitucional pueda implementarse. Nos toca la parte más difícil, los cómo vamos a implementar lo que nos atrevimos a hacer en la reforma constitucional.

Tenemos entonces la Ley General de Educación, por un lado, que hay que reformarla para adecuarla a la reforma constitucional, pero también tenemos la creación de una nueva ley, la que va a regular la vida del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y es aquí donde tenemos que escuchar las diferentes voces; tenemos que escuchar a los maestros, por supuesto que tenemos que escuchar a los maestros; tenemos que escuchar a la sociedad en pleno, porque la educación es un asunto de todos, no nada más de los maestros.

Quiero ser muy enfática en esto. No culpo a los maestros de la educación deficiente que tenemos en este país, porque sería mezquino hacerlo. Aquí llevamos parte todos, hasta los padres de familia.

Pertenezco a una generación en la que mis padres y la escuela eran uno solo; ahora no, ahora los padres se lavan sus manos, como Poncio Pilatos, y quieren que la escuela haga lo que ellos no han hecho en su casa, y son valores distintos. Ésa es la gran tarea que tenemos.

Espero —de verdad— que se hagan foros donde todos nos escuchemos, porque la responsabilidad que como legisladores tenemos es trascendental. No debemos echar a perder lo que ya hicimos a nivel constitucional. Ahora tenemos que construirlo, tenemos que aterrizarlo en las leyes reglamentarias, en la Ley General de Educación y en la nueva ley, porque va a ser de creación nueva la que va a regular la vida del instituto.

Tenemos que cimentar una nueva cultura; una cultura en base a los méritos; una cultura en la que se reconozca el esfuerzo del docente que echa todo por delante.

Tenemos que devolverle al magisterio la mística. Ustedes deben de recordar que en otras épocas el maestro era ejemplo a seguir, y hay espléndidos maestros —como en todas partes— y también hay muy malos maestros, porque también los hay. No se trata de decapitar maestros y lo tengo que decir con toda claridad, porque he platicado con maestros, se trata de darles las armas, de darles los instrumentos —en el buen sentido— para que los niños y los jóvenes de este país tengan frente al grupo a los mejores.

Es una reforma noble, es una reforma trascendental, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las reformas que vamos a implementar a la Ley General de Educación y en la reforma, más bien en la creación de la ley que va a regular la vida del instituto.

Término, presidente. Celebro de verdad el día de hoy, lo celebro sobremanera. Invito respetuosamente, no soy maestra, pero invito respetuosamente a los maestros a que participen.

Hay espléndidos maestros en este país y lo único que queremos los mexicanos es que sean los mejores maestros los que estén frente a grupo. Muchas felicidades y muy buen día.

Reformamos la Ley Federal del Trabajo para prohibir extracción de carbón en pozos o cuevas a profundidades menores de 100 metros, los llamados pocitos

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión del 11 de abril, los diputados aprobamos reformar la Ley Federal del Trabajo para prohibir la extracción de carbón en pozos o cuevas a profundidades menores de 100 metros, en los llamados pocitos, y fijar prisión y multa económica por eventual muerte de trabajadores.

El dictamen modifica los artículos 343-A, 343-C, 343-D y 343-E de esa ley, en relación con extracción de carbón, faenas subterráneas, riesgos de trabajos en minas, seguridad en extracción de carbón y actividades diversas relacionadas.

El documento lo elaboró la Comisión de Trabajo y Previsión Social tras analizar iniciativas de los diputados Adolfo Bonilla Gómez (PRI) y Mario Dávila Delgado (PAN), presentadas por separado en noviembre pasado.

En noviembre pasado el Congreso de la Unión aprobó, como iniciativa preferente, la reforma laboral, y ahora se plantean ajustes en lo que se refiere a los trabajos en minas de carbón.

El dictamen, que se envía al Senado de la República para su eventual ratificación, fue aprobado en lo general por 443 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, posteriormente se avalaron cuatro reservas (PAN, PVEM, PRI) con 327 votos a favor, 110 en contra y cero abstenciones.

En el artículo 343 A se establece que queda prohibido el trabajo en pozos o cuevas para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes.

Asimismo, prohíbe el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas.

En los incisos III y IV del artículo 343-E se fija prisión de tres a seis años y multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, “cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los propios artículos de la Ley del Trabajo y se produzca la muerte de uno o varios trabajadores”.

También establece prisión de seis a nueve años y multa de hasta 10 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando muera uno o varios trabajadores por realizar trabajos de extracción de carbón mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros.

Asimismo, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen, las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores.

Una de las reservas aprobadas se refiere al último párrafo del artículo 343-C para establecer que cuando un patrón de minero no cumpla con sus responsabilidades en caso de que haya un accidente, el titular de la concesión minera sea obligado subsidiario.

En el documento se asegura que las actividades mineras registran riesgos laborales generalizados en extracción de carbón, debido a que los procesos y técnicas son artesanales y rudimentarios, además de que omiten la normatividad en materia de seguridad.

Por esa razón, los riesgos en faenas subterráneas son frecuentes, especialmente cuando se utilizan explosivos o por la presencia de gases tóxicos, empleo de maquinas y equipos, aguas subterráneas y otros.

A estas circunstancias se suman factores humanos, las incipientes inversiones, dispersión geográfica, abandono, ausencia de tecnología, de licencias, permisos y autorizaciones legales, que incrementan los riesgos de trabajo.

Ante esa situación, se requiere minimizar o eliminar las prácticas mineras de elevado riesgo e implementar las medidas, programas y acciones para complementar, ampliar o adicionar, lo relativo a la seguridad minera y en la extracción de carbón en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros.

Con estas medidas se pretende evitar y prevenir fatalidades o desgracias como el incidente que en 2006 dejó 65 muertos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, cuyos trabajadores demandaban incrementos salariales y revisión de las medidas de seguridad y salud precarias y obsoletas que prevalecían.

En el documento aprobado se señala la necesidad de que las empresas inviertan para modernizar el sector y que el Estado diseñe políticas adecuadas con una legislación clara.

Aprobamos un dictamen para que extranjeros puedan tener viviendas en playas y fronteras, lo turnamos al Senado de la República

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión del 23 de abril, los diputados aprobamos, por 356 votos a favor, 119 en contra y dos abstenciones, el dictamen de reforma al artículo 27 de la Constitución Política, con el propósito de que los extranjeros puedan adquirir propiedades para vivienda en playas y fronteras.

El dictamen, que se turnó al Senado de la República para su eventual ratificación, modifica la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en una franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 en las costas por parte de extranjeros, siempre que su uso sea con fines residenciales.

Con esta modificación se “dará certeza a la inversión extranjera en vivienda, pues hoy en día existe un número importante de propietarios extranjeros que, mediante la figura del fideicomiso, poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja territorial precisada”, se indica en el documento.

Explica que, históricamente, a los extranjeros se les ha prohibido adquirir tierras en la franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en playas, ya que, “por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo establecer permanentemente a los extranjeros en las fronteras y costas”.

El dictamen expone que dicha prohibición ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, pues la suscripción de tratados internacionales dan al país la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representa un riesgo para el país.

El artículo 27 de la Constitución debe actualizarse a la realidad social y económica, “debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas”, asevera.

Agrega que la modificación constitucional, además de garantizar certeza jurídica a la propiedad, repercutirá favorablemente en los ingresos tributarios de los municipios, ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, las autoridades podrán recaudar el impuesto predial.

Subraya que los extranjeros que adquieran la propiedad de tierras y aguas ubicadas en territorio nacional seguirán haciéndolo bajo la prevención de la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la denominada Cláusula Calvo.

Dicho convenio establece que el extranjero interesado deberá considerarse como nacional respecto de todos los bienes que adquiera y renunciar a invocar la protección de su gobierno, en relación con dichos bienes.

En caso de faltar a este acuerdo, y promover cualquier reclamación diplomática en contra de México, se le sancionará con la pérdida de los bienes adquiridos, en beneficio de la nación mexicana.

La adquisición de tierras en la franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas se condicionará a los siguientes puntos:

1.-Que el uso de las tierras sea destinado para viviendas única y exclusivamente.

2.- Que no tenga un uso comercial o, en su caso, industrial o agrícola, o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive en un uso distinto a la vivienda o casa habitación.

3.- Que el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional.

4.- En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Regulamos la utilización de motosierras y aserraderos móviles para incrementar productividad y minimizar impactos al ecosistema

Amigos:

En la sesión ordinaria del 23 de abril, los diputados aprobamos un dictamen que regula la utilización de motosierras y aserraderos móviles para la extracción de recursos forestales maderables, a fin de incrementar la productividad y minimizar impactos al ecosistema.

El documento establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la encargada de otorgar los permisos para utilizar este tipo de tecnología, fue avalado por 446 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones y se turna al Ejecutivo para su promulgación.

De no contar con esta autorización, las motosierras y aserraderos móviles serán decomisados y los titulares no podrán realizar ninguna actividad relacionada con el aprovechamiento de los recursos madereros.

El dictamen reforma los artículos 51, 62, 116 y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y surge de iniciativas presentadas por los senadores priistas de la pasada LXI Legislatura, Adolfo Toledo Infanzón y Alejandro Moreno Cárdenas, en septiembre de 2011.

El Senado de la República aprobó el 24 de abril de 2012 el dictamen de estas iniciativas y la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis.

El documento señala que una de las causas del deterioro de la industria forestal es la carencia de equipo tecnológico avanzado de punta, para optimizar el aprovechamiento de los recursos forestales.

Alude que de acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), denominado: “Situación de los Bosques del Mundo 2011”, el índice total de deforestación sigue disminuyendo.

Se precisa que la mayor área forestal del mundo se encuentra en Europa, debido a la conservación de las vastas franjas de bosques de la Federación de Rusia, mientras que en América Latina y el Caribe se ha registrado la mayor pérdida neta de bosques en la última década.

En el mismo periodo, en México, el área de bosques plantados ascendió a 350 mil hectáreas en 1990 y a 3.2 millones de hectáreas en 2010; es decir, el área de bosques plantados en el país creció 9.5 veces en ese periodo.

Por otro lado, el 53 por ciento del bosque está clasificado como primario y la velocidad de la deforestación se ha reducido en 35 por ciento en los últimos cinco años.

Avalamos dictamen para proteger ecosistemas forestales y contrarrestar empobrecimiento de comunidades rurales mediante manejo forestal sostenible

Amigos:

Les informo que en la sesión del 23 de abril, los diputados aprobamos un dictamen que busca frenar el deterioro de los ecosistemas forestales y contrarrestar el empobrecimiento de las comunidades rurales, generalizando las prácticas de manejo forestal sostenible.

El documento, propuesto de la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), plantea reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y fue avalado por 454 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.

El dictamen, que es turnado al Senado de la República, señala que el sector forestal del país se encuentra en grave deterioro, a lo que se suma el crecimiento desmedido de quienes se dedican a las actividades productivas forestales desde la clandestinidad.

El documento plantea prohibir las autorizaciones para aprovechar recursos no maderables en riesgo o especies en peligro de extinción, aun cuando se dé prioridad a actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción que demuestren que se contrarresta este riesgo.

Establece también que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los gobiernos de los estados, promoverán el trabajo de los titulares de aprovechamientos forestales, dejando la gestión del manejo forestal predial en manos de los dueños de los terrenos de manera individual.

“En ningún caso se condicionará el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal o el acceso a los programas de apoyo a la actividad o al fortalecimiento organizativo, a la participación en la organización gestora de las actividades forestales regionales dentro de la unidad de manejo forestal”, explica.

Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), casi el 71 por ciento de los ejidos y comunidades apoyados con los programas forestales entre 2007 y 2010 no están organizados para la producción forestal o malbaratan sus recursos forestales, agrega.

Asimismo, plantea que a la junta de gobierno de dicha comisión se integren dos representantes de cada entidad federativa, uno del sector social de silvicultores, uno de los empresarios industriales forestales y uno de alguna organización ciudadana relacionada con las atribuciones de la comisión.

Define como atribución de la junta “conocer y acordar las políticas y medidas que permitan la programación para el desarrollo forestal sustentable y la acción coordinada entre las dependencias de la administración pública federal y otras que deban intervenir en materia forestal”.

Aprobamos eliminar totalmente del Código Civil Federal las figuras de “adopción simple” y “parentesco civil”, para generalizar la “adopción plena”

Amigas y amigos:

El 23 de abril, los diputados aprobamos un dictamen para eliminar totalmente del Código Civil Federal las figuras de “adopción simple” y “parentesco civil”, derogadas a inicios de este mes, con el propósito de generalizar de manera definitiva la llamada “adopción plena”.

En el dictamen, avalado por unanimidad con 450 votos a favor, se plantea reformar los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y derogar los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, para al Senado de la República para su eventual ratificación.

El documento explica que el pasado 8 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se derogaron los artículos 402 al 410 del Código Civil Federal en materia de adopción simple.

No obstante, permanecieron en la legislación diversos artículos que aluden el tema, por lo que se decidió adecuar la norma, reformando y derogando artículos que están vinculados con estas figuras.

El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada el febrero pasado por la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano), tiene el propósito de generalizar de manera definitiva la llamada “adopción plena”.

Se pretende hacer de la adopción un proceso ágil, transparente y efectivo, salvaguardando el interés superior de los menores de edad e incapaces.

Al generalizar la adopción plena se busca garantizar al adoptado su incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante, “con derechos y obligaciones iguales a los de un hijo consanguíneo”, señala el documento.

Con esto – agrega- se incrementa la posibilidad de extender y sistematizar los vínculos, los derechos y los deberes propios de los emanados en las relaciones entre padres e hijos consanguíneos, y así la extinción de los originados en la familia natural.

Se aprueba en la Cámara de Diputados la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte; la turnan al Ejecutivo federal para su promulgación

Palacio Legislativo 23-04-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen que expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece como responsabilidad del Estado mexicano garantizar la promoción, fomento y estímulo de las actividades físicas.

La nueva legislación es de carácter reglamentaria a la reforma al artículo cuarto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de octubre de 2011, fue avalada en lo general por 297 votos a favor, 158 en contra y una abstención.

Posteriormente se fueron rechazando las reservas presentadas en lo particular y el dictamen se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

La reforma sostiene que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Surge de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2013 por los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza (PRI), Roberto Armando Albores Gleason (PRI), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) y fue aprobada en la cámara alta el pasado 9 de abril.

En las consideraciones del dictamen se señala que en el tema de violencia en los estadios deportivos, la Comisión Especial en la materia, de la Cámara de Diputados, trabaja una propuesta para prevenir de mejor manera y castigar con penas más severas a los infractores.

Por ello, subraya que la iniciativa que se presente en el tema podrá ser incorporada en lo sucesivo a la nueva legislación, cuya promulgación “es urgente debido a que es la herramienta de trabajo que requiere para poder instrumentar el Plan Nacional de Deporte”.

En la nueva Ley en comento, específicamente en el título primero, se establecen las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Las finalidades principales son fomentar equitativamente el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud y disminución de enfermedades; prevención del delito; y se incentiva la inversión social y privada.

Se establece que el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), integre el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, documento básico que define objetivos, metas y políticas, así como responsabilidades y su respectiva coordinación.

Se fortalece el Sistema Nacional del Deporte, (Sinade), órgano colegiado integrado por dependencias gubernamentales, sociedades y asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas.

Se faculta a la Conade la responsabilidad exclusiva de conducir y articular la política nacional en materia de cultura física y deporte, en consecuencia, se elimina la duplicidad de funciones y se evita la triangulación de recursos y apoyos a federaciones y asociaciones deportivas nacionales.

La reforma coloca al Comité Paralímpico Mexicano en el mismo nivel que al Comité Olímpico Mexicano, sin distinción alguna. De esta manera, un deportista con discapacidad y un deportista convencional no tendrán diferencia alguna.

También crea el Consejo de Vigilancia Deportiva Electoral (COVED), que vigilará los procesos electorales de las asociaciones deportivas, observando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades.

Aprobamos reformas a la Ley de Migración para ampliar protección a derechos humanos de migrantes

Amigos:

El 16 de abril, los diputados federales aprobamos por unanimidad, con 447 votos a favor, un dictamen que reforma la Ley de Migración para ampliar y garantizar la protección de los derechos humanos de migrantes en su tránsito por el país y turna la minuta al Senado.

El dictamen, que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107, de la Ley de Migración, fue presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios tras analizar la iniciativa que presentaron los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano).

En la exposición de motivos, los legisladores señalan la necesidad de aumentar la protección de los migrantes ante la violación cotidiana de sus garantías durante su presencia en territorio nacional, porque vayan de tránsito o sea su destino.

En el capítulo I del artículo 20 del dictamen se establece la necesidad de instrumentar la política en materia migratoria “garantizando la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes”.

En el capítulo III se señala la promoción conjunta, con la Procuraduría General de la República (PGR), de programas, medidas y acciones que garanticen la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.

En el artículo 25 se establece que “los servidores públicos que deban tener contacto físico con los migrantes, al hacerlo, deberán actuar conforme a un protocolo establecido en el Reglamento de esta Ley. Dicho protocolo deberá ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana”.

En el capítulo II del artículo 29 se señala el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, “para facilitar la queja o denuncia que corresponda en contra de los servidores públicos del Instituto”.

El capítulo V del artículo 107 establece garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado, “asegurando para el caso, el contacto del extranjero con el consulado de su país y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

La Comisión de Asuntos Migratorios indica que existe un doble discurso de la autoridad, porque se firma e invocan instrumentos internacionales para proteger a migrantes mexicanos en el exterior, mientras en el país se violan sistemáticamente los derechos de extranjeros que ingresan de manera irregular.

Aprobamos crear Comisión Especial de Fortalecimiento de la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad

Amigos:

Quiero informarles que en la sesión ordinaria del 16 de abril, los diputados aprobamos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que se crea la Comisión Especial de Fortalecimiento de la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad.

Esta comisión, que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2015, cuando concluya la LXII Legislatura, podrá allegarse de la información que considere pertinente y reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales estatales y municipales responsables y con organizaciones civiles.

Asimismo, la comisión deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno o ante la Comisión Permanente en los periodos de receso.

Los diputados también aprobaron en votación económica el acuerdo de la Jucopo por el que modifica la denominación de la Comisión Especial que atiende los asuntos relacionados con las ciudades Patrimonio de la Nación reconocidas por la UNESCO, por el de Comisión Especial en Materia de Patrimonio de la UNESCO.

La mayoría de los diputados rechazamos el acuerdo de la Jucopo para que la presidencia de la Comisión Especial sobre gastos de la pasada campaña electoral sea rotativa

Amigos:

En la sesión del 16 de abril, los diputados del PAN y de las izquierdas, rechazamos, con una apretada votación, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que la presidencia de la comisión especial sobre gastos de la pasada campaña electoral sea rotativa.

Con 233 votos en contra, 230 a favor y cero abstenciones, se frenó el acuerdo de la Jucopo, integrada por los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones, y por lo tanto se mantiene en el cargo el actual presidente de la comisión, Roberto López Suárez (PRD).

La Jucopo había aprobado que la presidencia de la comisión especial de Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), fuera rotatoria cada tres meses y el primer titular en este nuevo esquema habría sido José Rangel Espinosa (PRI).

Ese acuerdo fue rechazado tras una acalorada discusión de poco más de una hora.

Diputados del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y PT nos manifestamos en contra del acuerdo de la Jucopo, mientras legisladores del PRI, PVEM y Nueva Alianza (NA) lo defendieron sin éxito.

Los legisladores que estábamos en contra argumentamos que al cambiar al presidente de la comisión, el PRI pretendía quitar “a quien les ha resultado incómodo a sus intereses”, dilatar el desarrollo de las investigaciones sobre los gastos de la pasada campaña presidencial y “darle carpetazo” al llamado “caso Monex”.

Los que se pronunciaron a favor del acuerdo de la Jucopa defendieron la pluralidad en la presidencia de la comisión especial y aseguraron que ayudaría a que su trabajo se lleve a cabo sin “sesgos partidistas”.

Aprobamos modificaciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas para fomentar su integración y desarrollo

Amigos:

Les quiero informar que el pasado 16 de abril, los diputados aprobamos un dictamen que reforma el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas para fortalecer las actividades de este sector e impulsar su desarrollo sostenible.

Con 429 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones se avalaron modificaciones al artículo 6° para fomentar la integración de las cooperativas, a efecto de constituir los Organismos de Integración y Representación regionales, nacionales e internacionales que fortalezcan el Movimiento Cooperativo Nacional.

En las consideraciones del dictamen se destaca brindar impulso al desarrollo sostenible de las comunidades, donde las mismas tengan su domicilio social, en estricto apego a lo que dispongan los socios de las mismas.

Lo anterior permitirá establecer condiciones propicias para satisfacer las necesidades de los pobladores que residan en la circunscripción territorial donde las sociedades cooperativas se ubiquen.

Dichas sociedades tendrán la obligación de proteger y conservar el medio ambiente, así como los recursos obtenidos de la naturaleza.

La ley establece que se debe impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades donde se encuentren asentadas las cooperativas, mediante políticas aprobadas por sus socios.

La importancia de las organizaciones radica en su aportación en la actividad económica por la proporción de empleos generados por esta forma de organización social, superando los 100 millones de pesos, en los últimos decenios.

Y constituye un 20 por ciento adicional en relación con la oferta laboral generada por la diversidad de empresas multinacionales que participan en la economía de mercado.

El dictamen fue enviado al Senado de la República.

La Reforma energética del PAN modifica artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para incrementar participación de inversión privada en Pemex y generación de electricidad

Palacio Legislativo, 31-07-2013 (Notilegis).- La propuesta de reforma energética que el PAN presentó este miércoles ante la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para incrementar la inversión privada en Pemex y en la generación de energía eléctrica.

Asimismo, plantea sustituir el sistema de subsidios a los energéticos y quitarles a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la carga fiscal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En su exposición de motivos, la iniciativa panista señala que se busca otorgar al Estado los elementos necesarios para aprovechar al máximo todos los recursos con los que el país cuenta, allegarse de nuevas tecnologías, de inversiones productivas y acabar con los monopolios de Estado.

Asimismo, tiene por objeto “ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones de vida, en un ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes”, reducir el costo de la energía eléctrica y consolidar la independencia energética.

Entre las modificaciones figura la inclusión en el artículo 27 constitucional de concesiones que podrá otorgar el Estado, relativas a la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, junto con las ya contempladas en la Carta Magna y relacionadas con la radiodifusión y telecomunicaciones.

Se elimina del artículo 27 de la Constitución la parte en la que se establece que corresponde en exclusiva a Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, con lo que se abre la posibilidad de que participen empresas privadas en estas actividades.

En este mismo artículo se incluiría que, en materia de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación.

Agrega que el Estado deberá asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, para lo que desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los legisladores del PAN proponen que en el artículo 28 de la Constitución se establezca que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica ni en el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional.

Tampoco la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos, ni la administración de los recursos producto de la renta petrolera.

Las concesiones relativas a la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos serán asignadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de procesos de licitación internacional abiertos a empresas públicas o privadas, así como a asociaciones público-privadas, señala el artículo noveno transitorio del decreto.

Este mismo artículo indica que corresponderá a la Comisión Reguladora de Energía el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares.

De igual forma las concesiones para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos.

La propuesta mandata al Ejecutivo federal, en un artículo tercero transitorio, a presentar al Congreso de la Unión un programa de substitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.

En su artículo quinto transitorio, el decreto establece que Pemex y la CFE, propiedad del Estado, no serán parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y contarán con autonomía de gestión.

Señala también que la Cámara de Diputados, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprobará el techo financiero así como el nivel de capitalización al que ambas empresas se sujetarán.

Con dicho objeto, de acuerdo con el artículo séptimo transitorio, “el Ejecutivo Federal deberá ejecutar, en un periodo de transición no mayor a diez años, un plan de adaptación tendiente a lograr la disminución de la dependencia fiscal de los recursos petroleros y a eliminar el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos”.

Además, en su propuesta de modificación al artículo 28 constitucional, la iniciativa crea un Fondo Mexicano del Petróleo, el cual se encargaría de la administración de la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio.

Establece también que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas.

En tanto, la Comisión Reguladora de Energía regulará la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares. 

Los diputados aprobamos un dictamen sobre “etiqueta ambiental”, un distintivo para productos o servicios que generan menor impacto ecológico

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión ordinaria del 16 de abril, los diputados aprobamos, con 438 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, un dictamen para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales promueva el uso de una “etiqueta ambiental” para distinguir qué productos o servicios generan menos impacto ecológico.

El dictamen, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deriva de una iniciativa presentada en 2010 por el entonces diputado del PAN, Agustín Torres Ibarrola.

Dicha etiqueta ambiental permitirá a los consumidores saber qué productos son “amigables con el ambiente”, e impulsar el conocimiento de empresas sustentables que causan menor afectación ecológica, explicó la diputada Adriana López Moreno (PVEM) al fundamentar el dictamen.

“La transición hacia la sustentabilidad ambiental de la industria necesita la identificación de productos y servicios que tengan un impacto reducido en el ambiente”, explicó.

Dicho certificado será de uso voluntario y servirá para identificar productos, bienes, insumos y servicios con menor impacto al ecosistema, basándose en parámetros y criterios ambientales que se determinarán mediante las normas oficiales mexicanas que correspondan, agregó.

El documento también establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá normas oficiales que tengan por objeto establecer los requisitos, condiciones procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en la producción, uso y destino de bienes, dijo.

La propuesta fue aprobada con cambios por el Senado de la República en noviembre de 2011, y ahora se envía al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Otorgamos nuevas facultades al titular del Instituto Mexicano de la Juventud para interrelacionarse con el Congreso de la Unión

Amigos:

En la sesión ordinaria del pasado 21 de marzo, aprobamos, por 456 votos a favor, 0 en contra y una abstenciones, un dictamen de reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de otorgar nuevas facultades al director general del organismo para interrelacionarse con el Congreso de la Unión.

Al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, el funcionario del Instituto podrá remitir a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles.

Asimismo, se le faculta para difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, así como el seguimiento a las acciones de los programas y sus propuestas.

El dictamen que reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto surge de una iniciativa presentada el 12 de mayo de 2009 por el entonces senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI); el 19 de octubre de 2012 se aprobó en el Senado y la minuta se turnó a la Cámara de Diputados.

En las consideraciones, se expone que en México la juventud se forma por cerca de 36.2 millones de individuos y que la diversidad de realidades es tan grande como las personas que conforman a este importante sector de la población.

Se precisa que los jóvenes tienen características particulares de tipo económico, político y social, y que es responsabilidad de todos erradicar los males y mejorar sus condiciones de vida.

Se considera oportuno que el envío de las publicaciones al Congreso de la Unión, se realice al inicio de los periodos ordinarios de sesiones, con el objetivo que los legisladores cuenten con información actual del contexto de las realidades de la juventud.

Con esta información permitirá prever acciones legislativas y presupuestarias en los periodos y momentos oportunos.

Se considera que los estudios e investigaciones que el Instituto proporcione al Poder Legislativo, coadyuvarán a la difusión de los proyectos de desarrollo de la juventud.

También incidirán en el seguimiento a las acciones de los programas y las correspondientes propuestas que formula el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, del propio instituto.

Aprobamos dictamen para garantizar protección y asistencia de menores migrantes no acompañados

Amigos:

En la sesión del 21 de marzo, los diputados aprobamos, con 434 votos a favor, un dictamen que modifica el artículo 112 de la Ley de Migración, para fortalecer la protección y asistencia de los menores migrantes no acompañados de un adulto.

Cuando éstos sean alojados en una estación migratoria se deberá dar aviso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda.

También establece que el Instituto Nacional de Migración (INM) canalizará de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado de un adulto a los sistemas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) federal, estatales y del Distrito Federal, además de dar aviso al consulado del país correspondiente.

El DIF respectivo garantizará el retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiendo en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad.

Actualmente, la ley señala en su artículo 112 que las autoridades deben respetar en todo momento los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados por un adulto, pero no incluye el aviso a las autoridades defensoras de derechos humanos ni la coordinación del DIF para su repatriación.

En el primer semestre de 2011 fueron detenidos y repatriados de Estados Unidos ocho mil 340 niños y jóvenes, 83 por ciento fueron hombres y el resto mujeres, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El dictamen se regresó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Planteamos que el autotransporte federal de carga ingrese a la operación con menos de cinco años de antigüedad y sólo pueda transitar 20 años desde su fabricación

Amigos:

Les quiero informar que el pasado 19 de marzo aprobamos con 438 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, un dictamen que reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer las fechas de antigüedad que debe tener el autotransporte federal de carga para su operación.

La iniciativa, presentada por las diputadas Judit Magdalena Guerrero López y María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del PVEM, reforma los artículos 35, 39 y 50 de esa Ley, con el propósito de preservar la seguridad vial, el cuidado al medio ambiente y evitar el deterioro acelerado de la flota vehicular nacional.

El autotransporte de carga es considerado una actividad estratégica para la economía nacional, en el 2010 movilizó unas 470 millones de toneladas, está relacionada con más de 71 actividades económicas y genera más de cuatro millones de empleos directos e indirectos.

Sin embargo, su parque vehicular padece una obsolescencia de más de 17.5 años de antigüedad, “lo que representa una desventaja competitiva respecto de nuestros principales socios comerciales, que oscila entre cinco y seis años de antigüedad”, de acuerdo con las legisladoras.

Un 30 por ciento del total de la flota vehicular cuenta con más de 25 años de antigüedad, que en el 2010 ascendió a 408 mil 567 unidades motrices.

Al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se incorpora que: “Las unidades motrices y de arrastre que ingresen al servicio de autotransporte federal de carga y el transporte privado deberán tener una antigüedad no mayor a cinco años a partir de su año modelo de fabricación”.

También establece que las unidades “tanto motrices como de arrastre sólo podrán transitar un máximo de veinte años a partir de su año modelo de fabricación, siempre y cuando cumplan con las verificaciones periódicas que establezcan las normas respectivas”.

Se incorporó que “la secretaría (de Comunicaciones y Transportes) promoverá con otras dependencias del Ejecutivo federal y estatal, el reconocimiento de la autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas”.

En el artículo 50 se establece que se autorizará el autotransporte de carga “siempre y cuando la configuración vehicular que corresponda ya sea unitaria, articulada o doblemente articulada, no exceda el peso bruto vehicular máximo y dimensiones permitidas”.

Asimismo, los permisionarios, unidades y operadores, deben cumplir “con los elementos mínimos de seguridad vial” y “las bases para su autorregulación”.

En el documento de las diputadas del PVEM también se señala la urgencia de implementar políticas de largo alcance en materia de medio ambiente.

Aseguran que el autotransporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones de CO2, que equivale a 36 mil 457 toneladas anuales, donde el de carga participa con el 77 por ciento.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Avalamos iniciativa que reforma la Ley de Energía para el Campo sobre la adquisición de energéticos a precios de estímulos a productores

Amigos:

El 12 de marzo, los diputados aprobamos, con 417 votos a favor, una iniciativa que reforma la Ley de Energía para el Campo, sobre la adquisición de energéticos (diesel, gasolina y energía eléctrica, principalmente) a precios de estímulo a productores.

Con estas reformas se otorga certeza jurídica a los apoyos que en materia energética se deben dar al sector pesquero, establece el documento.

La iniciativa, propuesta por el Congreso de Baja California en julio de 2009, modifica el cuarto párrafo del artículo 5º y adiciona un segundo párrafo del artículo 10 de esa ley.

Señala que la modificación del cuarto párrafo del artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo establece un subsidio diferenciado cuando el precio de un energético sea diferente en más de una zona del territorio nacional.

Esta medida, agrega, “es congruente con la regla general de igualdad de competencia para los productores”.
Ese cuarto párrafo queda como sigue.

Artículo 5o. ...

Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país. “Sólo cuando los energéticos agropecuarios difieran en precio de venta, la autoridad competente hará los ajustes necesarios a fin de que el estimulo sea proporcionalmente mayor, en la zona del territorio nacional donde exista el aumento”.

La segunda modificación pone un candado “para que los beneficiarios de la cuota energética le den el uso adecuado y correcto y no lo puedan transferir como ocurre frecuentemente en la práctica”.

El segundo párrafo que se adiciona al artículo 10 queda en los siguientes términos:

Artículo 10. Se considera a la cuota energética como parte accesoria e indivisible de la tierra, por lo que el productor que transmita su uso o posesión, deberá hacerla conjuntamente con dicha cuota. Para tal efecto, la transmisión del uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

“La cuota energética para acuacultura y pesca es intransferible, excepto la sustitución de titular del permiso o concesión, previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”.

La iniciativa se turnó al Senado de la República para su eventual ratificación.

Aprobamos reformas para que inmuebles al servicio de educación pública generen su propia electricidad a partir de energías renovables

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión ordinaria del 12 de marzo aprobamos, con 417 votos a favor, un dictamen para que la Secretaría de Energía promueva que los inmuebles destinados al servicio de educación pública generen su propia electricidad a partir de energías renovables.

Propone que la Secretaría de Energía elabore y coordine la ejecución del programa para definir estrategias que promueven la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables en inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública.

Plantea que se lleve a cabo de manera prioritaria en las instalaciones que no cuentan con el servicio de suministro de energía eléctrica”.

La iniciativa, presentada por la Comisión de Energía, adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

En el documento se establece que muchas escuelas de zonas rurales no cuentan con suministro de energía eléctrica y propone que la Secretaría de Energía tenga la obligación de promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, preferentemente para escuelas.

Sostiene que el país tiene un gran potencial para la generación de energía eléctrica, a través de paneles solares, debido a sus condiciones climatológicas y geográficas.

Por esa razón, agrega, “se deben generar las condiciones legales y de políticas públicas para dotar de la infraestructura necesaria a las escuelas públicas, a fin de crear energía eléctrica a través de la energía solar”.

El dictamen aprobado fue enviado al Senado para su discusión y, en su caso, aprobación.

Aprobamos implementar programas y acciones para prevenir y atender el acoso escolar o maltrato físico o psicológico entre los estudiantes

Amigos:

 

Los diputados federales aprobamos en la Cámara de Diputados el 29 de abril, por unanimidad, con 438 votos a favor, reformar la Ley General de Educación a fin de implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o maltrato físico o psicológico entre y hacia los estudiantes.

 

Dichos programas deberán incluir a todas las personas involucradas en el entorno escolar y se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución.

 

Se establece que en la Ley General de Educación se apruebe una sección denominada: De la seguridad escolar, en la cual se contempla la regulación de la protección de los alumnos contra cualquier tipo de violencia.

 

El dictamen surge de tres iniciativas presentadas entre septiembre y diciembre de 2012 por los diputados María del Rocío Corona Nakamura (PRI), María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) y Marina Garay Cabada (PRI).

 

En las consideraciones se expone que el acoso, la violencia y la discriminación escolar son conductas que laceran la dignidad humana e inhiben los fines de la educación.

 

Se subraya que este tipo de violencia, más conocido por la expresión inglesa “bullying”, constituye un grave problema educativo sobre el que poco se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional.

 

El acoso escolar se manifiesta a través de comportamientos como los insultos, apodos, sobrenombres, golpes, agresiones directas, robos, amenazas, rumores, la exclusión o el aislamiento social.

 

Se señala que los daños que dichas conductas pueden ocasionar son muy variados, ya que muchas veces motivan el abandono de los estudios, causan apatía, baja autoestima, estrés social, ansiedad, depresión, trastornos psicológicos o, incluso, como se ha comentado, conductas que llevan al suicidio.

 

El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.