Amigos y amigas:
En la sesión del 23 de Octubre de 2014, los diputados
aprobamos en lo general y con cambios, el dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con lo
cual se reconoce como sujetos plenos de derechos a los menores.
El documento,
avalado con 420 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, señala que el
objetivo es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de
los derechos humanos de la infancia, establecidos en la Constitución Política,
así como los contenidos en tratados internacionales.
Con dicha ley se
generan mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga
a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación
de recursos públicos suficientes para asegurar a niñas, niños y adolescentes,
el goce pleno de sus derechos.
Contiene un
Catálogo de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes como el vivir en
familia, a la igualdad, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a
la salud y seguridad social, a la integración de menores de edad que padecen
alguna discapacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a
la asociación y a la seguridad jurídica, entre otros.
Asimismo, se crea,
a nivel federal y local, las procuradurías de protección de niñas, niños y
adolescentes adscritas a los sistemas DIF, con el objetivo de realizar el
resguardo de sus derechos. Dispone la formación, integración, organización y
funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, presidido por el Poder Ejecutivo Federal.
Igualmente
instaura el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece
que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros,
serán las procuradurías de protección en sus ámbitos de competencia.
Prevé que las
autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales,
transversales, con perspectivas de derechos humanos, estableciendo mecanismos
transparentes de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval).
También contempla
un programa nacional y estatal que contendrán las políticas, objetivos,
estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio de respeto,
de promoción y de protección integral.
Se establece como
edad mínima para contraer matrimonio los 18 años y se estipula la presunción de
paternidad o maternidad cuando haya rechazo a hacerse la prueba, así como las
competencias y plazos para adopción de medidas de protección especial, entre
otras.
El dictamen a la
minuta incluye una adenda, la cual contiene modificaciones a los artículos 13,
16, 53, 55, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149, de la ley, que se
deriva de una iniciativa preferente que el Ejecutivo federal remitió al Senado
de la República el pasado primero de septiembre.
Al fundamentar el
dictamen, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión
de Derechos a la Niñez, señaló que esta ley contiene importantes avances que
sientan las bases para que en ninguna entidad federativa pueda haber retroceso
en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la
adolescencia.
Enfatizó que “hoy
estamos saldando una de las diversas deudas que el Estado y la sociedad
mexicana ha mantenido con este importante grupo de la sociedad que alcanza
cuantitativamente los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes, que
representan el 37 por ciento de la población total de nuestro país, siendo esta
población menor de 18 años”.
Aclaró que se
tienen retos importantes que se deben enfrentar como el funcionamiento mismo
del sistema de protección integral, que mucho depende de materializar proyectos
y programas, así como asignar los recursos suficientes para la operación del
mismo. Pero sobre todo, agregó, el principal reto es impulsar el cambio
cultural “en donde reconozcamos en la vida diaria los derechos de las niños,
niños y adolescentes”.
Precisó que este
dictamen tiene una adenda con algunas modificaciones que refuerzan la ley y que
no exista duda para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer de
manera plena sus derechos.
En los posicionamientos,
la diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI) señaló que se está frente a un
nuevo ordenamiento que abarca aspectos muy importantes para generar las mejores
y más favorables condiciones que incidan en el óptimo desarrollo de los
menores.
Los avances, dijo,
son muchos y muy variados, pues se garantizan los derechos de los menores
migrantes asegurándoles un entorno libre de violencia, tutelando la defensa de
sus garantías, así como la ampliación y desarrollo del catálogo de sus
prerrogativas reconocidas constitucionalmente. “México hoy se actualiza y se
pone a la vanguardia global en materia de protección jurídica al menor”.
Cinthya Noemí
Valladares Couoh, diputada de Acción Nacional, consideró que aprobar esta ley,
es aportar al futuro generacional. Sin embargo, agregó, aún quedan muchos
pendientes por cumplir en la labor de superar las disparidades que persisten en
el país y que afectan a las niñas, niños y adolescentes. “Este ordenamiento, se
convertirá en un valioso instrumento jurídico para mejorar sus condiciones de
vida”.
Se manifestó en
favor de que la Cámara de Diputados destine los recursos públicos necesarios
para el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley, “porque sabemos
que para que una niña o un niño tenga un libre y sano desarrollo de la
personalidad, lo primero es garantizarle sus derechos sin distinciones ni
sesgos de ningún tipo. La garantía debe ser universal, con un enfoque integral,
transversal y sustentable”.
Por el PRD, la
diputada Alliet Mariana Bautista Bravo mencionó que esta ley reconoce a los
menores como titulares de derecho; crea y regula la integración, organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes; establece los principios rectores y criterios que
orientan la política nacional en la materia, y otorga facultades y competencias
entre los tres órdenes de gobierno.
Indicó que se crea
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que de
acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México se ocupa el primer
lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años
entre los 33 países que pertenecen a la OCDE, y en 2013 se detectaron más de 12
mil cuentas personales en Internet donde se exhiben imágenes de explotación
sexual a menores de edad, cuyas edades oscilan de los 4 a los 16 años. “Si
queremos tener nuevos ciudadanos, tenemos que invertir en nuestra niñez”.
La diputada
Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) expresó que la situación de las niñas,
niños y adolescentes en el país es alarmante, y que a pesar de los esfuerzos
realizados, la violencia, discriminación, exclusión y constante violación de
sus derechos, obliga a tomar medidas eficientes, de ahí que se necesita un
nuevo marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de todos y cada uno de
sus derechos. “Estamos legislando a favor de 41 millones 542 mil 388 personas
menores de 18 años”.
Refirió que
existen 18 millones de menores de 14 años que se encuentran en una situación
alarmante de pobreza; México ocupa el primer lugar a nivel internacional en
casos de bullying; 61 mil 127 niñas y niños no acompañados intentan
cruzar la frontera de los Estados Unidos; se ocupa el primer lugar entre los
países de embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 y 19 años; por ello, dijo,
hoy se sientan las bases a través de las cuales el Estado garantiza los
derechos de este sector poblacional.
Gerardo Villanueva
Albarrán, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó como oportunista la
iniciativa preferente del titular del Ejecutivo, pues en un país donde se
violan cotidianamente los derechos humanos “se trata de tapar el sol con un
dedo. Qué momento escogieron para presentarla. Ninguneando, como ya es
costumbre, al Poder Legislativo”.
Reconoció el
trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez, para construir una norma
impecablemente escrita y eficaz, aun cuando México está a años luz de
convertirse en modelo constitucional garantista. “Votaremos a favor porque se
está dando un pequeñito paso, casi insignificante en pro de los derechos de los
menores”.
Del PT, el
legislador Ricardo Cantú Garza mencionó que la ley tiende a ser una herramienta
pensada en olvidar los aspectos proteccionistas, para tomar rienda a tareas
específicas en materia de garantías sociales para los menores a través del
Estado. Añadió que aún hace falta precisar temas como la homologación de una
base de datos con la información exacta respecto de los censos sobre niñas y
niños que padecen alguna discapacidad.
Pidió sumar
esfuerzos para que cuenten con los medios suficientes para su protección. “Esta
ley es única por su contenido y alcance; sin embargo, estamos obligados aceptar
que hay pendientes que pueden ser incorporados en un futuro. Estamos a favor de
una iniciativa integral y garantista de derechos concretos para los menores”.
La diputada Lucila
Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) afirmó que esta ley era una deuda que el
Estado tenía en materia de derechos humanos de los menores, pues su propósito
es migrar hacia una visión más allá de un enfoque asistencialista, para
establecer a la niñez y adolescencia como titulares indiscutibles de derechos
en condiciones prioritarias, universales, integrales y sostenibles.
Destacó que entre
los principales avances que logrará esta ley está el acceso a tecnologías de
comunicación, principalmente el Internet, por parte de la infancia. Agregó que
“dos de cada tres estudiantes de educación básica no tienen acceso a este
servicio, por lo que esta modificación contribuirá a redoblar los esfuerzos del
Estado para cerrar la brecha digital”.
Durante la
discusión, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) reconoció que es un tema
importante y que se tienen avances; sin embargo, consideró que se pudo haber
profundizado de mayor forma en este instrumento jurídico legislativo.
De la misma
bancada, la diputada Zuleyma Huidobro González comentó que el dictamen presenta
errores de diseño al no estipular de manera puntual y detallada el impacto
presupuestal que las medidas propuestas implicarán, lo cual afectará
directamente a los organismos estatales y nacional para el desarrollo integral
de las familias. “Estamos convencidos de que no basta únicamente con crear una
ley, sino que ésta se debe implementar de manera eficaz”.
En su turno, el
diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) dijo que el dictamen es
sobre una ley inoperante, porque no se establece ni se define la competencia de
las autoridades federales, locales y municipales en rubros importantes, como el
derecho a la salud. Además, no determina mecanismos y procedimientos de
concurrencia, de eficiencia y eficacia en la garantía de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Por el PAN, la
diputada Martha Leticia Sosa Govea reconoció que aún se tiene un largo camino
que recorrer para que los beneficios y los derechos a los menores en nuestro
país sean una verdadera realidad, pero consideró que esta ley será un
instrumento esencial en este propósito.
En tanto, el
diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) refirió que, en México, el 61 por ciento de
la población infantil se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y 27
por ciento en pobreza alimentaria, “no tienen ni para comer”. Por lo que, dijo,
esta ley tiene que inscribirse en la realidad del país. Anunció que su voto sería
en abstención por considerar que la norma está incompleta.
La diputada Isela
González Domínguez (PRI) destacó que con la ley el Estado cumplirá con su
responsabilidad mandatada en el artículo 4o. constitucional, y “en todos los
rincones del país se tendrá la obligación de trabajar por el cumplimiento
irrestricto de la observancia y aplicación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes”.
Del PT, el
diputado Alberto Anaya estimó que esta norma significa un modesto avance en
materia de protección a la niñez y a la adolescencia y que han quedado
pendientes temas de gran importancia como empezar a proteger los derechos de
los niños desde la etapa prenatal con programas que favorezcan garantizar a la
madre gestante una nutrición y un cuidado adecuados; sin embargo, señaló que su
voto sería a favor.
Por su parte, la
diputada Josefina Salinas Pérez (PRD) reconoció que con esta ley se avanza,
pero estimó que está inacabada y carece de las herramientas para ser aplicada,
“por lo que se debe asumir el compromiso de dotarla de un presupuesto
suficiente que permita a las instituciones encargadas de su ejecución contar
con los elementos necesarios para complementarla”.
Por el PRI, la
legisladora Flor Ayala Robles Linares subrayó que el nuevo ordenamiento es de
vanguardia, incluyente, extensivo y comprensivo, pues se ocupa de velar por el
bienestar de los niños migrantes, protege a los menores en temas diversos y en
múltiples frentes, tanto de la trata de personas como la explotación laboral.
Artículos reservados
Para su discusión
en lo particular se reservaron los artículos: 19, 22, 23, 26, 44, 47, 50, 51,
54, 57, 58, 61, 62, 63, 80, 83, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 146, 151, así como el
4to transitorio y la adicción de un transitorio.
Aprobamos en lo general y particular minuta
sobre derechos de niñas, niños y adolescentes; la devuelven al Senado con
cambios
Incluyen que educación sexual será conforme a edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de los menores
Luego de un gran
debate con la izquierda, los diputados aprobamos, en lo general y particular,
el dictamen a la minuta que expide la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, y la devolvimos al Senado de la República para sus
efectos constitucionales.
Con 267 votos a
favor, 71 en contra y 5 abstenciones, el Pleno avaló en lo particular y con
modificaciones, los artículos 26, 50, 57, 58 y 83 de la ley.
Mientras que por
323 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, se aprobó en términos del
dictamen, los artículos: 19, 22, 23, 44, 47, 51, 54, 61, 62, 63, 80, 89, 93,
96, 98, 99, 100, 146, 151 y 4to transitorio.
Las reservas
aceptadas a los artículos 26, 50, 57, 58 y 83 fueron presentadas por la
diputada Carmen Lucia Pérez Camarena (PAN). En la fracción XI del 50, se
estableció que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se deben
coordinar para proporcionar “asesoría y orientación sobre salud sexual y
reproductiva a las niñas, niños y adolescentes”.
También sobre este
tema, se incluyó la reserva a la fracción VIII del artículo 58, a efecto de
modificar y establecer que uno de los fines de la educación es promover la
enseñanza sexual integral conforme a la edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes, la cual les permita
ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.
De igual modo, se
agregó un párrafo en el artículo 57, para instituir que quienes ejercen la
patria potestad, tutela o guarda y custodia de los menores, tendrán derecho a
intervenir en la educación que habrá de darse a niños, niñas y adolescentes, en
términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley.
Las reservas a los
artículos 26 y 83, son precisiones de redacción. En el 26, se eliminan las
palabras “de manera excepcional”, las cuales son relativas al acogimiento
residencial brindado por centros de asistencia social a los menores. En el 83,
se quita “la coma” después de la palabra “lúdico”.
Pérez Camarena
indicó que las reservas derivan de que, actualmente, el conjunto de “derechos
sexuales” es un concepto que aún se encuentra en construcción, que no tiene
definido su contenido ni alcances, pues los derechos sexuales y reproductivos
abarcan el derecho a la decisión respecto del número de hijos, el acceso a los
métodos anticonceptivos y a la libertad sexual, entre otros.
“Son un concepto
en construcción que no ha alcanzado el consenso necesario para convertirse en
parte de algún instrumento de derecho internacional que haya firmado el
Ejecutivo federal y ratificado el Senado. La incorporación al marco jurídico
nacional de conceptos no validados internacionalmente y de los cuales existen
cuestionamientos y debates importantes sobre su contenido y alcance, exige
actuar con responsabilidad y certeza al respecto”, afirmó.
Sobre el tema, y
en contra de estas reservas, los diputados del PRD, Martha Lucía Mícher
Camarena, Aleida Alavez Ruiz y Fernando Belaunzarán Méndez, alertaron que con
esta reforma se desconocen los derechos sexuales y reproductivos de los
menores, y limitan su desarrollo educativo. Además, cuestionaron cómo se va
respetar la dignidad de la persona humana si se “escamotean sus derechos”.
En tanto, los
legisladores Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) y José Alfredo Botello Montes y
Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN, se manifestaron a favor, y argumentaron que
en el artículo 50 se establecen las medidas tendientes a prevenir embarazos de
las niñas y las adolescentes. Agregaron que los derechos sexuales y
reproductivos no se encuentran en la Constitución ni tampoco en los tratados
internacionales.
El dictamen, que
también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, deriva de
una iniciativa preferente del Ejecutivo federal que fue remitida al Senado de
la República.
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