Amigos:
Uno
de los temas de la agenda para el periodo extraordinario que generó mayores
expectativas por la gran importancia que revestía fue el referente a la
regulación de deuda de estados y municipios.
Les
quiero informar con gran satisfacción que en la sesión extraordinaria del 17 de
julio aprobamos en lo general y en lo particular, con 421 votos a favor, 18 en
contra y nueve abstenciones, la reforma constitucional para regular el
endeudamiento de estados y municipios y que los créditos se contraten mediante
licitación pública.
El
dictamen, que pasó al Senado para su eventual ratificación, modifica diversas
disposiciones de la Constitución para establecer principios, controles y
lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento para
las entidades federativas y evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos
vía deuda pública.
Obliga
también, mediante un artículo octavo transitorio, a que en la ley reglamentaria
de la reforma se establezca que la deuda de estados y municipios deberá
contratarse mediante licitación pública, para asegurar las mejores condiciones
de mercado y el fortalecimiento de la transparencia.
Asimismo,
en un noveno artículo transitorio, se plantea que en la ley reglamentaria de la
reforma se establezca un Programa Anual de Garantías por parte del Ejecutivo
Federal.
Instaura,
además, la responsabilidad de los servidores públicos de los estados y
municipios sobre el manejo indebido de los recursos y la deuda pública, misma
que deberá reflejarse en las constituciones locales.
En
su exposición de motivos, el dictamen señala que en los últimos 12 años la
deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por ciento, sin que se
conozca con el suficiente detalle el destino de los recursos, las tasas a las
que fueron contraídos los créditos y las razones que justificaron su
contratación.
Instaura
la facultad del Congreso de la Unión, en materia de deuda pública, para dar las
bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda otorgar garantías respecto al crédito
de la Nación.
También
tendrá la autoridad para establecer en las leyes las bases generales para que
los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en
endeudamiento, los límites de éstos y las modalidades en que se podrán cubrir
los créditos.
Igualmente,
podrá expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por
objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, los
estados, municipios y el Distrito Federal.
Las
entidades y municipios tendrán la posibilidad de contraer empréstitos cuyos
recursos se destinen a su refinanciamiento o reestructura, y no sólo a
inversiones públicas productivas, como establece actualmente la Constitución.
De
igual forma, podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley
general que expida el Congreso de la Unión.
No
obstante, el texto del dictamen señala que las entidades federativas y
municipios en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto
corriente y tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus
préstamos y obligaciones de pago en un registro público único.
En
dicho registro se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada
empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo,
tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios
para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.
En
tanto se implementa el registro, se pondrá a disposición de la Cámara de
Diputados, a más tardar en un plazo de 30 días naturales, un reporte de las
obligaciones y empréstitos, para que pueda dar seguimiento puntual al
endeudamiento de los estados y municipios.
Las
legislaturas locales deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores
condiciones de mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de
garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Cuando
los créditos estatales o municipales se contraten a corto plazo, deberán
liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos
tres meses.
El
dictamen señala también que el estado “velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo”, y que el Plan Nacional
de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio.
Asimismo,
establece que, en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda
en los términos de la ley, la Cámara de Diputados podrá conocer la estrategia
del gobierno federal para obtener garantías y opinar respecto al plan de ajuste
para fortalecer las finanzas públicas.
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá a su cargo la fiscalización de
la deuda y de las garantías que otorgue el gobierno federal respecto a
empréstitos de los estados y municipios, así como el destino y ejercicio de los
recursos que hayan realizado los gobiernos locales.
En
tanto, las entidades estatales de fiscalización deberán indagar las acciones de
estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
En
los artículos transitorios, se instituye que la ley reglamentaria en materia de
responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los
municipios deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro
de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
Además
se señala que las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo
federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y
obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor de la reforma, en un plazo
máximo de 60 días naturales.
Los
nuevos mecanismos que se establecerán para contratar y fiscalizar la deuda en
estados y municipios contribuirán a alcanzar un equilibrio en las finanzas
públicas a nivel nacional, coincidieron diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC,
PT y NA.
POSTURAS DE LOS PARTIDOS.
Legisladores
de las siete bancadas de San Lázaro expresaron su posición ante el Pleno
durante la segunda sesión del periodo extraordinario, al discutir la iniciativa
de reforma que regula el endeudamiento de estados y municipios, la cual pasará
al Senado de la República para su eventual ratificación.
La
diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PRI) señaló que la reforma será de
gran trascendencia y ayuda al desarrollo del país, ya que es urgente replantear
los mecanismos de contratación y fiscalización de las finanzas públicas de
estados y municipios.
Resaltó
la necesidad de vigilar el desempeño de los gobernadores en este tema, ya que
“México requiere un cambio en lo que se gasta y la forma en que se hace, con la
finalidad de alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas a nivel nacional”.
Por
parte de Acción Nacional, mi compañero, el diputado Damián Zepeda Vidales aseguró
que la deuda pública no debe ser “satanizada”, porque en condiciones adecuadas
puede ser mecanismo valido y positivo para el desarrollo del país, pero con
límites para evitar el endeudamiento desmedido.
“Consideramos
que se tiene que fortalecer la responsabilidad penal, como administrativa, para
aquella persona que haga mal uso de los recursos públicos, cárcel es quien
merece la persona que hace mal uso de los recursos”, aseguró.
Carol
Antonio Altamirano (PRD) adelantó su voto a favor del dictamen y destacó que se
mantiene en lo general la soberanía de las entidades y al mismo tiempo permite
que en los casos de altos niveles de endeudamiento los estados puedan pedir el
apoyo de la federación.
“El
endeudamiento no debe de ser satanizado, es un instrumento que bien usado puede
servir para impulsar el desarrollo nacional y de la entidades, si tiene
destinos y controles suficientes es útil para financiar obras y proyectos que
hacen falta para el país, ése es el espíritu general del dictamen”, aclaró.
Ruth
Zavaleta Salgado (PVEM) aseguró que la deuda de estados y municipios no sólo se
debe atribuir a la corrupción, sino a los esquemas de contrapesos que se
presenta en gran parte de las entidades.
Señaló
que la federación es posiblemente la más endeudada que las entidades, por lo
que se pronunció por diversificar las fuentes de financiamiento y de los
impactos relacionados con las participaciones federales.
Ricardo
Mejía Berdeja (MC) consideró que la reforma puede convertirse en la primera
modificación relevante, ya que surge de la visión de todos los partidos
políticos.
Apuntó
que es el primer paso para regular las posibilidades de endeudamiento de los
estados y municipios, situación que a la fecha ha generado la ausencia de obra
pública, nuevos impuestos y pérdida de oportunidades para algunas generaciones.
Lilia
Aguilar Gil (PT) señaló que el dictamen garantiza el uso responsable de la
contratación de financiamiento de créditos, empréstitos o préstamos para los
gobiernos estatales y municipales.
Sin
embargo, destacó que aún existe un pendiente en esta reforma: el tema de
auditoría y fiscalización en los estados, “tenemos auditores completamente
entregados a los gobernadores por decirlo menos y que no realizan su trabajo
como debe ser”.
Luis
Antonio González Roldán (Nueva Alianza) indicó que con esta reforma se contará
de manera concreta, “con las armas” para no perder de vista el tipo de
endeudamiento y sus consecuencias de las entidades.
Señaló
que su grupo parlamentario vigilará de cerca la expedición de la reglamentación
secundaria para la correcta aplicación de la legislación, ya que “un buen
gobierno es sinónimo de una administración honesta transparente y concentrada
en la ciudadanía”.
Les comparto el dictamen completo para su consulta.
