En
la sesión ordinaria del pasado 23 de septiembre, los diputados exhortamos a la
Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República (PGR) a
emprender las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y
reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
Asimismo,
pedimos a los congresos locales que legislen en materia de desaparición
forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la
finalidad de contar con un marco jurídico acorde.
Ambos
aspectos figuran en un punto de acuerdo que aprobó el Pleno, el cual fue
propuesto por Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, coordinador y
vicecoordinador de los diputados de MC, respectivamente.
Los
legisladores señalamos que se entiende por “desaparición forzada” el arresto,
detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean
obra de agentes del Estado o por personas o grupos de éstas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
Asimismo,
que esta acción esté seguida de la negativa de reconocer dicha privación de
libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
También
sostenemos que la desaparición de personas constituye una de las violaciones
más grave a los derechos humanos.
Aseguramos
que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, conmemorado el pasado 30 de agosto, organismos internacionales
criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que han
dado a conocer sobre personas que han sufrido este delito.
El
Punto de Acuerdo establece:
Primero.
La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la
Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus
atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y
reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
Segundo.
La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar en materia de
desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales,
con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde.
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