migos:
Quiero informarles que en la sesión del 11 de
diciembre, los diputados aprobamos un dictamen para fortalecer los vínculos de
los investigadores de las instituciones de educación superior, los centros
públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal
con los sectores público, privado y social.
Se plantea que estas instancias puedan promover
conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de
asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de
vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base
tecnológica y redes regionales de innovación.
Con las modificaciones a los artículos 40 Bis,
párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la
fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, también se otorga a los
investigadores el carácter jurídico de “servidores públicos”.
Originalmente la Ley de Ciencia y Tecnología, en su
artículo 40 Bis, sólo permitía la creación de unidades de vinculación y
transferencia de conocimiento, a las universidades e instituciones de educación
pública superior y a los centros públicos de investigación.
En el artículo 51 de esa ley únicamente se
consideraba a los centros públicos de investigación como responsables de
promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones
estratégicas, alianzas tecnológicas y nuevas empresas privadas de base
tecnológica.
Sin embargo, con las reformas aprobadas este día
ahora se incluyen a todas las entidades e instituciones, cuyo fin sea realizar
actividades de investigación y desarrollo tecnológico o innovación.
El dictamen surge de una iniciativa presentada, en
septiembre pasado por los diputados priistas Alejandro Rangel Segovia, Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Irazema González Martínez Olivares y Ricardo Fidel
Pacheco Rodríguez, fue aprobado por 373 votos a favor, cero en contra y 18
abstenciones. Se turna al Senado para su análisis.
Con esta reforma se permite a los investigadores de
instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y
las entidades de la administración pública federal, que realicen actividades de
vinculación con los sectores público, privado y social.
Las unidades de vinculación y transferencia de
conocimiento podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga
para sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y
cuando no se constituyan como entidades paraestatales.
También podrán promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado que los haya generado hasta 70 por ciento de las regalías que obtengan.
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