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En
el dictamen avalado se señala que la evolución territorial de la nación,
precisa que las leyes contemplen los términos exactos de definición y se
sustituya “territorios” por “Distrito Federal”, ya que tanto éste, como los
estados y sus correspondientes municipios son partes integrantes de la federación.
Por
lo anterior, indica, están obligados a cumplir lo dispuesto en la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su
Reglamento.
El
dictamen que reforma los artículo 7 y 8, de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, fue elaborado a partir de una
iniciativa del diputado Jesús Oviedo Herrera (PAN) en marzo de este año y se
turna al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Con
la modificación al Artículo 7 se define que las autoridades de los estados,
Distrito Federal y municipios, serán quienes decidirán la restauración y
conservación de los monumentos arqueológicos e históricos y lo realizarán
siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
El
Artículo 8 se modifica para que las autoridades de los estados, Distrito
Federal y municipios puedan colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en
los términos que fije dicho Instituto.
En
las consideraciones, el documento señala que en 1974, el entonces
presidente Luis Echeverría Álvarez, envió al Congreso de la Unión una
iniciativa de ley para que el territorio de Quintana Roo y el territorio sur de
Baja California fueran elevados a categoría de estados.
Tras
la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de octubre del mismo año se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio a México su
actual configuración.
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