Se respetan derechos constitucionales de los
maestros
La
evaluación no es instrumento de acciones punitivasPlaza definitiva a los seis meses de servicio
01-09-2013 La Cámara de Diputados aprobó con 390
votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, el dictamen con proyecto de
decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene
por objeto mejorar la calidad de la educación, así como la práctica profesional
mediante la evaluación en las escuelas de educación básica y media superior.
El ordenamiento jurídico, reglamentario de la
fracción III del artículo 3o. de la Constitución, tiene el fin de establecer
los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente;
regular los derechos, obligaciones y sanciones derivados del mismo, y asegurar
la transparencia y rendición de cuentas.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Jorge de la Vega Membrillo (PRD), resaltó que de las mesas de diálogo con la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se definieron, con precisión y consenso, ejes fundamentales para mantener el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y evitar que la autoridad pueda ejercer acciones punitivas con la evaluación.
Destacó que entre las modificaciones resalta la del
artículo 4, inciso C, respecto a los nombramientos de base, así como la del 22,
el cual menciona que en la educación básica y media superior el ingreso a una
plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis
meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente y en términos de esta
ley.
Al artículo 24, respecto a los concursos de
oposición, se le agregó algo esencial: “En la educación básica, el perfil que
debe tener el docente didáctico-pedagógico corresponderá al académico, con
formación docente pedagógica o áreas afines, privilegiando el perfil pedagógico
docente a los candidatos”.
El artículo 27 establece que en el período de
inducción, las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los
apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión
escolar.
“Al término del período de inducción, la autoridad
educativa local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple
con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con
dichas exigencias, se le otorgará nombramiento definitivo”, precisa.
De igual forma, agregó, de la Vega Membrillo se
modifica el artículo 83 para que las relaciones de trabajo del personal con las
autoridades educativas y organismos descentralizados se rijan por la
legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en la misma ley.
Añadió que el personal que sea separado de su
encargo con motivo de la aplicación de esta ley, podrá impugnar la resolución
respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.
De la Vega Membrillo mencionó que, por otro lado,
un segundo eje que se planteó es en torno a la evaluación, la cual debe ser
contextualizada y no punitiva.
Se refirió al agregado del artículo 7, espejo del
artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), y que en sus fracciones se establecen los atributos del Servicio
Profesional Docente, entre ellos, la expedición de los lineamientos a los que
se sujetarán las autoridades educativas.
De la misma manera, dijo, se fija la participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de aplicación de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción y se autoriza, como facultad del INEE, los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia.
También fueron planteados cambios a algunos
transitorios, como el vigésimo segundo, en donde se señala que la Secretaría de
Educación Pública formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los
trabajos formales a nivel nacional de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento
para el sistema de normales públicas, a efecto de asegurar la calidad en la
educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia
con las necesidades del sistema educativo nacional.
Finalmente se hace una excepción para que en la
determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de
evaluación aplicable al personal docente y con funciones de dirección y de
supervisión del Instituto Politécnico Nacional, se considere la normativa
propia de ese instituto.
Durante los posicionamientos, la diputada Dora
María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) mencionó que la ley tiene el
enorme reto de pugnar por el pleno respeto de los derechos humanos, laborales y
profesionales de las y los maestros.
Aseveró que garantizar el derecho de todos los
mexicanos a una educación de calidad, no tiene por qué traducirse en una
violación de los derechos adquiridos ni suponer acciones punitivas en contra de
los maestros.
La legisladora subrayó que la reforma educativa
será letra muerta si las mediadas que se proponen para elevar la calidad de los
servicios educativos, no incluyen decisiones firmes y el presupuesto necesario
para responder a las altas expectativas que se han generado.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT,
se pronunció en contra de la reforma ya que, aseguró, carecerá de legitimidad,
debido a que los destinatarios la rechazarán.
Afirmó que la causa del bajo nivel educativo es la
política gubernamental; cuestionó el método de evaluación al que serán
sometidos los maestros. “¿Quién evaluará a los evaluadores?”, cuestionó.
“Nos pronunciamos por una educación que sirva como
instrumento de transformación de la sociedad y de una mejora del sistema, en la
que se eleven los salarios de los educadores, ya que tenemos claro que ellos no
son el problema, sino parte de la solución”.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del
Carmen Vargas Pérez señaló que entre los problemas que enfrenta el sistema
educativo están los altos índices de deserción, el desinterés de alumnos y el
bajo aprovechamiento.
“Las propuestas de los debates realizados en el país para la reforma educativa se tiraron al bote de la basura. No se puede satanizar la protesta social que paraliza a la capital. La reforma es un reforma administrativa que no surge de la sociedad”, aseguró.
“Las propuestas de los debates realizados en el país para la reforma educativa se tiraron al bote de la basura. No se puede satanizar la protesta social que paraliza a la capital. La reforma es un reforma administrativa que no surge de la sociedad”, aseguró.
Se manifestó a favor de un debate nacional para
crear “una auténtica y consensuada Ley de Educación” y no se criminalice la voz
de afectados.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López, del
PVEM, expresó que hay una profunda desvalorización social de los maestros;
además, dijo, las más de 400 escuelas normales padecen debilitamiento
sistémico.
“La Reforma propone transformaciones en materia
educativa y de mejor trato a los maestros, incluyendo mejoras salariales”,
sostuvo la legisladora por Zacatecas.
Agregó que no debe criminalizarse a los maestros,
pero tampoco se les tiene que privilegiar. “Las contrataciones serán bajo una
constante evaluación no punitiva y estarán a salvo los derechos de los
maestros”, indicó.
En su turno, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya
(PRD) expresó que tenemos una crisis del sistema educativo, como es el caso de
secundarias y bachilleratos, donde hay más deserción y reprobación. Ante ello,
anunció que en los próximos días se tendrá que abrir, de acuerdo a lo aprobado,
un debate sobre el modelo educativo.
El legislador por Guanajuato resaltó que, además,
se tendrán que analizar a fondo planes y programas de estudio, materiales,
auxiliares didácticos, así como métodos para reivindicar a los maestros,
alumnos y escuelas.
“Apoyamos lo que contiene la iniciativa y no
cejaremos en seguir dando la batalla al lado del magisterio para hacer que la
educación tenga viabilidad y responda a los intereses de los padres de familia,
niños y de la nación”, agregó.
Por el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo
Leal, dijo que el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente
deja claro que la evaluación a los maestros tiene como propósito mejorar la
práctica profesional, por lo que el sistema educativo también deberá otorgar
los apoyos necesarios para que los docentes desarrollen sus fortalezas y
superen sus debilidades.
Enfatizó que los alcances de esta Ley establecen,
dentro del orden jurídico mexicano, las regulaciones que garanticen a los
maestros la posición económica y social que les corresponde, así como la
libertad y el respeto adecuados al cumplimiento de su vocación.
El también secretario de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, detalló que “la aprobación de este dictamen
aportará las bases que harán posible que las y niños tengan una educación de
calidad que les permita asegurar un futuro de bienestar y desarrollen sus
potencialidades”.
El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) señaló que
se acusa a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la evaluación de
ser punitiva, pero “queremos dejar claro que la evaluación es sólo un proceso,
donde se valorará el rendimiento escolar y el desempeño del docente; no es una
prueba para ver quién obtiene más y mejores resultados”.
Detalló que la evaluación es un proceso que se basa
en cursos de capacitación anuales para detectar insuficiencias y fortalezas, a
fin de tener una mejora en la práctica de la docencia.
El también integrante de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, mencionó que nunca ha estado en riesgo la
gratuidad de la educación. “Somos defensores de la educación pública y
gratuita, ahora defendemos la calidad de la educación, queremos ver a los
maestros en las aulas, capacitándose y que sean aliados en los grandes
propósitos de México”.
Al hablar en contra, la diputada Roxana Luna
Porquillo (PRD) consideró esta ley traerá como consecuencia que los
trabajadores pierdan sus derechos laborales, por lo que pidió a los diputados
reflexionar su voto.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila
(MC) subrayó que esta ley “nadie la ha leído” y cuestionó por qué se excluye al
magisterio para su discusión. “Si verdaderamente contiene tantos avances, ¿por
qué sesionar subrepticiamente en la clandestinidad, de manera apresurada, de
manera precipitada?”
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD)
destacó la importancia de las más de 100 modificaciones que se realizaron a la
ley, con los cuales se dejaron a salvo los derechos constitucionales de los
maestros y habrá incentivos para que los mejores profesores vayan a las zonas
más pobres a enseñar.
En tanto, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT)
aclaró que su grupo parlamentario y los trabajadores de la educación no están
en contra de la evaluación, sino de la forma en que se pretende hacer, “que se
disfrace una reforma laboral para el gremio de los maestros, diciendo que es
por una mejora y por la calidad de la educación”.
Por el PVEM, el diputado Arturo Escobar y Vega
reconoció que existe una minoría que está en contra de esta reforma educativa,
“representada en gran medida en el estado de Oaxaca, en donde en los últimos 10
años se han lastimado, con más de 70 días sin clases, a los alumnos”. Sin
embargo, dijo, tiene el apoyo de la CNTE.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC)
coincidió en la necesidad de modificar el modelo educativo y evaluar el
comportamiento de sus actores y de todo el proceso; sin embargo, “estos fines
no se van a lograr con una ley reglamentaria diseñada bajo premisas equivocadas
y acoso laboral a los maestros. Esta ley no es la solución que este país
necesita para mejorar la calidad educativa”.
El diputado Roy Argel Gómez Olguín (PRI) expresó
que el dictamen atiende un reclamo histórico de los maestros para ser
reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de
legalidad, objetividad e imparcialidad. “Estamos a favor de concluir con la
reforma educativa. Es ahora o permanecer secuestrados para siempre”, enfatizó.
A su vez, el legislador Silvano Blanco Deaquino
(PRD) denunció que la ley sí afecta a los maestros, y consideró que el Pacto
por México sustituye y da un golpe técnico al Congreso, “ya que esta disuelto
por las decisiones que se toman en ese Pacto”.
Del PT, el legislador Manuel Rafael Huerta Ladrón
de Guevara indicó que no es trata de una reforma educativa; “si lo fuera, no
habría 300 mil jóvenes excluidos”. Lo que se está haciendo, afirmó, es una
reforma laboral-administrativa que perjudicará a los maestros, pero “ellos,
advirtió, se van a defender”.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD)
mencionó que esta Ley Reglamentaria, violenta el artículo 123 constitucional.
Además, la reforma educativa privatiza a la educación y agrede los derechos
laborales. “Debería haber sido un modelo educativo donde realmente se considere
los principios rectores de una enseñanza pública que México necesita y
demanda”, apuntó.
En tanto, el diputado Miguel Ángel Aguayo López
(PRI) argumentó que la iniciativa se sustenta en postulados educativos, pues
busca la profesionalización de los maestros, a través de la capacitación y
actualización constante en su formación y desarrollo, respetando siempre sus
derechos laborales.
Previamente, el Pleno desechó en votación económica
cuatro mociones suspensivas en torno a la discusión de la Ley General del
Servicio Profesional Docente de los diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC) y de
los perredistas Carol Antonio Altamirano, Silvano Blanco Deaquino y Javier
Orihuela García.
En lo particular, fueron rechazadas por la Asamblea
y aprobadas en términos del dictamen 28 reservas a los artículos 1, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 13, 22, 23, 53, 68, 76, 83, Octavo Transitorio, Décimo Octavo Transitorio
y la adición del Vigésimo Tercero Transitorio. La votación fue 375 votos a
favor, 73 en contra y una abstención.
Fueron presentadas por los diputados del PRD,
Silvano Blanco Deaquino, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roxana Luna Porquillo,
Carlos de Jesús Alejandro y Andrés Eloy Martínez Rojas. De Movimiento Ciudadano
Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, Gerardo Villanueva
Albarrán, Juan Luis Martínez Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos, Zuleyma
Huidobro González, José Francisco Coronato Rodríguez y José Luis Valle Magaña. Y
del PT, Héctor Hugo Roblero Gordillo, María del Carmen Martínez Santillán, Rosa
Elia Romero Guzmán, Loretta Ortíz Ahlf.
Aprobado
en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado de la
República, para sus efectos constitucionales.
