Entrevista a Milenio Televisión para hablar sobre la entrega de Javier Villarreal a las autoridades norteamericanas

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Es vergonzoso que sea norteamericana y no mexicana la autoridad que le seguirá proceso a Javier Villarreal

Esta semana se destacó en los medios de comunicación la reforma presentada por el Gobernador del Estado para la creación de instrumentos y mecanismos que coadyuven a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado, adicionando a la Procuraduría de la Familia como autoridad acreditada para decretar el registro de deudores alimentarios, estableciéndose también que las anotaciones efectuadas por el Registro Público de los deudores alimentarios, surtirán efectos de embargo precautorio.

Celebro estas adiciones, porque refuerzan la reforma que cuando fui diputada local promoví, y que se tradujo en la creación del Registro Público de Deudores Alimentarios, aprobada por unanimidad en la LVIII Legislatura. Hago votos para que esto finalmente empiece a rendir frutos, y coadyuve para que los padres y madres desobligados, según sea el caso, se ocupen de cumplir con un deber, para el que idealmente no tuvieran que decretarse coacciones legales, y se observara de manera natural.

También se dio noticia de la reforma que deroga la prohibición de que parejas del mismo sexo puedan acceder a la adopción. Esto, y lo expreso con toda claridad, y no es de ahora, sino de siempre, porque así lo pienso, y lo he dicho en diferentes foros a los que he sido invitada y en declaraciones públicas y privadas, en que se me ha preguntado al respecto, no lo comparto. Respeto las preferencias sexuales de las personas, no guardo prejuicios al respecto, es parte de su vida privada, también lo he dicho y se los he dicho a miembros de la comunidad lésbico gay, cuando hemos coincidido en mesas de análisis sobre el tema, de modo que no entraña nada sorpresivo.

Lo que debiera haber ponderado el legislador -y que es más que obvio que la mayoría priísta y ad lateres no hicieron – al derogar la prohibición, es el derecho de los niños, el de los adoptados, no el de los adoptantes. Un niño que es dado en adopción queda en esa condición por circunstancias de abandono o de orfandad, principalmente, y eso ya es más que desgracia suficiente. Por eso debió de haber prevalecido su derecho y no el de los adultos que satisfacen en ellos su instinto de maternidad o de paternidad.

Un niño necesita para un buen desarrollo integral de un padre y de una madre. Las madres y los padres aportan rasgos únicos que son esenciales para la salud del niño. La naturaleza es perfecta, NO SE EQUIVOCA. Entre las muchas condiciones especiales que aportan las madres se destacan tres: calidez, confianza y bienestar. Se ha demostrado en estudios científicos que aquellos niños que carecieron de cuidados maternales durante largos períodos a una edad temprana mostraban tendencias hostiles al llegar a la adultez. Por otro lado, la presencia del padre en el hogar imprime disciplina, seguridad, tranquilidad, protección. Es suma lo que los niños necesitan para crecer sanos por dentro y por fuera. Es verdaderamente lamentable que esto no les haya importado a  diputados y diputadas que votaron a favor de la derogación. Lo que hacen el populismo y la irresponsabilidad cuando se juntan…

La otra noticia fue la entrega de Javier Villarreal a las autoridades norteamericanas. Es vergonzoso que sea norteamericana y no mexicana la autoridad que le seguirá proceso. La de casa lo dejó ir. ¿Qué acordó con los americanos al entregarse? Porque por puro arrepentimiento, no fue. ¿Qué compromisos hizo con ellos? ¿Van a haber más inculpados? 

En Coahuila solo está acusado de fabricación de documentos apócrifos, de dos decretos que esta servidora tuvo en sus manos y exhibió, sobre dos autorizaciones de préstamos que nunca aprobamos en el Congreso. Toda la ratería la cubrió la bancada priísta de la LVIII Legislatura con la aprobación de una Ley de Deuda Pública, que se sacaron de la manga de la noche a la mañana. ¿Y Jorge Torres, qué sigue para él? ¿Será el chivo expiatorio del robo a Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, quien goza de libertad y vive como emir, por cuenta de la bonanza que le aportaron sus años de mandamás de Coahuila?

Hasta aquí, generoso lector, mis comentarios y reflexiones. Nos leemos el próximo sábado, Dios mediante. Siempre agradecida con usted.

Y ¿cómo voy a creerte, gobierno?...

 

¿Usted cree que en este país nuestro hay una lucha real contra la corrupción, desde el ámbito del poder público? Es un problema mastodóntico. El desinterés de los mexicanos en todo lo que huela a política se explica, lo vinculan inmediatamente con la corrupción. La percepción generalizada es que “esa lucha” solo es ingrediente en los discursos de los ínclitos, pero el aterrizaje es nulo. La gente de a pie ve la impunidad, la gran impunidad para los políticos implicados en prácticas corruptas y la parcialidad con que se conducen las instituciones públicas encargadas de acusarlos y de impartir justicia. No obstante que en el Congreso de la Unión ya hemos aprobado, verbi gratia, la Ley de Contabilidad Gubernamental, para acotar tentaciones de las autoridades estatales y municipales, a disponer de la hacienda pública como si se tratara de su patrimonio personal, habrá que ver su implementación para estar en posibilidades de valorar su efectividad y eficacia.

Para que las instituciones públicas sean de fiar, primero se tienen que ganar esa confianza en los hechos, sin importar quien esté en el gobierno en turno. Su actuar no debe responder a intereses cortoplacistas, porque eso no abona a la gesta de credibilidad. La corrupción es más devastadora en las sociedades en las que la desigualdad y la inequidad son más profundas, por eso un gobierno determinado a combatirla tiene de manera paralela que generar mejores condiciones de vida, desarrollar sentido de pertenencia a la comunidad y enseñar a sus integrantes la relevancia que tiene hacerse responsable a título individual de la misma, sólo así se levantan los frentes en los que se estrella ese cáncer invasivo.

La estrategia tiene que estar encaminada a reducir la percepción de impunidad a la que hemos aludido ¿cómo? reforzando los controles efectivos sobre el poder ejecutivo en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Se tiene que empoderar el sistema de impartición de justicia ¿cómo? garantizando la independencia e imparcialidad de los jueces, de la fiscalía, de la defensoría, toda vez que vamos hacia un sistema acusatorio, dotándolos de facultades que les permitan cumplir apegados a derecho y con eficacia sus funciones, alargando la prescripción de los delitos por corrupción por más años, para que no tengan escapatoria los funcionarios sinvergüenzas por el transcurso del tiempo, y triplicándoles las sanciones.

Robusteciendo los mecanismos de control del poder del sistema político, como la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaria de la Función Pública, y la de órganos de control ciudadano enfocados a perseguir la corrupción mediante la denuncia pública, la exhibición de cualquier acción de corrupción de un funcionario. También habrá que acotar a la aprobación del Poder Legislativo nombramientos de funcionarios que vayan a ser titulares de cualquier dependencia enfocada al combate a la corrupción, de cualquier comisionado especial, comoel reciente que acaba de hacer el presidente Peña Nieto, para atender la tragedia de Michoacán, ejemplo infausto de esta plaga... es que resulta inconcebible que se le haya encomendado a ese señor semejante responsabilidad...¿cómo? ¿por qué? ¿no bastó con el caso de la pobre niñita asesinada? Dejó prueba fehaciente de su incompetencia, para decirlo educadamente.

Si las medidas anticorrupción no garantizan REALMENTE que el combate va en serio, y que solo se trata de los consabidos simulación y fingimiento para hacer como que se hace pero todo sigue igual, las consecuencias serán de pronóstico reservado. El coraje de la gente se está trasladando desde hace mucho tiempo hacia los protagonistas de las fechorías. Si le siguen estirando a la liga se va a reventar. A la gente le está resultando odioso PAGAR POR RATERÍAS E INCOMPETENCIA, ambas son corrupción. Aquí en Coahuila estamos hasta la... Y cuando se le pega al bolsillo y de los de siempre para cubrirlas, porque no hay otros, aunque quieran convertir en causantes a los pepenadores de basura...¡Es es el acabose!  el brinco hacia una crisis social está enfrente, no a la vuelta de la esquina.

De ese tamaño están las cosas. Que no se equivoquen los “del oficio político”.

 

Están jugando con lumbre.

Las practicas corruptas

En México, los niveles de corrupción e impunidad son escandalosos

Hay una cultura generada en la no transparencia gubernamental y en el patrimonialismo — práctica deleznable en la que el servidor público estima que los recursos públicos son una extensión de su patrimonio privado— que “legitimaron” el ejercicio autoritario del poder, el abuso, el cochupo, la mordida, el nepotismo, el uso indebido de recursos y tantas otras “lindezas”, que de tan comunes, a casi nadie le quitan ni el sueño, en nuestro país. Bueno sin ir más lejos, aquí en Coahuila se está pagando una MEGA DEUDA, originada precisamente en la CORRUPCIÓN y protegida en la IMPUNIDAD.

El costo social de la corrupción en México, no es asunto menor. Una apreciación cruda del fenómeno por parte de observadores extranjeros, destaca que en México, “la corrupción es institucional y que la delincuencia da más empleos que el Estado”. En una entrevista que le hicieron en el 2005 en un periódico de circulación nacional, sobre el tema, al exalcalde de Palermo, Italia, Leoluca Ornaldo, conocido como el teórico de la Cultura de la Legalidad, decía que México,  “es un país más rico que desarrollado. El costo de la corrupción lo pagan los mexicanos. En la experiencia siciliana, la mafia llegó antes que la corrupción, después se ligó a un sistema de corrupción. La mafia es un sistema de criminalidad, mientras que la corrupción es un sistema de ilegalidad. La pregunta en México es: ¿En México hay muchos casos de corrupción o hay un sistema de corrupción? Yo creo que está un sistema de corrupción y es muy peligroso, por eso es importante no sólo la policía, sino más cultura de legalidad. Cuando hay un sistema de corrupción se necesita un cambio cultural”.

En nuestro país la gente está convencida de que la HONESTIDAD es un incordio y que quien es honesto es un pen… Que si se es corrupto se ahorra dinero y tiempo en largas colas, trámites complicados y vueltas a las dependencias públicas y que dar mordida agiliza todo. Por eso la legalidad es impopular.  

En México, los niveles de corrupción e impunidad son escandalosos y los esfuerzos para combatirla hasta la fecha han sido insuficientes, urge entonces imbuir la ética en los asuntos públicos. Tiene que haber un cumplimiento de la ley sin selectividad, ni discrecionalidad. La corrupción y la opacidad tienen que dejar de ser asumidas por la sociedad mexicana como elementos inherentes, consustanciales al ejercicio del poder.

La integridad, el respeto, la honestidad, la buena conducta, la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, tienen que establecerse como tradiciones y costumbres en el ejercicio del poder público. Son valores que deben orientar el comportamiento de todos las personas que tengan un cargo público, sea de designación o de elección popular. En el preámbulo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que México signó el 29 de marzo de 1966, se manifiesta con toda claridad que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”.  Esto lo recoge el artículo 133 constitucional en el que reconoce como parte del régimen legal todos los Tratados signados por el presidente y ratificados por el senado de la República, de tal suerte que están prohibidos: “El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;” Y también: “ La realización, por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

Esta semana se hicieron acusaciones anónimas – pero acusaciones al fin - de que los diputados exigen “diezmo”, “moche” a los alcaldes, para la asignación de recursos a sus municipios. La historia es añeja, “el cochinero” se realiza entre dos. No hay pruebas y sin pruebas no hay delito que perseguir. Y no habrá ninguna investigación al respecto. Habrá entonces que legislar para establecer los criterios a seguir para la asignación de los recursos, y acotar, fíjese nada más, lo que apunto, ACOTAR, no ERRADICAR, la sinvergüenzada.  

Y con la misma piedra...

¡Qué vergüenza que un gobierno extranjero esté haciendo lo que no hizo el gobierno mexicano!

Sigue imponiéndose la conclusión hoy día de que la política es una actividad asociada con el doble lenguaje, con las verdades a medias y con el ejercicio permanente de la simulación. En Coahuila sabemos de eso.

Es francamente descorazonador que la actuación ayuna de ética de muchos gobernantes le hayan impuesto a una disciplina tan noble del quehacer humano, un lastre tan despreciable como el que arrastra. Por eso no hay apego de la población a cuanto tenga que ver con su existencia.

Ofrecer, cuando se anda pidiendo el voto un programa que a sabiendas no va a cumplirse, equivale  a especular con la credibilidad y la confianza del elector, a jugar a la mala con sus necesidades, porque le genera expectativas que nunca habrán de cristalizar. Es actuar con cinismo, y cuando esto ocurre se corroen los cimientos de la democracia, porque la democracia nace de la honradez de la palabra. A Coahuila, durante la administración que inició Humberto Moreira y concluyó con el interinato de Jorge Torres López, le depararon ese trato. Y es fecha que ninguno de los responsables ha salido a dar la cara para pedir perdón a los burlados.

Es fecha que se desconoce a donde fueron a parar los 36 mil millones de pesos que registra la mega deuda con la que le comieron a la entidad la posibilidad real de crecimiento y desarrollo económico y social, y no hay un solo funcionario de altos vuelos, no de los del tercero o cuarto circulo de la administración, que haya sido llamado a cuentas por eso.

Se robaron el dinero de generaciones que ni siquiera los eligieron, sin remordimiento alguno, cobijados en las enaguas amplísimas de la impunidad que reina en nuestro país, que es parte de la cultura amasada en décadas de permisividad y de impudicia, tolerada por un pueblo que sigue sin entender que los asuntos públicos si son de su incumbencia.

Los mexicanos no nos hemos ocupado de dejar claro a quienes elegimos para el cargo público, que no es para que hagan del mismo un perjurio, ni del oficio una mentira, ni de la encomienda un cinismo. Por eso el cinismo de la autoridad no sabe de mesuras, y esto conlleva a generar en la ciudadanía además de la pérdida de confianza, una confusión destructiva que parte de que todos los políticos son iguales, aunque no sea así.

Y todo esto largo preámbulo, generoso lector, obedece a que estoy consternada, más dolida que nunca, por la publicación del periódico “San Antonio Express News”, en el que se da cuenta que Jorge Torres López, junto a Javier Villarreal, habría canalizado millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos como parte de la malversación de fondos del Gobierno de Coahuila, derivado esto de una demanda civil presentada el martes pasado en Corpus Christi, que llevó a la Fiscalía a solicitar a la autoridad jurisdiccional que se “confiscara una cuenta de 2.8 millones de dólares albergada en Bermudas, misma que pertenecería a Jorge Juan Torres López, exGobernador interino de Coahuila”.

¡Qué vergüenza que un gobierno extranjero esté haciendo lo que no hizo el gobierno mexicano! No me atrevo a asegurar que el señor Torres López es culpable, porque solo la autoridad judicial puede sentenciarlo, pero que pena que en mi tierra la impartición de justicia de para tanto mugrero.

La democracia implica la toma de conciencia del pueblo de que lo es, de decidir sobre su libertad y su historia y de lo que sueña y quiere para mañana. Y quien se atreve a usurpar esa conciencia, mal utilizando su mayoría en el Congreso local, se convierte en dictador. Cuando en Coahuila la mayoría priísta le cubrió a la administración moreirista su desaseo - quiero ser educada - con la aprobación de la nueva Ley de Deuda Pública, la entidad dejó de ser libre y soberana y se convirtió en...Usted póngale el nombre y hágase cargo...