Aprobamos minuta del Senado que reforma la Ley de la CNDH para regular procedimiento de sustitución de integrantes del Consejo Consultivo

Amigos:

El 5 de marzo, los diputados aprobamos una minuta del Senado que reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y determina el procedimiento para sustituir a los integrantes del Consejo Consultivo de esta institución, en casos de falta absoluta.

El documento, avalado por unanimidad, con 426 votos a favor, surge de una iniciativa presentada en octubre del 2012 por el senador Pablo Escudero Morales (PVEM) y se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma establece la posibilidad de renovación anual de hasta dos consejeros de la CNDH.

Los miembros del Consejo Consultivo podrán participar en uno o más procesos de elección dentro del mismo año natural y será el propio Consejo el que propondrá el orden cronológico que deba seguirse.

Se precisa que en caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el presidente de la CNDH notificará inmediatamente al Senado o, en su caso, a la Comisión Permanente; y se llevará a cabo el procedimiento de sustitución dentro de los 90 días siguientes.

Esta designación será por un periodo completo.

En las consideraciones de expone que la Carta Magna en su artículo 102, establece que anualmente serán sustituidos los dos integrantes del Consejo Consultivo con mayor antigüedad en el cargo, salvo que sean propuestos y ratificados para un segundo periodo.

Avalamos que primer visitador de la CNDH funja de manera provisional como presidente del organismo cuando éste no sea designado

Amigos:

Les quiero informar que los diputados, en nuestra sesión ordinaria del pasado 1 de octubre, avalamos que el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tome el puesto de presidente del organismo, por un periodo que no exceda de 90 días, si concluye el periodo para designarlo y no es elegido.

También ratificamos que, en casos urgentes, las quejas ante la instancia puedan formularse de manera telefónica.

El dictamen, aprobado por unanimidad con 412 votos a favor, adiciona un tercer y un cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se devolvió al Senado para su ratificación.

El documento deriva de dos iniciativas presentadas por los entonces diputados Pablo Escudero Morales (PVEM), en 2009, y Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), en 2011, aprobadas en la Cámara de Diputados y enviadas al Senado para su análisis, donde se integraron en un mismo dictamen.

En el artículo 10 se establece que, en el supuesto de que concluya el periodo de gestión del presidente de la CNDH y no haya sido designado uno nuevo, provisionalmente y por un período que no exceda de noventa días, el primer visitador general asumirá las funciones que corresponden a la presidencia.

En ausencia de éste, se hará cargo el siguiente visitador, de acuerdo al número que corresponda en orden progresivo, hasta en tanto se elija y designe al presidente de dicho organismo.

En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del período para el que fue designado el titular saliente de la instancia.

En tanto, se agrega al artículo 27 la posibilidad de presentar quejas ante a la CNDH de manera telefónica, en casos urgentes.

La legislación actual señala que las denuncias ante el organismo deberán presentarse por escrito y, en caso de urgencia, formularse “por cualquier medio de comunicación electrónica”.

Exhortamos al Ejecutivo atender resolución de Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández

Amigos:

En el pasado periodo ordinario, los diputados exhortamos al gobierno federal atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, agredidas sexualmente por soldados en el año 2002.

En un punto de acuerdo aprobado, los diputados pedimos al Ejecutivo un informe pormenorizado, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las sentencias dictadas por la CIDH.

También solicitamos informes sobre las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento.

Los diputados resaltamos la importancia de regresar la paz y libertad a todos los mexicanos, a través de replantear la estrategia nacional de seguridad con el irrestricto respeto a los derechos humanos.

Por ello, “se le exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por los medios que considere convenientes dé cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega”, señala el punto de acuerdo.

La sentencia de la CIDH encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial de los casos de las indígenas Valentina e Inés.

El organismo interamericano recomendó al Estado mexicano investigar los hechos en el fuero ordinario e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales.

También pidió reformar la legislación federal y militar, a fin de que se establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades, que la justicia castrense debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.

Recomienda indemnizarlas económicamente por daño material e inmaterial, así como reintegrarles los gastos incurridos, brindarles tratamiento médico y psicológico y otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta su conclusión, sean a nivel técnico o universitario.

Además, la CIDH plantea realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas y publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.

Aprobamos que la CNDH investigue violaciones graves a derechos humanos, cite a comparecer a servidores públicos y presente juicios políticos

Amigos:

Los diputados aprobamos, en la sesión ordinaria del 24 de abril, un dictamen que faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a investigar violaciones graves a derechos humanos, citar a comparecer a servidores públicos y presentar juicio político en su contra.

El documento deriva de una iniciativa presentada el pasado 9 de abril por la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), fue avalado en lo general por 389 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y en lo particular por 406 votos a favor, y se turnó al Senado de la República para su ratificación.

La propuesta adiciona los títulos VII y VIII a la legislación vigente: Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos y Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones.

Mediante estas adiciones, se establece que la CNDH podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal.

La petición del Ejecutivo federal podrá realizarse por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

El presidente de la CNDH decidirá si ejerce la facultad de investigación o no, mediante acuerdo fundado y motivado, y estará autorizado para citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma.

El documento establece que todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación de la comisión, aun la reservada o confidencial.

Asimismo, señala que en las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la CNDH podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda.

Cuando un servidor público no acepte o incumpla una recomendación de la CNDH, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, compareciendo personalmente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Tras la comparecencia, la CNDH determinará, previa consulta con el Senado, si son suficientes la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas.

Si se determina que los fundamentos son insuficientes y persiste la negativa a aceptar o cumplir la recomendación de la comisión por parte del servidor público, la CNDH podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda.

Avalamos que la CNDH elabore un diagnóstico nacional anual sobre la situación que guardan los centros penitenciarios del país

Amigos:

Quiero informarles que en la sesión del 14 de marzo, los diputados aprobamos, con 396 votos a favor, un dictamen para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elabore un diagnóstico nacional anual sobre la situación que guardan los centros penitenciarios del país.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada en octubre pasado por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), propone reformar la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el diagnóstico que la CNDH efectúe a los penales deberán incluirse datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.

Dicha investigación se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia, para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la CNDH, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.

“Resulta indispensable la intervención de la CNDH para que colabore con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la elaboración de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de los presos”, explica el documento.

Además, plantea sustituir en dicha ley el término “sistema penitenciario y de readaptación social” por el de “reinserción social”, porque “las personas condenadas a penas privativas de libertad no son seres eliminados de la sociedad… sino que son personas que deben continuar formando parte de ésta”.

Aprobamos modificar la Ley de la CNDH sobre aprobación de su presupuesto y asistencia a población indígena

Amigos:

Les informo que en la sesión del 14 de marzo, los diputados aprobamos con 406 votos, un dictamen para que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita opinión sobre el presupuesto del organismo, así como para asistir a la población indígena que lo requiera.

El dictamen reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, con lo que la actual se recorre al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Indica que el artículo 19 de la Ley, en su fracción VI, se establece que el Consejo pueda opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente.

Actualmente el Consejo Consultivo de la CNDH no emite opinión alguna respecto al uso de los recursos que se destinen a este organismo.

El dictamen también plantea que se proporcione un traductor de manera gratuita a personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquéllas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran.

A las personas con discapacidad auditiva se les debe proporcionar un traductor de manera gratuita.

El dictamen tiene su origen en dos iniciativas que la Cámara de Diputados envíó al Senado de la República, que posteriormente remitió la minuta avalada este jueves y que se turnará al Ejecutivo para su promulgación.