Amigos:
Quiero comunicarles que en la sesión del 29
de abril de 2015 en la Cámara de Diputados aprobamos por unanimidad, con 341
votos a favor, un dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales.
La reforma integra a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Se precisa que le corresponde a esta
dependencia la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres rurales e indígenas.
Surge de una iniciativa que los diputados
Ossiel Omar Nieves López y José Rubén Escajeda Jiménez, ambos del PRI,
presentaron el 16 de octubre de 2012, se aprobó y envió al Senado, donde le
realizaron cambios y la regresaron a San Lázaro, de donde ahora se turnó al
Ejecutivo federal para su promulgación.
En el documento se señala que al integrar a
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Sistema Nacional
se contribuye a fortalecer los derechos de las mujeres rurales e indígenas, se
fomenta su participación en la comunidad y se combate la discriminación que
subsiste en los ejidos y en las comunidades agrarias.
Al ampliar las facultades de la secretaría
para que cumpla coadyuve con las demás dependencias que forman parte del
Sistema Nacional en el fomento a la perspectiva de género en las políticas
agrarias.
“Esto
es, tener derecho a contar con documentos legales que comprueben derechos de
propiedad o uso de la tierra”.
La minuta sostiene que ambas cámaras son
conscientes de que el derecho a la tierra debe considerarse de suma
importancia, ya que gracias a éste se fortalece la capacidad de negociación de
las mujeres rurales en el seno de la familia y su jerarquía social como
ciudadanas en la comunidad.
Se subraya que estas cuestiones funcionan
como preventivos contra la violencia doméstica.
Destaca la necesidad de tomar acciones
afirmativas para preservar los derechos de las mujeres rurales en la toma de
decisiones, ya sea en el ejido, en la comunidad y en los órganos públicos.
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