El Pleno aprueba en lo general y lo particular la Ley General del Servicio Profesional Docente

Se respetan derechos constitucionales de los maestros

La evaluación no es instrumento de acciones punitivas
Plaza definitiva a los seis meses de servicio

01-09-2013 La Cámara de Diputados aprobó con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene por objeto mejorar la calidad de la educación, así como la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas de educación básica y media superior.

El ordenamiento jurídico, reglamentario de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución, tiene el fin de establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente; regular los derechos, obligaciones y sanciones derivados del mismo, y asegurar la transparencia y rendición de cuentas.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Jorge de la Vega Membrillo (PRD), resaltó que de las mesas de diálogo con la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se definieron, con precisión y consenso, ejes fundamentales para mantener el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y evitar que la autoridad pueda ejercer acciones punitivas con la evaluación.

Destacó que entre las modificaciones resalta la del artículo 4, inciso C, respecto a los nombramientos de base, así como la del 22, el cual menciona que en la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente y en términos de esta ley.

Al artículo 24, respecto a los concursos de oposición, se le agregó algo esencial: “En la educación básica, el perfil que debe tener el docente didáctico-pedagógico corresponderá al académico, con formación docente pedagógica o áreas afines, privilegiando el perfil pedagógico docente a los candidatos”.

El artículo 27 establece que en el período de inducción, las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar.

“Al término del período de inducción, la autoridad educativa local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará nombramiento definitivo”, precisa.

De igual forma, agregó, de la Vega Membrillo se modifica el artículo 83 para que las relaciones de trabajo del personal con las autoridades educativas y organismos descentralizados se rijan por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en la misma ley.

Añadió que el personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley, podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.

De la Vega Membrillo mencionó que, por otro lado, un segundo eje que se planteó es en torno a la evaluación, la cual debe ser contextualizada y no punitiva.

Se refirió al agregado del artículo 7, espejo del artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que en sus fracciones se establecen los atributos del Servicio Profesional Docente, entre ellos, la expedición de los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas.

De la misma manera, dijo, se fija la participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de aplicación de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción y se autoriza, como facultad del INEE, los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia.

También fueron planteados cambios a algunos transitorios, como el vigésimo segundo, en donde se señala que la Secretaría de Educación Pública formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional.

Finalmente se hace una excepción para que en la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicable al personal docente y con funciones de dirección y de supervisión del Instituto Politécnico Nacional, se considere la normativa propia de ese instituto.

Durante los posicionamientos, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) mencionó que la ley tiene el enorme reto de pugnar por el pleno respeto de los derechos humanos, laborales y profesionales de las y los maestros.

Aseveró que garantizar el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad, no tiene por qué traducirse en una violación de los derechos adquiridos ni suponer acciones punitivas en contra de los maestros.

La legisladora subrayó que la reforma educativa será letra muerta si las mediadas que se proponen para elevar la calidad de los servicios educativos, no incluyen decisiones firmes y el presupuesto necesario para responder a las altas expectativas que se han generado.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, se pronunció en contra de la reforma ya que, aseguró, carecerá de legitimidad, debido a que los destinatarios la rechazarán.

Afirmó que la causa del bajo nivel educativo es la política gubernamental; cuestionó el método de evaluación al que serán sometidos los maestros. “¿Quién evaluará a los evaluadores?”, cuestionó.

“Nos pronunciamos por una educación que sirva como instrumento de transformación de la sociedad y de una mejora del sistema, en la que se eleven los salarios de los educadores, ya que tenemos claro que ellos no son el problema, sino parte de la solución”.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez señaló que entre los problemas que enfrenta el sistema educativo están los altos índices de deserción, el desinterés de alumnos y el bajo aprovechamiento.
“Las propuestas de los debates realizados en el país para la reforma educativa se tiraron al bote de la basura. No se puede satanizar la protesta social que paraliza a la capital. La reforma es un reforma administrativa que no surge de la sociedad”, aseguró.

Se manifestó a favor de un debate nacional para crear “una auténtica y consensuada Ley de Educación” y no se criminalice la voz de afectados.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López, del PVEM, expresó que hay una profunda desvalorización social de los maestros; además, dijo, las más de 400 escuelas normales padecen debilitamiento sistémico.

“La Reforma propone transformaciones en materia educativa y de mejor trato a los maestros, incluyendo mejoras salariales”, sostuvo la legisladora por Zacatecas.

Agregó que no debe criminalizarse a los maestros, pero tampoco se les tiene que privilegiar. “Las contrataciones serán bajo una constante evaluación no punitiva y estarán a salvo los derechos de los maestros”, indicó.

En su turno, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) expresó que tenemos una crisis del sistema educativo, como es el caso de secundarias y bachilleratos, donde hay más deserción y reprobación. Ante ello, anunció que en los próximos días se tendrá que abrir, de acuerdo a lo aprobado, un debate sobre el modelo educativo.

El legislador por Guanajuato resaltó que, además, se tendrán que analizar a fondo planes y programas de estudio, materiales, auxiliares didácticos, así como métodos para reivindicar a los maestros, alumnos y escuelas.

“Apoyamos lo que contiene la iniciativa y no cejaremos en seguir dando la batalla al lado del magisterio para hacer que la educación tenga viabilidad y responda a los intereses de los padres de familia, niños y de la nación”, agregó.

Por el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, dijo que el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente deja claro que la evaluación a los maestros tiene como propósito mejorar la práctica profesional, por lo que el sistema educativo también deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes desarrollen sus fortalezas y superen sus debilidades.

Enfatizó que los alcances de esta Ley establecen, dentro del orden jurídico mexicano, las regulaciones que garanticen a los maestros la posición económica y social que les corresponde, así como la libertad y el respeto adecuados al cumplimiento de su vocación.

El también secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, detalló que “la aprobación de este dictamen aportará las bases que harán posible que las y niños tengan una educación de calidad que les permita asegurar un futuro de bienestar y desarrollen sus potencialidades”.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) señaló que se acusa a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la evaluación de ser punitiva, pero “queremos dejar claro que la evaluación es sólo un proceso, donde se valorará el rendimiento escolar y el desempeño del docente; no es una prueba para ver quién obtiene más y mejores resultados”.

Detalló que la evaluación es un proceso que se basa en cursos de capacitación anuales para detectar insuficiencias y fortalezas, a fin de tener una mejora en la práctica de la docencia.

El también integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, mencionó que nunca ha estado en riesgo la gratuidad de la educación. “Somos defensores de la educación pública y gratuita, ahora defendemos la calidad de la educación, queremos ver a los maestros en las aulas, capacitándose y que sean aliados en los grandes propósitos de México”.

Al hablar en contra, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) consideró esta ley traerá como consecuencia que los trabajadores pierdan sus derechos laborales, por lo que pidió a los diputados reflexionar su voto.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) subrayó que esta ley “nadie la ha leído” y cuestionó por qué se excluye al magisterio para su discusión. “Si verdaderamente contiene tantos avances, ¿por qué sesionar subrepticiamente en la clandestinidad, de manera apresurada, de manera precipitada?”

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) destacó la importancia de las más de 100 modificaciones que se realizaron a la ley, con los cuales se dejaron a salvo los derechos constitucionales de los maestros y habrá incentivos para que los mejores profesores vayan a las zonas más pobres a enseñar.

En tanto, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) aclaró que su grupo parlamentario y los trabajadores de la educación no están en contra de la evaluación, sino de la forma en que se pretende hacer, “que se disfrace una reforma laboral para el gremio de los maestros, diciendo que es por una mejora y por la calidad de la educación”.

Por el PVEM, el diputado Arturo Escobar y Vega reconoció que existe una minoría que está en contra de esta reforma educativa, “representada en gran medida en el estado de Oaxaca, en donde en los últimos 10 años se han lastimado, con más de 70 días sin clases, a los alumnos”. Sin embargo, dijo, tiene el apoyo de la CNTE.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) coincidió en la necesidad de modificar el modelo educativo y evaluar el comportamiento de sus actores y de todo el proceso; sin embargo, “estos fines no se van a lograr con una ley reglamentaria diseñada bajo premisas equivocadas y acoso laboral a los maestros. Esta ley no es la solución que este país necesita para mejorar la calidad educativa”.

El diputado Roy Argel Gómez Olguín (PRI) expresó que el dictamen atiende un reclamo histórico de los maestros para ser reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. “Estamos a favor de concluir con la reforma educativa. Es ahora o permanecer secuestrados para siempre”, enfatizó.

A su vez, el legislador Silvano Blanco Deaquino (PRD) denunció que la ley sí afecta a los maestros, y consideró que el Pacto por México sustituye y da un golpe técnico al Congreso, “ya que esta disuelto por las decisiones que se toman en ese Pacto”.

Del PT, el legislador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara indicó que no es trata de una reforma educativa; “si lo fuera, no habría 300 mil jóvenes excluidos”. Lo que se está haciendo, afirmó, es una reforma laboral-administrativa que perjudicará a los maestros, pero “ellos, advirtió, se van a defender”.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) mencionó que esta Ley Reglamentaria, violenta el artículo 123 constitucional. Además, la reforma educativa privatiza a la educación y agrede los derechos laborales. “Debería haber sido un modelo educativo donde realmente se considere los principios rectores de una enseñanza pública que México necesita y demanda”, apuntó.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Aguayo López (PRI) argumentó que la iniciativa se sustenta en postulados educativos, pues busca la profesionalización de los maestros, a través de la capacitación y actualización constante en su formación y desarrollo, respetando siempre sus derechos laborales.

Previamente, el Pleno desechó en votación económica cuatro mociones suspensivas en torno a la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente de los diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC) y de los perredistas Carol Antonio Altamirano, Silvano Blanco Deaquino y Javier Orihuela García.

En lo particular, fueron rechazadas por la Asamblea y aprobadas en términos del dictamen 28 reservas a los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 53, 68, 76, 83, Octavo Transitorio, Décimo Octavo Transitorio y la adición del Vigésimo Tercero Transitorio. La votación fue 375 votos a favor, 73 en contra y una abstención.

Fueron presentadas por los diputados del PRD, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro y Andrés Eloy Martínez Rojas. De Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, Juan Luis Martínez Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos, Zuleyma Huidobro González, José Francisco Coronato Rodríguez y José Luis Valle Magaña. Y del PT, Héctor Hugo Roblero Gordillo, María del Carmen Martínez Santillán, Rosa Elia Romero Guzmán, Loretta Ortíz Ahlf.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.