Les
quiero informar que en la sesión del 4 de diciembre pasado, los diputados
aprobamos, con 410 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, un
dictamen para impulsar la competitividad del sector pesquero y acuícola de
manera equitativa y tomando en cuenta el cambio climático, y lo turna al Senado
para su ratificación.
El
documento, presentado por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) en julio
pasado y turnado a la Comisión de Pesca, adiciona diversas disposiciones al
artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Establece
que para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y
acuacultura sustentables se deberá buscar posicionar los productos pesqueros y
acuícolas nacionales en mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y
sanidad a lo largo de la cadena productiva y dándoles valor agregado.
Asimismo,
se deberá impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo,
distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas y buscar que
estos sectores se desarrollen desde una perspectiva sostenible, que integre y
concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un
enfoque estratégico y ecoeficiente.
Señala
que se aplicará el principio de transversalidad para la instrumentación de
políticas públicas con enfoque interdisciplinario, para el fortalecimiento y
desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola, orientada a toda la
cadena productiva, que aumente la productividad y mejorare la competitividad.
Además,
se deberá dar impulso regional equilibrado y equitativo, priorizando el
desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas y promover el financiamiento
para el desarrollo e innovación tecnológica y científica, modernización de la
flota pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas
procesadoras, métodos y artes de captura.
El
dictamen señala que el otorgamiento de concesiones y permisos para realizar
actividades pesqueras y acuícolas, y las medidas para el control del esfuerzo
pesquero habrán de ser transparentes para que sean más eficaces e incorporen
mecanismos de control accesibles a los productores.
Finalmente,
indica que la política nacional de pesca y acuacultura sustentables debe tomar
en cuenta la participación, consenso y compromiso de los productores y sus
comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y
sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.
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