El
29 de octubre, los diputados aprobamos por unanimidad, con 436 votos a favor,
una minuta del Senado para armonizar la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal con la Ley General de Cambio Climático, promulgada en junio de
2012, y la enviaron al Ejecutivo para su promulgación.
El
dictamen, propuesto en diciembre de 2012 por la senadora Silvia Guadalupe Garza
Galván (PAN), adiciona una fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
Establece
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estará
obligada a elaborar y aplicar, junto con otras instancias, las políticas
públicas para cumplir con la Ley General de Cambio Climático.
El
documento dice que en 2009 se iniciaron los trabajos para la expedición de la
Ley General de Cambio Climático; no obstante, quedaron pendientes acciones para
hacerla congruente con diferentes leyes federales para hacer cumplir los
preceptos del nuevo ordenamiento.
Por
ello, propone coordinar a la Semarnat con las secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones
y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación;
de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y
de Relaciones Exteriores.
Menciona
que el país “ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de
medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y
protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y
biodiversidad”.
No
obstante -indica- el crecimiento económico del país sigue vinculado a la
emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos
sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida
de bosques y selvas.
Agrega
que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en
México en 2011 representó 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Con
la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el
objeto de la ley mencionada”, concluye.
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