Los
diputados federales aprobamos, en nuestra sesión ordinaria del 27 de noviembre,
por unanimidad, con 393 votos a favor, reformas para que se sancione como
miembros de la delincuencia organizada a quienes cometan delitos relacionados
con la trata de personas, explotación, pornografía y pornografía infantil.
El
dictamen reforma los artículos 2o., fracción VI, y 3o, segundo párrafo de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, surge de una minuta que envió el
Senado, pero que al ser modificada regresa de nuevo a la Cámara alta.
El
documento inicial lo presentaron, el 20 de noviembre de 2012, los senadores
priistas Arturo Zamora Jiménez, Miguel Ángel Chico Herrera, Margarita Flores
Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina
y María Lucero Saldaña Pérez.
El
documento vincula la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas.
Al
fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo
Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), señaló que “pretende vincular ambas normas
jurídicas, para que se genere un espacio en el que no quepa la impunidad en el
delito de trata de personas”.
Argumentó
que en el contexto que vive el país, la trata de personas se da en un clima de
violencia, abuso y discriminación.
“Se
trata que la ley de delincuencia organizada y la de trata de personas se
vinculen y no permitan en este espacio ninguna impunidad, que genere que la
trata de personas no sea debidamente considerada como un tipo de delito que
debe atenderse de la delincuencia organizada”, señaló.
Refirió
que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
existen entre 16 mil y 20 mil niños y niñas inmersos en un entorno de
violencia, mismo que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) se ha incrementado propiciando la trata de personas.
Asimismo,
señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) encabeza la lucha
contra el trabajo infantil y explica que el dictamen permite vincular las
normas jurídicas para impedir la impunidad con respecto a la trata de personas.
Con
la reforma se otorga a la federación la competencia para conocer de los delitos
en materia de trata de personas cuando el Ministerio Público ejerza la facultad
de atracción.
Precisa
que será el Ministerio Público y las autoridades judiciales federales las
competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se
agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades
federativas.
El
documento especifica la necesidad de llevar a cabo estas modificaciones, ya que
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no
cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda
libertad y sin restricciones este tipo de delitos.
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