Quiero informarles que, el 4
de octubre, los diputados de todos los grupos parlamentarios apoyamos en
tribuna la propuesta de la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), para solicitar a
la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la
República (PGR) información sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
Lourdes Eulalia Quiñones
Canales (PRI) apoyó el punto de acuerdo de la legisladora perredista y criticó
la falta de transparencia y rigor jurídico con el cual se conduce la
cooperación internacional en materia de seguridad pública, por parte de la
Cancillería.
Por el PAN, mi compañera Adriana
González Carrillo, entregó el informe del mes de septiembre que hizo público el
departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Nosotros no vamos a permitir
que se diga que hay opacidad, encubrimiento o silencio cómplice, rechazamos que
por falta de conocimiento se acuse al gobierno mexicano de omisión”, indicó.
Luis Espinosa Cházaro (PRD)
exhortó a sus homólogos a no permitir el silencio cómplice que evita ejecutar
responsabilidades penales a quienes participaron en el operativo “Rápido y
Furioso”.
David Pérez Tejada Padilla
(PVEM) señaló que los claroscuros en la relación entre México y Estados Unidos
se han recrudecido en el ámbito de la seguridad pública y dijo que ambos
gobiernos tienen responsabilidad en el tema de tráfico de armas.
Ricardo Mejía Berdeja (MC)
reiteró que debe existir una exigencia del Poder Legislativo para que acudan a
comparecer los encargados de la seguridad del gobierno federal, para explicar
además de este tema, otros relacionados como el caso Tres Marías.
Rafael Huerta Ladrón de
Guevara (PT) propuso una adición a la proposición con punto de acuerdo, para
que el Ejecutivo federal asuma su responsabilidad con las víctimas de las
masacres donde se usaron armas del operativo estadounidense, para resarcir el
daño en la medida de lo posible.
Angelino Caamal Mena (NA)
destacó que sólo a través de la colaboración con los Estados Unidos se podrán
resolver los problemas de seguridad y subrayó que el gobierno ha fallado en su
tarea de garantizar la seguridad de la vida de las personas y de su patrimonio.
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