Amigos:
Siguiendo
con mi tarea de informarles sobre mi trabajo legislativo, les quiero informar
que en la sesión ordinaria del pasado 3 de abril, los diputados federales
aprobamos con 376 votos a favor, un dictamen que obliga a que la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) analice y autorice o rechace los
planes de desarrollo urbano que incluyan obras que puedan causar desequilibrio
ecológico.
Actualmente,
la legislación sólo establece la probabilidad de que las autoridades
competentes de los estados, el Distrito Federal o los municipios presentarán
dichos planes ante la SEMARNAT para que ésta emita la autorización correspondiente
en materia de impacto ambiental.
El
dictamen, derivado de una iniciativa presentada en septiembre de 2011 por el
entonces senador del PAN, Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, reforma diversas
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Tiene
el objeto de fortalecer la política forestal, “en lo que se refiere a la
información que generan los inventarios forestales y de suelos, así como el
procedimiento para las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales”, explica el texto.
El
documento plantea que los estudios de impacto ambiental se realicen de manera
previa al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo,
cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos y
del equilibrio ecológico de la zona.
Expone
que, entre 1993 y el año 2002, alrededor de 2.8 millones de hectáreas en el
país cambiaron de ser bosques, selvas, matorrales y pastizales para convertirse
a otros usos, todo ello a un ritmo de cerca de 306 mil hectáreas por año.
“Los
ecosistemas más afectados entre esas fechas fueron las selvas (se perdieron
alrededor de 1.3 millones de hectáreas), seguidas por los matorrales (cerca de
953 mil hectáreas) y los bosques templados (aproximadamente 370 mil
hectáreas)”, añade.
En
muchas ocasiones, los cambios de uso de suelo en terrenos forestales se llevan
a cabo burlando la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para,
indebidamente, incluirlos en el desarrollo urbano, asevera.
Entre
las modificaciones que se plantea a la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable se encuentra establecer que las autorizaciones que se emitan
deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la
vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat.
Asimismo,
que la federación tiene como atribución realizar el Inventario Nacional
Forestal y de Suelos, y determinar los criterios e indicadores para el
desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a los
municipios, no sólo a las entidades federativas.
También
faculta a los gobiernos de los municipios a elaborar, monitorear y mantener
actualizado el Inventario Municipal Forestal y de Suelos e incorporar su
contenido al Sistema Estatal de Información Forestal, cuando actualmente éstos
sólo ayudan al gobierno estatal en esta tarea.
El
dictamen aprobado fue enviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
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