Los
diputados federales aprobamos en la Cámara de Diputados el 29 de abril, por
unanimidad, con 438 votos a favor, reformar la Ley General de Educación a fin
de implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso
escolar o maltrato físico o psicológico entre y hacia los estudiantes.
Dichos
programas deberán incluir a todas las personas involucradas en el entorno
escolar y se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias
para su atención y solución.
Se
establece que en la Ley General de Educación se apruebe una sección denominada:
De la seguridad escolar, en la cual se contempla la regulación de la protección
de los alumnos contra cualquier tipo de violencia.
El
dictamen surge de tres iniciativas presentadas entre septiembre y diciembre de
2012 por los diputados María del Rocío Corona Nakamura (PRI), María Isabel
Ortiz Mantilla (PAN) y Marina Garay Cabada (PRI).
En
las consideraciones se expone que el acoso, la violencia y la discriminación
escolar son conductas que laceran la dignidad humana e inhiben los fines de la
educación.
Se
subraya que este tipo de violencia, más conocido por la expresión inglesa
“bullying”, constituye un grave problema educativo sobre el que poco se ha
regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional.
El
acoso escolar se manifiesta a través de comportamientos como los insultos,
apodos, sobrenombres, golpes, agresiones directas, robos, amenazas, rumores, la
exclusión o el aislamiento social.
Se
señala que los daños que dichas conductas pueden ocasionar son muy variados, ya
que muchas veces motivan el abandono de los estudios, causan apatía, baja
autoestima, estrés social, ansiedad, depresión, trastornos psicológicos o,
incluso, como se ha comentado, conductas que llevan al suicidio.
El
dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos
constitucionales.
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