Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal from UNAM
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lunes, 25 de agosto de 2014
jueves, 21 de agosto de 2014
Aprobamos ley reglamentaria de competencia económica tras hora y media de discusión y sin que se presentaran reservas al documento que regresó el Senado
Amigos:
A las 14:04 se anunció la votación a favor y que se turnó al Ejecutivo para su promulgación.
El viernes pasado, el Senado aprobó la minuta enviada por los diputados, con 11 modificaciones al documento, que fueron avalados este martes en San Lázaro con 408 votos a favor, 56 en contra y siete abstenciones.
Les informo que los diputados aprobamos, en
la sesión del 29 de abril, la ley reglamentaria en materia de competencia
económica con 408 votos a favor, 56 en contra y siete abstenciones, tras hora y
media de discusión y sin que se presentaran reservas al documento que regresó
el Senado, con cambios.
La discusión inició a las 12:26 horas, con la
fundamentación del dictamen por parte del presidente de la Comisión de
Economía, Mario Sánchez Ruiz (PAN), quien reconoció el trabajo realizado por el
Senado para enriquecer la iniciativa original con 11 modificaciones, y solicitó
el voto en pro del documento.
Enseguida, el coordinador de MC, Ricardo
Monreal Ávila, presentó una moción suspensiva, que fue rechazada minutos
después por el Pleno.
Los diputados Benjamín Félix Hays (NA),
Adolfo Orive Bellinger (PT), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Rubén Acosta Montoya
(PVEM), Guillermo Sánchez Torres (PRD) , Carlos Alberto García González (PAN) y
Salvador Romero Valencia (PRI) fijaron en tribuna la posición de sus fracciones
parlamentarias.
Acto seguido inició la ronda de
participaciones a favor y en contra del dictamen. A favor se pronunció Carlos
Augusto Morales López (PRD) y en contra, Lilia Aguilar Gil (PT), Ricardo Mejía
Berdeja (MC) y Ricardo Monreal Ávila (MC).
A las 14:04 se anunció la votación a favor y que se turnó al Ejecutivo para su promulgación.
El documento reglamenta la reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en
vigor desde junio pasado, y tiene como objeto regular los mercados, sancionar
prácticas monopólicas y hacer que productos y servicios sean más baratos.
La cámara baja aprobó el pasado 25 de marzo,
el dictamen que expide la Ley Federal de Competencia Económica y que reforma el
artículo 254 Bis del Código Penal Federal, con casi un centenar de cambios al
documento que envió el Ejecutivo federal, y la turnó al Senado para su
análisis.
La nueva ley de competencia económica
contiene 130 artículos y es reglamentaria del artículo 28 constitucional, en
materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios y
concentraciones ilícitas.
El viernes pasado, el Senado aprobó la minuta enviada por los diputados, con 11 modificaciones al documento, que fueron avalados este martes en San Lázaro con 408 votos a favor, 56 en contra y siete abstenciones.
Aprobamos reformas a ley de monumentos artísticos y arqueológicos para incluir al patrimonio cultural subacuático en protección y preservación
En la sesión del 29 de abril, los diputados aprobamos reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el objetivo de incluir al patrimonio cultural subacuático en la legislación y se asegure de esta manera su protección y preservación.
El documento fue avalado con 450 votos a
favor, cero en contra y dos abstenciones y se turna al Ejecutivo para su
promulgación.
Surge de una iniciativa que presentó el 20 de
septiembre de 2011 el entonces diputado Armando Jesús Báez Pinal (PRI),
adiciona un artículo 28 Ter a esa ley, se avaló en el Pleno el 20 de marzo de
2013 y se turnó al Senado, donde se aprobó con cambios y se regresó a la cámara
baja.
El dictamen elaborado por las comisiones
unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y
Cinematografía, señala que es evidente que al no existir en la citada Ley el
señalamiento relativo al patrimonio subacuático, se requiere que quede
debidamente establecido.
Indica que la protección que establece la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se hace
extensiva y aplicable al patrimonio cultural sumergido.
Establece que conforme con su naturaleza, los
vestigios de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o
arqueológico, localizados en la zona marina de México, estarán contemplados por
la legislación.
Así también los que hayan estado bajo el agua
parcial o totalmente, como buques, naves o cualquier otro medio de transporte
acuático o parte de éstos, localizados en la zona marítima de territorio
nacional, sus cargamentos y demás contenidos.
El artículo 28 adicionado señala:
Las disposiciones sobre preservación e
investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e
históricos serán aplicables a los rastros de existencia humana que tengan un
carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de
los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o
totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras,
edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y
natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de
ellos. Su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y
natural; y los objetos de carácter prehistórico.
“Quedan exceptuados del párrafo anterior los
buques y aeronaves de estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su
cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho
internacional.
Las autorizaciones para realizar
investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer párrafo,
se sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta ley”.
El artículo 30 expresa que toda clase de
trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos,
únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral,
previa autorización.
Reformamos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia de particulares
Por este medio les quiero informar que en la sesión del 29 abril, los diputados aprobamos el dictamen de una minuta que regresó el Senado, a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia de particulares.
En el documento, que se turnó al Ejecutivo
para su promulgación, se señala que este proyecto de decreto versa sobre uno de
los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de ducha ley y que se
refiere al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 de la
Constitución Política.
Sostiene que por razones de orden operativo,
la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente
considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares
de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Sin embargo, los propietarios o poseedores de
bienes muebles o inmuebles quedan impedidos de exponer lo que a su derecho
convenga ante la autoridad en la materia, respecto de los demás actos con
motivo de la emisión de los distintos tipos y modalidades de declaratorias de
monumentos que involucren bienes de su propiedad.
Los efectos de las declaratorias implican en
todos los casos la imposición de modalidades de uso de los muebles o inmuebles,
aprovechamiento y traslado de dominio, a efecto de garantizar su conservación.
El dictamen destaca que esta omisión de la
ley ha propiciado la promoción de distintos juicios de garantías en el seno del
Poder Judicial de la federación, el cual en dos ocasiones ha fallado sobre la
inconstitucionalidad de algunos preceptos de la misma.
Estos fallos se han producido precisamente
por carecer de un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, dejando
sin efectos actuaciones de la autoridad tomadas al amparo de la ley.
El documento surge de sendas iniciativas
presentadas en febrero y septiembre del 2011 por las entonces diputadas
Gabriela Cuevas Barrón (PAN) y Ana Luz Lobato Ramírez (PRD), respectivamente,
las cuales fueron integradas en un dictamen que se aprobó en San Lázaro el 20
de marzo de 2013 y turnado al Senado.
En la cámara alta el documento fue aprobado
con modificaciones el 11 de febrero pasado y regresado a San Lázaro, donde
ahora fue aprobado por consenso, con 431 votos a favor, y se turna al Ejecutivo
para su promulgación.
El dictamen reforman los artículos 5o.,
segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer
párrafo, y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter, todos de
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En el documento se refiere al procedimiento
de declaratorias de monumentos y al papel que desempeñan los institutos
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Nacional de Bellas Artes (INBA),
así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno federal.
Asimismo, a la presentación, revisión y
respuesta a la solicitud de audiencia por parte de los particulares, cuyos
bienes estén involucrados en las declaratorias,
Se señala que la emisión de declaratorias no
es el único acto de autoridad que llevan a cabo el INAH y el INBA en materia de
preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos
e históricos.
También se otorgan permisos y autorizaciones,
así como notificaciones y resoluciones respecto de otros actos de autoridad,
como la suspensión de obras, demoliciones o labores de salvamentos, que
atienden situaciones de riesgo de bienes culturales.
Desde esta perspectiva, se considera que este
Proyecto de Decreto representa la oportunidad de recurrir cualquier acto de
autoridad del INAH y del INBA, a través de los medios jurídicos contemplados en
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
miércoles, 20 de agosto de 2014
Aprobamos reformas a la Ley General de Protección Civil para incluir riesgos provocados por fenómenos astronómicos
El 28 de abril en nuestra sesión ordinaria,
los diputados aprobamos reformar la Ley General de Protección Civil, a fin de
actualizar términos, normas y sistemas de protección civil que incluyan riesgos
provocados por fenómenos astronómicos, como meteoritos y tormentas magnéticas.
El dictamen, que reforma los artículos 2, 20
y 82 de esa ley, fue aprobado por 428 votos a favor, cero en contra y dos
abstenciones y turnado al Ejecutivo para su promulgación.
El documento deriva de una iniciativa
presentada por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD), el 27 de febrero
de 2013, aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de abril de ese año y
turnada a los senadores, quienes la devolvieron con cambios el pasado 11 de
febrero.
El dictamen avalado incluye en la legislación
el término de “fenómeno astronómico”, el cual define como cualquier evento,
proceso o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio
exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros.
“Algunos de estos fenómenos interactúan con
la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser
destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas
se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos”, dice.
Asimismo, considera como desastre al
“resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y
extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o
aquéllos provenientes del espacio exterior”, cuando su impacto exceda la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Establece también que la Coordinación
Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y
la Agencia Espacial Mexicana trabajarán conjuntamente para crear políticas
públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por
objetos que provengan del espacio exterior.
Señala que el Sistema Nacional de Protección
Civil realizará las acciones necesarias, en coordinación con el gobierno
federal, las entidades federativas, los gobiernos locales y los sectores
privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo
específico derivado de un agente perturbador espacial.
Finalmente, instituye que el gobierno
federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del
Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información astronómica de que
se disponga a nivel nacional.
Incorporamos a Ley de Migración preceptos de la Constitución Política y tratados internacionales para protección de migrantes en su paso por México
Quiero informarles que en la sesión del 28 de
abril, los diputados aprobamos un dictamen por el que se incorporan a la Ley de
Migración los preceptos en la materia de la Constitución Política y los
tratados internacionales, como marco de referencia para la protección de los
derechos de los migrantes en su paso por México.
También se establece el interés superior de
la mujer y de la niña, niño o adolescente.
El documento avalado por 426 votos a favor,
cero en contra y una abstención, reforma los artículos 2 y 28 de la Ley de
Migración, surge de una iniciativa presentada por la diputada María Schroeder
Verdugo (PRI) y se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
El dictamen consigna que además de los
preceptos contenidos en la Ley de Migración, la política migratoria del Estado
mexicano tomará en consideración la Carta Magna y los convenios y tratados
internacionales firmados por México, en concordancia con la reforma
constitucional de derechos humanos de 2011.
Esa legislación estableció que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución Política y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado debe prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
En las consideraciones se expone que de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos
dejaron el país por día, durante los últimos cinco años; y más del 50 por
ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y
adolescentes.
Precisa que la Oficina de Censo de los
Estados Unidos tiene registros de una población de alrededor de 33.7 millones
de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones que
nacieron en ese país.
Por su parte, las autoridades mexicanas
señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca
de 52 millones de hispanos en Estados Unidos y el 11 por ciento de la población
nacional.
Asimismo, el documento refiere que cada año
unos 120 mil centroamericanos entran a México por su frontera sur, situación
que “representa un desafío al marco y sistema de protección de los derechos
humanos, ya que el país es cuestionado de manera reiterada por el trato dado a
los migrantes centroamericanos.
Avalamos minuta del Senado para declarar el día 9 de febrero de cada año como el Día Nacional del Odontólogo
En la sesión ordinaria del pasado 10 de
abril, los diputados aprobamos, con 361 votos a favor, cero en contra y 18
abstenciones, el dictamen de una minuta del Senado de la República para
declarar el día 9 de febrero de cada año como el Día Nacional del Odontólogo y
lo turnamos al Ejecutivo federal para su promulgación.
El documento surge de una iniciativa que
presentó, el 21 de marzo de 2013, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN)
con el objetivo de hacer un reconocimiento a estos profesionales, pero también
con el propósito de promover la atención, pública y privada, de la salud bucal.
La senadora señala en su texto que la
declaración del Día Nacional del Odontólogo es un reconocimiento a este gremio,
“cuya contribución no ha sido plenamente valorada”.
Destaca que en el país, el Sistema de Salud
requiere prestar especial atención al problema de salud bucodental, enfatizar
programas y servicios de promoción y de prevención y promover medidas de
saneamiento básico y desarrollo comunitario.
También debe establecer un sistema
interconectado de servicios odontológicos con varios niveles de atención, según
la complejidad de la enfermedad, es decir, desde los niveles de prevención
hasta procedimientos rehabilitatorios.
Recuerda que en México, sólo el 20.6 por
ciento de los niños y adolescentes y el 3.6 por ciento de los adultos están
libres de caries dental.
De acuerdo al “perfil epidemiológico de salud
bucal en México”, los profesionales dedicados a la odontología en México
ascienden a 89 mil 36, el 59.2 por ciento del sexo femenino y 59.2 del
masculino.
Aprobamos crear Comisión de Investigación de casos de corrupción en Pemex, señalados por la Auditoría Superior de la Federación de 2006, a la fecha
En
la sesión ordinaria del 10 de abril, aprobamos la creación de una Comisión de
Investigación de casos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), señalados
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2006, a la fecha, que hayan
ocasionado daño patrimonial a la Nación.
El
Pleno avaló, en votación económica, un acuerdo de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) para que la Cámara de Diputados revise la legalidad de los
contratos de servicios, de obras, arrendamientos y adquisiciones, y todos
aquellos convenios y erogaciones que haya realizado Pemex en las fechas
señaladas.
El
acuerdo señala que la Junta Directiva e integrantes de la Comisión de
Investigación, así como su vigencia y demás previsiones que se estimen
necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Jucopo, a
propuesta de los grupos parlamentarios.
La
Comisión de Investigación se integrará con 19 diputados, ocho propuestos por el
PRI, cuatro por el PAN, tres por el PRD y uno por cada una de las fracciones
parlamentarias del PVEM, MC, PT y NA.
Los
recursos técnicos y financieros para su funcionamiento serán aprobados por el
Comité de Administración.
La
Comisión Investigación deberá presentar de manera periódica un informe de
actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Establecemos derechos de menores a navegación segura en Internet y obligación de madres y padres a supervisar contenidos de información a la que acceden
Les quiero informar que en la sesión del 9 de
abril, los diputados aprobamos un dictamen para establecer el derecho a los
menores a la navegación segura en Internet y la obligación de madres, padres y
quienes tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes a supervisar los
contenidos de la información a la que acceden.
El dictamen surge de una iniciativa que presentó la
diputada Magdalena Núñez Monreal (PT) el 14 de agosto de 2013 y adiciona el
inciso C. al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la
navegación segura en Internet” de la Ley Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Fue aprobado con 404 votos a favor, uno en contra y
una abstención y se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
En su propuesta, la diputada resalta que la
difusión del conocimiento y desarrollo vertiginoso de las tecnologías apresuran
la evolución de la sociedad, pero aclara que en medio de este progreso
científico y tecnológico, las niñas, niños y adolescentes son desprotegidos por
las leyes.
Las nuevas tecnologías están siendo una fuente de
información para la comisión de delitos graves como la trata, el secuestro, la
extorsión; que sí es de alto impacto social en los adultos, el asunto se
sobredimensiona para la infancia, añade.
Asegura que de acuerdo con publicaciones
especializadas en el tema de seguridad para navegar en Internet, los riesgos a
los que se exponen niños y adolescentes cuando navegan libremente, son el
acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito.
También pueden encontrar contenidos de juegos,
apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol, etcétera.
Los menores también corren riesgo con personas
desconocidas que pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar
acciones ilícitas contra ellos, solicitando información personal como nombre,
dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia, lo que aumenta el peligró
de ser víctimas de pederastia o trata.
Recuerda que la mensajería instantánea es el servicio
más usado por niños y adolescentes, señala que este medio permite activar la
cámara web y dice que no es recomendable su uso.
“Uno de los riesgos más importantes es que
cualquier persona puede tomar el control de la computadora a través de la cámara
conectada a Internet y entrar a los hogares o ser utilizado por depredadores en
línea”, agregó.
En el dictamen se destaca que en el marco jurídico
de México, como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, no existe un apartado relativo al derecho de las y los infantes y
adolescentes a una navegación segura de Internet, que les proteja de los
riesgos a los que se pueden enfrentar.
El artículo 11 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece las obligaciones de madres,
padres y de todas las personas que tengan menores a su cuidado.
El inciso C que se adiciona a ese artículo se
plantea “supervisar los contenidos de la información a la que acceden las
niñas, niños y adolescentes a través de Internet; utilizando para ello los
mecanismos de seguridad de este sistema de información en los diversos medios
electrónicos.
“Asimismo, deberán, sin que se considere invasión a
su privacidad, tener conocimiento del uso que le dan a los diferentes servicios
en la Internet”.
En el “capítulo V Bis Del derecho a la navegación
segura en Internet” que se adiciona señala que los menores deberán contar con
información adecuada, que sea acorde con su desarrollo integral y a la salud,
para el uso o compra de juegos computarizados, electrónicos o multimedia,
especialmente de Internet.
También que tienen derecho a recibir, buscar y
utilizar información acorde con su desarrollo integral por medios de salas de
juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet.
Las madres, padres y de todas las personas que
tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes orientarán a los mismos sobre
el uso de la información y contenidos en Internet.
Especial atención deberán tener sobre la
información que haga apología o incite a la violencia, a la guerra, a la
comisión de hechos punibles, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la
mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de
discriminación.
Asimismo, a la esclavitud, a la servidumbre, a la
explotación de las personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del
tabaco y cualquier otra droga, de bebidas alcohólicas, así como aquéllos de
carácter pornográfico.
Reformamos la Ley General de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar esta actividad en el sistema penitenciario
Por este medio, les quiero informar que en la
sesión del pasado 9 de abril, los diputados aprobamos reformas a la Ley General
de Cultura Física y Deporte para que se promueva y fomente esta actividad en el
sistema penitenciario, en el marco de los programas de rehabilitación y reinserción
de los sentenciados.
El dictamen surge de una iniciativa que
presentaron, el 21 de noviembre de 2013, los diputados José Francisco Coronato
Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, de MC, fue aprobada en lo general por
unanimidad, con 373 votos a favor.
En lo particular se aprobó una reserva que presentó
el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), para que se incluya, en el
concepto de la no discriminación, el origen étnico y preferencias sexuales,
además de las ya contempladas.
El documento, que se turna al Senado para su
análisis, pretende fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura
física y el deporte, como medio para lograr la rehabilitación y reinserción de
los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.
Coronato Rodríguez y Villanueva Albarrán señalan
que el modelo de reinserción social puesto en práctica en dicho sistema ha
mostrado poca capacidad para reintegrar a la comunidad a las personas recluidas
y sostienen que la ociosidad en la prisión es una fuente asociada directamente
al consumo de drogas y a la violencia.
En este sentido, destacan la necesidad de armonizar
el contenido de la Carta Magna en lo que se refiere al sistema penitenciario
con la legislación secundaria en materia de cultura física y deporte.
Recuerdan que el párrafo segundo del artículo 18 de
la Constitución Política dice que “el sistema penitenciario se organizará sobre
la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para
el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad …… “.
Con las modificaciones aprobadas, las fracciones
XI, XII y XIII de dicha ley plantean garantizar a todas las personas, sin
distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión,
opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de
los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se
implementen.
También fomentar y promover la activación física,
la cultura física y el deporte, en los programas dirigidos a procesados y de
rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los
centros del sistema penitenciario mexicano, y que los deportistas con algún
tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.
Las fracciones IV, V y VI del artículo 13
establecen la promoción de mecanismos de integración institucional y sectorial
para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la
cultura física y el deporte.
Así como planear y evaluar, conjuntamente con las
autoridades del sistema penitenciario mexicano, los programas dirigidos a
procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma
condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y las demás
que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales.
lunes, 18 de agosto de 2014
Avalamos incrementar sanciones a quienes saqueen, trafiquen o dañen objetos o monumentos arqueológicos, artísticos o históricos
Les
quiero informar que el pasado 29 de abril, los diputados avalamos el dictamen
de una minuta que regresó el Senado y que reforma la legislación vigente para
incrementar las sanciones a quienes saqueen, trafiquen o dañen objetos o
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.
En
el documento, que se turna al Ejecutivo para su promulgación, se establecen
sanciones de hasta 12 años de prisión y cinco mil días de multa, al modificar
los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Se
deriva de una iniciativa que presentó en 2011 la entonces diputada Kenia López
Rabadán (PAN), se aprobó en San Lázaro en abril de 2013 y el Senado lo regresó
con cambios el pasado 11 de febrero.
El
Pleno avaló el documento con 427 votos a favor, cero en contra y dos
abstenciones.
Tiene
por objeto mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos
y evitar la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o
artísticos, “amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios
y comerciales”.
Señala
que el patrimonio cultural “es factor de cohesión e identidad”, por lo que es
de interés social y nacional introducir en el marco normativo “previsiones adecuadas
para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la
nación”.
“En
la actualidad, el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha
incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e
históricas, además de que han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a
monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas”, agrega.
Se
establecen de tres a 10 años de prisión y de mil a tres mil días multa a
quienes realicen trabajos de exploración arqueológica en monumentos
arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la
autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Actualmente
dicho delito está sancionado con prisión de uno a 10 años y multa de 100 a 10
mil pesos.
También
se sanciona con prisión de tres a 10 años y de dos mil a tres mil días multa
para quien efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento
arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o
reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente.
Se
especifica que a quien, por cualquier medio, pretenda sacar o saque del país un
monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto
competente, se le impondrá prisión de cinco a 12 años y de tres mil a cinco mil
días multa.
También
se castigará al que ordene, induzca, dirija, organice o financie estas
conductas, incrementando las penas señaladas hasta por una mitad.
Además
se indica que se le impondrá prisión de tres a 10 años y de dos mil a cinco mil
días multa a quien, valiéndose del cargo o comisión del INAH o de la
autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos,
disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble.
Hasta
el momento la sanción por dicha conducta es sancionada con 10 años de prisión y
multa de tres mil a 15 mil pesos.
Asimismo,
se sanciona con prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa
a quien ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento
histórico mueble, cuando las penas hasta el momento son de uno a seis años de
prisión y multa de 100 a 50 mil pesos.
Para
quienes se apoderen de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico
sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá
prisión de tres a 10 años y de dos mil a tres mil días multa.
Actualmente,
dicho delito se sanciona con prisión de dos a 10 años y multa de tres mil a 15
mil pesos.
A
cualquier persona que dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico
o histórico se le impondrá prisión de tres a 10 años y multa hasta por el valor
del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se aplicarán las sanciones
para delitos culposos dispuestas en el Código Penal Federal.
A
los reincidentes en los delitos mencionados se les aumentará la sanción desde
dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. A quienes resulten
delincuentes habituales se les aumentará de uno a dos tantos de la que
corresponda al delito mayor.
Finalmente,
se adiciona un artículo 53 bis a la ley, para establecer que se impondrá
prisión de tres a 12 años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario
mínimo a quien introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera
la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales
adoptadas en el país de origen de los mismos.
Los
bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las
autoridades del país de origen, señala.
Aprobamos tipificar como delito el cohecho en actos de corrupción u omisión
En
la sesión del 29 de abril, los diputados aprobamos reformas al Código Penal
Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el
Procedimiento Penal, a fin de fortalecer la lucha contra los actos de
corrupción y concretamente contra el delito de cohecho,
El
Pleno avalo por unanimidad, con 433 votos a favor, un dictamen que surge de una
inicaitiva presentada el pasado 4 de marzo por los diputados priistas Alejandra
del Moral Vela, José Alberto rodríguez Calderón y Héctor Gutiérrez de la Garza
y que se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Se
establece que comete el delito de cohecho el servidor público que por sí, o por
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro,
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de
realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión.
La
medida contempla de igual forma a los servidores públicos extranjeros y a las
personas que de manera espontánea den u ofrezcan dinero o cualquier otra dádiva
a algún servidor público para que haga u omita un acto relacionado con sus
funciones, a su empleo, cargo o comisión.
Con
los cambios a los Artículos 222 y 222 Bis del mencionado Código y el artículo
13 de la Ley mencionada, también se adecua la legislación mexicana a lo
establecido por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También
y como se señaló durante la discusión de la reformas en cuestión de la Cámara
de Diputados, se sale al paso de “actos como el cometido recientemente por la
empresa Walmart”, cuyos directivos sobornaron a funcionarios públicos de
nuestro país, para instalar un centro comercial en la zona arqueológica de Teotihuacán,
Estado de México.
El
diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) señaló las reformas ya no sólo
tipifican como delito la acción respaldada en el cohecho, sino también la
omisión, como de acuerdo al diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) sucedió con el
caso de la empresa Oceanografia.
En
la reforma a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen el
Procedimiento Penal, se establece que el Programa Federal de Protección a
Personas tendrá aplicación cuando disposiciones de tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, establezcan expresamente la obligación de
proporcionar dicha protección.
Aprobamos reformas para dar certeza a instituciones financieras sobre recuperación de créditos otorgados para transacciones mercantiles
Amigos:
Les
quiero informar que el pasado 29 de abril, los diputados aprobamos, con 412
votos a favor, uno en contra y una abstención, una minuta del Senado para dar
certeza a las instituciones financieras sobre la recuperación de créditos
otorgados para transacciones mercantiles y se turnó al Ejecutivo para su
promulgación.
El
documento se deriva de una iniciativa presentada por mi compañero, el diputado
José Arturo Salinas Garza (PAN), en octubre 2012, fue aprobado por los
diputados en marzo de 2013 y turnado a los senadores, quienes lo avalaron con
cambios el pasado 10 de abril y lo devolvieron a la Cámara de Diputados.
La
minuta modifica diversas disposiciones del Código de Comercio y las Leyes
Generales de Sociedades Mercantiles, de Fondos de Inversión, General de Títulos
y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración
Pública Federal.
La
reforma a la denominada miscelánea mercantil contempla la modernización del
Registro Único de Garantías de Bienes como un mecanismo digital federal, con
una sola base de datos de fácil acceso a cualquiera que lo consulte.
Se
pretende impulsar las transacciones comerciales con el respaldo de bienes para
la obtención de créditos, con la certeza al acreedor de que no se registrará un
fraude.
El
Registró Único de Garantías de Bienes es una sección del Registro Público de
Comercio en el que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir
en línea las garantías mobiliarias mercantiles que reciben de sus deudores, lo
que les permite gozar de los beneficios de publicidad y disponibilidad y, con
ello, ofrecer mejores condiciones de financiamiento.
La
reforma busca también eliminar costos de trámites y cargas económicas para
incentivar la creación de nuevos negocios, la atracción de mayores inversiones,
la formalización de comercios ya existentes y la creación de mayores fuentes de
empleo, así como una mayor derrama económica.
Para
ello, propone eliminar la obligación de publicar en medios impresos información
sobre calidad mercantil, convocatorias a asambleas y estados financieros y la
sustituye por su publicación electrónica.
Dicha
disposición aplicará para las sociedades operadoras de fondos de inversión,
sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades
valuadoras de acciones de fondos de inversión.
Flexibiliza
también las reglas para reconocer y realizar acuerdos entre los accionistas, a
fin de favorecer la protección de los derechos de los grupos minoritarios.
Elimina,
además, el cobro de derechos asociados a la presentación extemporánea de avisos
de uso o cambio de denominación o razón social y fortalece la figura de
comisario como responsable de vigilar la conducción de las sociedades.
Avalamos minuta del Senado que duplica penas a secuestradores y las aumenta hasta 140 años de prisión y multas de 24 mil días de salario mínimo
Aprobamos,
en la sesión del 29 de abril, en sus términos una minuta del Senado que duplica
las penas a secuestradores y que las lleva hasta 140 años de prisión y multas
económicas de 24 mil días de salario mínimo vigente, y se turnó al Ejecutivo
para su publicación.
Estas
sanciones mayores se aplicarán si los autores o partícipes del secuestro privan
de la vida al secuestrado, de acuerdo al documento aprobado con 293 votos a
favor, 96 en contra y una abstención.
El
dictamen surge de una iniciativa presentada el 25 de febrero pasado por la
fracción parlamentaria del PVEM en el Senado y reforma la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la
fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política y el Código Penal
Federal.
Al
fijar la posición de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Guillermo
Anaya (PAN) señaló que el objetivo de esta reforma consiste en la duplicación
de penas a los delitos en materia de secuestros, ya sea el tipo simple, el
llamado exprés, la toma de rehenes, la simulación y la obstrucción de investigación.
También
considera los tipos derivados en cuestión de circunstancia, sujeto activo o
relación.
El
artículo 9 prevé que al que prive de la libertad a otra persona se le aplicarán
de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa.
En
el artículo 10 se precisan penas de 50 a 90 años de prisión y de cuatro mil a
ocho mil días de multa si el secuestro se realiza en camino público o en lugar
desprotegido o solitario, así como cuando se lleve a cabo en grupo de dos o más
personas, con violencia y que se allane el inmueble en el que se encuentra.
Asimismo,
que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60 años de edad, o que no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo
o que sea una mujer en estado de gravidez.
En
ese mismo artículo, en una fracción II se establecen penas de 50 a 100 años de
prisión y de ocho a 16 mil días de multa si los autores sean o hayan sido
integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o
administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten
como tales sin serlo.
También
que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud,
confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta, o
que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas
en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal.
Estas
son: lesiones que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de
oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una
pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las
facultades mentales y lesiones que pongan en peligro la vida.
Asimismo,
que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia
sexual y que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a
cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la
libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma
adecuada por los autores o partícipes del delito.
En
el artículo 11 las mayores penas son de 80 a 140 años de prisión y multas de 12
a 24 mil días si los autores o partícipes privan de la vida al secuestrado.
En
el artículo 12, en caso de que espontáneamente se libere a la víctima, dentro
de los tres días posteriores al secuestro, la pena será de cuatro a 12 años de
prisión y de 100 a 300 días de multa.
No
obstante, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión prevista en los
artículos 291 y 293 del Código Penal Federal, la pena será de 18 a 32 años de
prisión y de 600 a mil días de multa.
En
caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros 10
días, la prisión será de 26 a 32 años y de 500 a mil días de multa.
En
el artículo 13, se contemplan penas de 200 a 700 jornadas de trabajo a favor de
la comunidad al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su
libertad.
En
el artículo 14, se estipulan penas de cuatro a 16 años de prisión al que simule
la privación de la libertad de otra persona.
El
artículo 15 señala que se aplicarán penas de cuatro a 16 años de prisión y de
mil 400 a tres mil días de multa al que, sin haber participado de manera
directa, adquiera o reciba el producto de las mismas, a sabiendas de esta
circunstancia;
También
a quien preste auxilio o cooperación, a quien oculte o favorezca el
ocultamiento del responsable y/o altere, modifique o destruya ilícitamente el
lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere esta Ley y
desvíe u obstaculice la investigación, a fin de que el inculpado se sustraiga a
la acción de la justicia.
En
el artículo 16 existen penas de cuatro a 16 años de prisión y de 400 a dos mil
días de multa al servidor público que divulgue, sin motivo fundado, información
reservada o confidencial, relacionada con las conductas sancionadas por esta
ley, así como que revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la
investigación.
Finalmente,
en el artículo 17 se establecen penas de nueve a 26 años de prisión y de 400 a
dos mil días de multa al servidor público que teniendo atribuciones en materia
de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de
vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o
penitenciaria, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o ante la
policía la comisión de estos delitos.
El
dictamen reforma de igual manera el artículo 25 del Código Penal Federal para
establecer que el límite máximo de la duración de la pena de privación de la
libertad, hasta por 60 años, contemplada en ese artículo, no aplicará para los
delitos sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro.
miércoles, 13 de agosto de 2014
Aprobamos 74 decretos, cuatro nuevas leyes y siete reformas constitucionales durante segundo periodo del segundo año de la legislatura
Les quiero informar que en la Cámara de
Diputados aprobamos 74 decretos, cuatro nuevas leyes y siete reformas
constitucionales durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, del segundo
año de ejercicio de la LXII Legislatura, del 01 de febrero al 30 de abril.
Entre estas reformas figuran la reglamentaria
en materia de competencia económica y la modificación a la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario.
Durante el periodo ordinario, los diputados
llevaron a cabo la elección de los integrantes del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al Instituto Federal
Electoral (IFE) luego de la reforma político-electoral.
En un total de 34 sesiones (31 ordinarias,
dos solemnes y una de apertura del periodo ordinario), la Mesa Directiva dio
trámite a 460 iniciativas, cuatro del Ejecutivo federal, cinco de senadores y
451 de diputados federales.
Mediante un documento donde se muestra el
balance del periodo, la Cámara de Diputados también informó que el Pleno estuvo
activo por 142 horas.
También se presentaron ante el Pleno 374
puntos de acuerdo de diputados, de los cuales 359 se turnaron a comisiones; 14
a órganos de gobierno y uno a la Cámara de Senadores.
Las dos sesiones solemnes que se efectuaron
tuvieron por motivo la conmemoración del Centenario del Natalicio de Octavio
Paz y el Centenario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz.
A esta última asistió el secretario de la
Marina Armada de México, Almirante Vidal Soberanes Sanz.
Presentamos diputados de las siete fracciones, en el Día del Niño, iniciativa para cerrar los candados que aún permiten el matrimonio civil de menores de edad
En la sesión del 30 de abril, los diputados
de las siete fracciones parlamentarias presentamos, en el marco del Día del
Niño, una iniciativa que reforma y deroga varias disposiciones del Código Civil
Federal, a fin de cerrar los candados que aún permiten el matrimonio civil de
menores de edad.
La iniciativa busca homologar el matrimonio
con los preceptos constitucionales de igualdad y no discriminación, destacando
que, “sin excepción alguna, el matrimonio sólo podrá ser contraído por personas
mayores de edad”, informó en rueda de prensa Fernando Belaunzarán Méndez (PRD).
La Iniciativa fue apoyada también por los
diputados María del Rocío García Olmedo (PRI), Homero Ricardo Niño de Rivera
(PAN), Mónica García de la Fuente (PVEM), Lilia Aguilar Gil (PT), Merilyn Gómez
Pozos (MC) y Fernando Bribiesca Sahagún (NA).
También pretende resolver aspectos que en la
práctica resultan incompatibles con la Constitución del país y con los tratados
internacionales de derechos humanos y derechos de la niñez, como la Convención
de los Derechos de los Niños, aprobado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)
Belaunzarán Méndez precisó que el tema
central que aborda la iniciativa, tiene relación directa con disposiciones
contenidas en el Código Civil Federal, que son violatorias a los derechos de la
niñez”.
“Si bien es cierto que en este Código se
establece como requisito para el matrimonio, la mayoría de edad, hay allí
varios artículos con mecanismos que permiten eludir el cumplimiento cabal de
tal disposición”, añadió.
El propio Código establece que a partir de
los 14 años, en el caso de las niñas, y de 16 años en los jóvenes, los menores
pueden contraer matrimonio, con la autorización de los padres, los abuelos o
los tutores y, a falta de éstos, los jueces o autoridades administrativas
podrán validar legalmente la unión de un menor de edad con un adulto.
La iniciativa también sale al paso de
acciones que se manifiestas en los usos y costumbres de algunos pueblos
indígenas, donde a cambio de dinero entregado a los padres o abuelos, se puede
comprar a una joven, incluso menor de edad, para contraer matrimonio.
Los artículos del Código Civil que se
reforman son: 98, 100, 103, 113, 147, 148, 156, 168, 169, 172, 177, 187, 209,
216, 218 y 245, mientras que se derogan: 149, del 150 al 155, del 158 al 160,
173, 181, 182, del 237 al 242, 246, 249, 264 y 265.
Aprobamos acotar fuero militar, para que elementos de las Fuerzas Armadas que cometan delitos contra ciudadanos sean juzgados por civiles
Les
quiero comunicar que en la sesión del
30 de abril, los diputados avalamos por unanimidad la minuta del Senado que
acota el fuero militar, para que elementos de las Fuerzas Armadas que cometan
delitos contra ciudadanos sean juzgados por civiles y no por tribunales
castrenses, como ocurre actualmente.
La
minuta, aprobada por el Senado el jueves 24 de abril, modifica el Código de
Justicia Militar, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley que
establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fue
avalada en San Lázaro con 428 votos a favor y turnada al Ejecutivo para su
promulgación.
Estas
modificaciones responden a la sentencia dictada en 2009 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual demandó al Estado
mexicano que ajustara su legislación para garantizar que los integrantes de las
Fuerzas Armadas, que delincan contra la ciudadanía, sean juzgados por
autoridades civiles.
El
principal cambio es el que se efectúa al artículo 57 del Código de Justicia
Militar, para que sean delitos del orden común o federal los que comentan
elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.
“Los
delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo
de guerra, territorio declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos
previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre
y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil”, señala el documento.
Expresa
que el maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos y actos de pillaje,
devastación, merodeo, saqueo o apropiación de botín, sólo serán consideradas
como delitos contra la disciplina militar cuando se cometan en campaña.
“Fuera
de este supuesto, las conductas que resulten en delitos del orden común o
federal serán juzgados por tribunales federales ordinarios”, indica.
Con
la reforma se incluye en el Código de Justicia Militar a la figura de Policía
Ministerial Militar, la cual actuará bajo la conducción y el mando del
Ministerio Público en la investigación de los delitos, en sustitución de la
Policía Judicial Militar.
Asimismo,
se establece la presunción de inocencia de los imputados, mientras no se
declare su responsabilidad mediante sentencia firme, emitida por el juez de la
causa, cuando la legislación, hasta el momento, asume la intención delictuosa.
El
derecho a la presunción de inocencia fue elevado a rango constitucional en
2008.
También
se destaca que el Sistema Penitenciario Militar se organizará sobre la base del
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, el
adiestramiento, la instrucción militar y el respeto a los derechos humanos,
como medios para mantener al sentenciado apto para el servicio militar
voluntario y evitar que vuelva a infringir la disciplina.
En
el Código Federal de Procedimientos Penales se explica que, tratándose de los
miembros de las Fuerzas Armadas, se aplicará lo dispuesto en el Código de
Justicia Militar, salvo en los casos de delitos contra la salud, en cualquiera
de sus modalidades.
Si
algún militar comete este tipo de delitos, no podrá estar detenido o sujeto a
prisión preventiva en prisiones especiales, especifica.
La
minuta deriva de iniciativas presentadas en 2009 por los entonces senadores del
PRD, Lázaro Mazón Alonso, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez
López y José Luis Máximo García Zalvidea, así como la enviada en el 2010 por el
Ejecutivo Federal.
También
se tomaron en cuenta modificaciones propuestas en 2010 por el entonces senador
René Arce Islas, a nombre del grupo parlamentario del PRD, así como iniciativas
presentadas en 2012 por los senadores Pablo Escudero Morales (PVEM) y Angélica
de la Peña Gómez (PRD).
También incluye sendas iniciativas planteadas en 2013 por los senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), Aarón Irízar López (PRI) y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD).
lunes, 11 de agosto de 2014
Avalamos, en sus términos, la minuta que regresó el Senado sobre iniciativas ciudadanas y preferentes y la turnamos al Ejecutivo para su promulgación
Amigos:
En la sesión del 9 de abril aprobamos,
en sus términos, la minuta que regresó el Senado de la República sobre las
iniciativas ciudadanas y preferentes y turnamos el documento al Ejecutivo
federal para su promulgación.
El documento, avalado por 358 votos a
favor, 27 en contra y siete abstenciones, reforma la Ley Orgánica del Congreso
General, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El pasado 4 de febrero, la Cámara de
Diputados avaló el dictamen como cámara de origen y el Senado aprobó la minuta
con cambios el primero de abril y la regresó a San Lázaro para su ratificación.
Un día antes, la Comisión de
Gobernación avaló en sus términos la minuta del Senado y la turnó al Pleno,
donde hoy se le dio lectura y se le dispensaron trámites para que se discutiera
y votara de inmediato.
El presidente de la Comisión de
Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), fundamentó el dictamen, luego
diputados de las siete fracciones parlamentarias expresaron su posición.
Posteriormente, hablaron a favor los
diputados Consuelo Argüelles Loya (PAN), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) y
Amalia García Medina (PRD), mientras que en contra lo hicieron Ricardo Mejía
Berdeja (MC), Manuel Huerta ladrón de Guevara (PT) y Ricardo Monreal Ávila
(MC).
El documento surge de una iniciativa
presentada en diciembre de 2013 por los diputados Héctor Gutiérrez de la Garza
(PRI), José González Morfín (PAN), y Amalia Dolores García Medina (PRD), así
como las senadoras Cristina Díaz Salazar (PRI) Laura Rojas Hernández (PAN) y
Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Las modificaciones avaladas son de
técnica normativa y legislativa en virtud de la reforma constitucional en
materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el
10 de febrero del presente año que establece la transición de Instituto Federal
Electoral (IFE) a Instituto Nacional Electoral (INE).
En este sentido, las referencias
hechas al Instituto Federal Electoral (IFE) son modificadas con el nombre de
Instituto Nacional Electoral (INE).
Otra modificación establece que
colectivos ciudadanos participen con voz en la discusión dentro de las
comisiones, hasta antes del proceso de deliberación y de dictamen.
Con esta medida, se determina que
durante todas las reuniones de trabajo de esas comisiones, un representante
ciudadano podrá defender sus argumentos.
Otros de los cambios es la eliminación
de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como requisito para la
recolección de firmas, extender el plazo para subsanar errores, así como la
verificación mediante muestreo de la autenticidad de las firmas, que realizará
el Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma, que es reglamentaria de la
modificación constitucional de 2012, señala que la ciudadanía tendrá el derecho
de iniciar leyes o decretos cuando represente al menos 0.13 por ciento de la
lista nominal de electores y podrán presentar iniciativas respecto de las
materias de competencia del Congreso de la Unión.
La iniciativa ciudadana deberá
presentarse por escrito ante el presidente de la Cámara de Diputados o
Senadores; o, en sus recesos, ante el presidente de la Comisión Permanente y
deberá contener los datos completos de los ciudadanos que la entreguen.
Una vez presentada la iniciativa, el
presidente de la Mesa Directiva de la cámara de origen solicitará al Instituto
Nacional Electoral (INE) la verificación del porcentaje de la lista nominal de
electores que la hayan suscrito.
Si se cumple con el porcentaje
requerido, el presidente de la Mesa Directiva turnará la iniciativa a comisión
para su análisis y dictamen, y seguirá con el proceso legislativo ordinario.
El dictamen también señala que el
Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite
preferente el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del
Congreso de la Unión, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere
presentado en periodos anteriores, cuando esté pendiente de dictamen.
La iniciativa preferente, que
corresponde al Ejecutivo federal, podrá versar sobre cualquier materia y
comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad (relación) en los
temas. No obstante, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de
adición o reforma a la Constitución.
La cámara de origen deberá discutir y
votar la iniciativa preferente en un plazo máximo de 30 días naturales,
contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo
federal, señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.
Si transcurre el plazo sin que se
formule el dictamen correspondiente, la Mesa Directiva deberá incluirla como
primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su
discusión y votación en sus términos y sin mayor trámite.
El dictamen faculta a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado a incorporar en el orden del
día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter de
preferente, para en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el
dictamen respectivo dentro del plazo de 30 días naturales.
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