Asimismo,
plantea sustituir el sistema de subsidios a los energéticos y quitarles a Pemex
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la carga fiscal en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF).
En
su exposición de motivos, la iniciativa panista señala que se busca otorgar al
Estado los elementos necesarios para aprovechar al máximo todos los recursos
con los que el país cuenta, allegarse de nuevas tecnologías, de inversiones
productivas y acabar con los monopolios de Estado.
Asimismo,
tiene por objeto “ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones de vida, en un
ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y el
crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y
eficientes”, reducir el costo de la energía eléctrica y consolidar la
independencia energética.
Entre
las modificaciones figura la inclusión en el artículo 27 constitucional de
concesiones que podrá otorgar el Estado, relativas a la exploración y
explotación del petróleo y demás hidrocarburos, junto con las ya contempladas
en la Carta Magna y relacionadas con la radiodifusión y telecomunicaciones.
Se
elimina del artículo 27 de la Constitución la parte en la que se establece que
corresponde en exclusiva a Nación generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica, con lo que se abre la posibilidad de que
participen empresas privadas en estas actividades.
En
este mismo artículo se incluiría que, en materia de hidrocarburos provenientes
de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de
la renta petrolera para la Nación.
Agrega
que el Estado deberá asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos
energéticos, para lo que desarrollará estrategias y programas integrales de
mitigación y adaptación al cambio climático.
Los
legisladores del PAN proponen que en el artículo 28 de la Constitución se
establezca que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva en la generación, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica ni en el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional.
Tampoco
la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos, ni la
administración de los recursos producto de la renta petrolera.
Las
concesiones relativas a la exploración y explotación del petróleo y demás
hidrocarburos serán asignadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a
través de procesos de licitación internacional abiertos a empresas públicas o
privadas, así como a asociaciones público-privadas, señala el artículo noveno
transitorio del decreto.
Este
mismo artículo indica que corresponderá a la Comisión Reguladora de Energía el
otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la
generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares.
De
igual forma las concesiones para la refinación, procesamiento, distribución,
transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos.
La
propuesta mandata al Ejecutivo federal, en un artículo tercero transitorio, a
presentar al Congreso de la Unión un programa de substitución de subsidios
generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.
En
su artículo quinto transitorio, el decreto establece que Pemex y la CFE,
propiedad del Estado, no serán parte del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) y contarán con autonomía de gestión.
Señala
también que la Cámara de Diputados, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, aprobará el techo financiero así como el nivel de
capitalización al que ambas empresas se sujetarán.
Con
dicho objeto, de acuerdo con el artículo séptimo transitorio, “el Ejecutivo
Federal deberá ejecutar, en un periodo de transición no mayor a diez años, un
plan de adaptación tendiente a lograr la disminución de la dependencia fiscal
de los recursos petroleros y a eliminar el pasivo laboral de Petróleos
Mexicanos”.
Además,
en su propuesta de modificación al artículo 28 constitucional, la iniciativa crea
un Fondo Mexicano del Petróleo, el cual se encargaría de la administración de
la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio.
Establece
también que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, organismo autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá por objeto regular la
exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones
geológicas.
En
tanto, la Comisión Reguladora de Energía regulará la generación, control
operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo
eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y
los particulares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario