El Presidente Felipe Calderón firmó en Los Pinos el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El pasado 9 de noviembre, el Presidente Calderón firmó en Los Pinos el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con ello, se avanza en la construcción de un marco normativo que procure la transparencia en la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.

El Presidente celebró que los legisladores hayan discutido, enriquecido y aprobado la iniciativa que presentó al inicio del periodo ordinario de sesiones.

Mencionó que era imprescindible reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para cerrar espacios a la opacidad y a la impunidad. Destacó algunos de los aspectos claves de la reforma, como que permitirá transparentar el gasto público, ya que la información financiera de todos los órdenes de gobierno deberá presentarse de manera clara, sencilla y accesible a los órganos de fiscalización y a la sociedad en general. Además, la reforma incorpora un nuevo apartado en la ley que aborda el tema de la transparencia y la difusión de la información en todas las etapas del ciclo hacendario. Los gobiernos deben cumplir con estándares de difusión y transparencia, como el de generar documentos dirigidos a la población de manera sencilla y en formatos accesibles, mantener la información financiera en internet por lo menos  6 años, así como incluir en los sistemas informáticos de contabilidad los documentos que justifiquen y comprueben sus gastos.

Se señalan rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, tales como sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, sus fuentes de ingresos y sus gastos de inversión. 

Esta ley ayudará a poner la lupa ciudadana sobre cuánto y cómo gastan los gobiernos federal, estatales y municipales.

También se dispone que los gobiernos difundan en internet la información relativa a la evaluación del desempeño de sus programas y políticas públicas; se prevén diversos mecanismos para hacer más transparente el ejercicio de los recursos públicos que se transfieren a las entidades federativas mediante los Fondos de Aportaciones que están asociados a políticas en materia de educación, salud, seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.

Finalmente, se incrementan las sanciones administrativas a quienes incumplan con lo dispuesto en esta ley. Ahora, la alteración dolosa de los registros contables, la omisión de información y la falta de difusión de la misma, podrán considerarse conductas graves que implicarán la destitución e inhabilitación del cargo.

Durante la presente administración se ha construido un régimen de rendición de cuentas en el que los ciudadanos ejercen un control más efectivo sobre las instituciones públicas. Con ese fin se impulsó la reforma al Artículo 6° Constitucional para establecer los mínimos legales que deben regir el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como un paquete de reformas constitucionales enfocado al ejercicio presupuestal, evaluación de resultados y fiscalización.