Les
quiero informar que en la sesión del 25 de octubre, los diputados aprobamos,
con cambios, dos artículos, el 8 y 9, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la regresamos al Senado de la República.
En
el Pleno aprobamos el dictamen en lo general con 447 votos a favor y uno en
contra.
Posteriormente,
los diputados respaldamos cambios a los artículos 8 y 9, con 427 votos a favor
y una abstención.
Al
inicio de la sesión se reservaron los artículos 8, 9, 69, 73 y cuarto
transitorio, pero posteriormente se desecharon las reservas de los artículos 69
y 73, mientras que el cuarto transitorio se retiró.
Fernando
Charleston Hernández (PRI) presentó y se aprobó una reserva en el segundo
párrafo del artículo 8, que él mismo definió como sólo de redacción, para
precisar que el Consejo Nacional de Armonización Contable “procure invitar” al
titular de la Auditoría Superior de la Federación.
La
otra modificación la presentó Silvano Aureoles Conejo (PRD) al artículo 9,
fracción IX, para que durante los plazos de la implementación de la ley, los
municipios con menos de 25 mil habitantes, así como los de usos y costumbres,
accedan a recursos federales para la capacitación y desarrollo técnico.
Los
diputados aprobamos en lo general la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
con 447 votos a favor y uno en contra
Con
447 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en
lo general el dictamen con proyecto de decreto de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, que procesó la Comisión de Hacienda tras recibir la
minuta del Senado de la República.
El
presidente de la Mesa Directiva en funciones, Francisco Arroyo Vieyra, dijo que
después de la votación en lo general, el Pleno revisará un grupo de iniciativas
para dar tiempo a los “advenimientos” necesarios para discutir la Ley en lo
particular.
La
reforma pretende que la información financiera de los tres niveles de gobierno
se presente de forma clara, sencilla y accesible, a los órganos de
fiscalización y evaluación, pero también a la sociedad en general, para
combatir el desvío de recursos.
Incluye sanciones administrativas y penales de dos a siete años de prisión, así como multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente, a quien cause daño a la hacienda pública o el patrimonio del ente público correspondiente.
Este
tema se abordó prácticamente al inicio de la sesión de este jueves con el
posicionamiento de los grupos parlamentarios.
La diputada Patricia Araujo de la Torre (PRI) dijo que esta Ley permitirá que la sociedad tenga mayor información y se involucre en los procesos administrativos que implican el manejo de recursos para poder exigir a los gobiernos mejores resultados.
También señaló que prevendrá y combatirá la corrupción y el desvío de recursos públicos a fines distintos a los programados.
El representante del PAN, Ricardo Villarreal García, afirmó que su partido avalará la transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida nacional, por ser ésta uno de los preceptos básicos de cualquier demócrata. Comentó que la armonización de la información financiera y la obligación de difundirla son pasos necesarios para evitar el desvío de recursos y evitar la corrupción.
El
diputado del PRD, Guillermo Sánchez Torres, dijo que si bien aporta
herramientas para el buen uso de recursos públicos, aún es insuficiente para la
transparencia y rendición de cuentas.
La
deuda “alarmante” de las entidades asciende al tres por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), siendo Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua,
Quintana Roo y Michoacán las más endeudadas, señaló.
Tomás
Torres Mercado (PVEM) destacó que la minuta aborda dos ejes fundamentales:
principios y reglas para la contabilidad gubernamental de todos los entes
públicos y principios, para dar un sentido homogéneo a la información del uso
del origen y destino de las finanzas públicas.
Juan
Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) indicó que la nueva ley
impactará en la forma de fiscalizar el gasto en estados y municipios y su
rendición de cuentas. Sin embargo, quedará pendiente enfrentar la corrupción
imperante en el país, dijo.
Ricardo Cantú Garza (PT) reconoció que esta ley aporta instrumentos para combatir y sancionar el desvío de recursos públicos y abona a la transparencia y rendición de cuentas.
María
Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) dijo que “se le cerrarán espacios a la
corrupción y a la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, al
hacer accesible la publicación de la información financiera antes, durante y
después del ciclo presupuestario”, dijo.
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