Amigos:
En
la sesión del pasado 30 de abril, los diputados aprobamos por unanimidad, por
382 votos a favor, un dictamen para impulsar la educación inclusiva en el
sistema nacional y establecer en la Ley General de Educación que todo individuo
tiene derecho a recibir enseñanza en condiciones de equidad.
El
proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Educación en materia de educación inclusiva, deviene de una minuta
del Senado, modificada por la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de San Lázaro, por lo que se regresará a la cámara alta.
El
dictamen establece en la legislación que todos los habitantes del país tienen
las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Con
este objeto, señala que las autoridades educativas deberán desarrollar
programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos
con discapacidad y aptitudes sobresalientes.
Dicha
capacitación “promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los
educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar
a la comunidad educativa sobre esta condición”, indica.
Agrega
que la autoridad educativa federal también deberá editar los materiales
educativos y libros de texto gratuitos en formatos accesibles.
Además,
deberá garantizar que los planteles de educación básica regular cuenten con
edificios e instalaciones accesibles, para favorecer la atención de personas
con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o
de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.
Sin
embargo, esto no cancelará su posibilidad de acceder a escuelas de educación
especial.
El
dictamen plantea, asimismo, que entre los fines de la educación que imparta el
Estado se incluya fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de
inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.
También
proyecta que las instituciones del sistema educativo nacional impartan
enseñanza de manera que permita al estudiante su plena inclusión y
participación en la sociedad.
Propone
también que las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que
tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, puedan impartir
educación y obtengan apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para
capacitar a su personal.
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