No más de lo mismo

Para dar legitimidad a la democracia, los órganos electorales deben actuar al margen de los intereses del grupo en el poder

 

Llevada a cabo una elección, es requisito sine qua non asegurar a la ciudadanía que el proceso se dio en estricto apego a lo que establece la Ley, al margen de quienes hayan sido los candidatos de su preferencia. No debe ser de otra manera, porque cuando esto no se cuida, se pone en jaque la confianza de los electores en los órganos encargados de organizar, conducir y vigilar los comicios y esto daña sustantivamente a la democracia. Es de sanidad política asegurar que hubo equidad en las elecciones, que el piso estuvo parejo para partidos y contendientes, que no haya la mínima duda de que esto no ocurrió así. No ha sido fácil el tránsito de nuestro País en esa dirección. La cultura imperante sigue siendo la impuesta por un sistema que a pesar de ser tan añoso, artrítico y espantosamente plagado de mañas, instaurado por el partido Revolucionario Institucional, está viva y en práctica. La legislación electoral que regula los comicios a lo largo y ancho de nuestra noble tierra, sea federal o local, tiene un denominador común que la “inspira”: la desconfianza. Y no obstante la ristra de candados, violar las disposiciones es el deporte favorito y lo que agrava el fenómeno es la impunidad en la que queda. De nada sirve que la ley disponga quienes son los únicos que pueden recibir, por ejemplo, la votación en la casilla, porque al final del día, con toda desvergüenza pueden quedar, como quedaron en la elección del 4 de junio en Coahuila, en un buen número de ellas, personas que ni siquiera pertenecían a la misma, como funcionarios. El acarreo está tipificado como delito, ¿y qué? Lo hacen a ojos vistas, cuentan con los taxis de las centrales adscritas al sindicato, cómplice del régimen; también está prohibido comprar el voto, ¿y qué? Dentro de las prácticas corruptas electorales ocupa el número uno sobornar votantes, hacerse de fondos para la campaña vía promesas de beneficios ilegales, como son concesiones, licitaciones amañadas en lo oscuro, incluso compra de candidatos de la oposición para que hagan mutis en plena contienda, manejo encubierto de gastos de campaña para no pasarse de los topes establecidos. Les vale una pulga y dos con sal violentar los paquetes sellados tras concluir la jornada, para hacer todos los cambios que estimen necesarios y ganar a como dé lugar, y no es ningún secreto. El asunto es que no pasa nada. No hay castigo y por eso continúan haciéndolo. “La corrupción sistémica ha invadido los procesos electorales”, palabras textuales de Jaqueline Peschard, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Y tristemente, tiene razón.

Coahuila es una entidad federativa que jamás ha tenido alternancia, los dos últimos sexenios encabezados por miembros de la familia Moreira, han sido los más desastrosos en muchos ámbitos del quehacer público, el electoral es uno más. El proceso eleccionario vivido el 4 de junio fue un abanico de muestras de cuanto se debe hacer para ganar una elección por encima de la Ley y con la complacencia y/o la complicidad del árbitro. La autoridad electoral local (IEC) se vio ciega, sorda, en permanente genuflexión ante el Gobierno moreirista, y al INE distante, absorto en otros asuntos de mayor importancia, según sus cánones, ya que Coahuila nunca fue prioridad. La percepción que en este momento tienen los coahuilenses de su actuación es de absoluta desconfianza. Y esto no es para festinarse. No es necesario ser el FBI para darse cuenta de los ríos de dinero público que se destinan para apuntalar al delfín del mandamás y anexos – despensas, compra de votos, tarjetas, pago de operadores, medios cubiertos con largueza–, sin recato alguno. Y el triste papel de la Fepade: mirón de palo. La democracia mexicana es una de las más caras del continente, 18 dólares cuestan los votos en México contra 29 centavos de dólar en Brasil, de conformidad con estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Necesitamos repensar el modelo. Las elecciones se han convertido en un espacio ad hoc para derrochar miles de millones de pesos, y esto es inadmisible en un País en el que existen tanta pobreza y marginación. El gasto tiene que reducirse, hay demasiada burocracia de por medio, financiamiento excesivo a los partidos políticos, órganos locales electorales que no justifican su quehacer de promotores de la participación cívica y que le cuestan anualmente un dineral a los contribuyentes. Que haya un solo instituto electoral, no más, el INE tiene carácter nacional. Es fundamental que se limpie el proceso eleccionario de Coahuila del 4 de junio y que se sancione a quien o a quienes resulten responsables. Cuando esto escribo está llevándose a cabo la sesión del Consejo General del INE. Yo creo en el imperio de la Ley y es todo lo que exijo, que ésta se aplique. Y lo mismo para la autoridad jurisdiccional, en su momento.

La impunidad debe combatirse. Cuando haya sanciones ejemplares, cuando se instaure en la conciencia de todo el mundo, cuando quien la hace la paga, le van a pensar dos veces antes de obrar como lo hacen quienes están acostumbrados a pasarse las disposiciones jurídicas por debajo de las extremidades inferiores. Carecemos de un sistema de pesos y contrapesos, ciñéndome a Coahuila, no existe, por eso, el abuso de quien tiene el poder, es absoluto. La impunidad institucionalizada se ha fortalecido con creces con la complicidad, de ahí que la corrupción sea un cáncer in crescendo. Lo vivido en el proceso eleccionario de este año es una fotografía fidedigna del grado de descomposición descrito en estas reflexiones que me permito compartir con usted. 

“La corrupción es irreversible cuando ha llegado a podrir el alma de una nación”, decía la famosa escritora Taylor Caldwell. Yo espero con todo mi corazón que no hayamos llegado ya, hasta ahí.