Amigas y amigos:
Les
informo que hoy, los diputados aprobamos en lo general y en lo particular, con
424 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, mayoría calificada, la
minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en
materia de Transparencia.
La
minuta fue remitida a los Congresos de los estados para su trámite
constitucional correspondiente.
Las
modificaciones están orientadas a crear un órgano autónomo constitucional,
encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de
datos personales en manos de particulares y la transparencia.
También,
para facultarlo a actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los
institutos de los estados para asegurar el derecho de acceso a la información.
Con
ello, se garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y
sindicatos, la cual sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público o de seguridad nacional.
Se
plantea, asimismo, que el consejero jurídico del gobierno podrá interponer
recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los
términos que establezca la ley y sólo en caso de que las resoluciones del
órgano garante puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Se
establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer las
controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la
constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a
los principios de actuación” del nuevo órgano garante.
Del
mismo modo, se precisa que el número de comisionados pasará de cinco a siete y
serán elegidos con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
en el Pleno del Senado.
También,
que los comisionados que conforman el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, podrán formar parte del nuevo organismo,
previa petición formal al Senado de la República, y únicamente por el tiempo
que reste al nombramiento del que fueron objeto en el IFAI.
Al
fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD),
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que con esta
votación se concluye la reforma constitucional que fue turnada por el Senado de
la República como minuta en diciembre de 2012.
Recordó
que el pasado 23 de agosto, esta soberanía aprobó el dictamen en sesión
extraordinaria y lo remitió a su colegisladora con algunos cambios, mismo que
le fue devuelto el 20 de noviembre con otras modificaciones.
Reconoció
que se trata de un tema controversial, pero destacó la pretensión esencial es
legislar por una transformación trascendente de las instituciones, “por atender
el compromiso con la ciudadanía de dotarla con instituciones a la altura de sus
demandas de transparencia y rendición de cuentas”.
“Los
legisladores coincidimos en que nuestra obligación fundamental es construir un
Estado democrático y transparente; con pleno y cabal ejercicio en la rendición
de cuentas, ambas acciones y prácticas constituyen una responsabilidad de todos
los entes del Estado en sus diversos órdenes de gobierno”, subrayó.
El
diputado Moreno Rivera manifestó que existe una amplia coincidencia en que una
transparencia clara y precisa fortalece el ejercicio del Estado y que la
transparencia es un poderoso instrumento democrático del que nadie puede
sustraerse.
Agregó
que la transparencia se materializa cuando se plasman los recursos idóneos que
posibiliten el acceso a todos los ciudadanos a la información y a la rendición
de cuentas.
Al
fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, Lizbeth Loy Gamboa Song,
del PRI, dijo que su partido está plenamente convencido de que es urgente y
necesario garantizar el derecho constitucional a la información, en todos los
ámbitos de la vida pública.
Resaltó
que la rendición de cuentas y la transparencia van de la mano en una gestión de
gobierno moderno y democrático. Agregó que con la aprobación de la reforma en
materia de transparencia se coadyuva con el presidente de la República a
cumplir un compromiso que debe ser indeclinable en toda la administración
pública.
“Más
sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos. Pongamos el
ejemplo. Todo aquel ente que ejerza recursos públicos debe ser sujeto obligado
de transparencia”, concluyó.
Mi
compañero, el Marcos Aguilar Vega, del PAN, consideró que la reforma
constitucional que concluye, modifica ocho artículos del texto constitucional y
representan un avance democrático importante para nuestro país.
Mencionó
que con esta reforma, México vivirá una profunda transformación que dará pie a
instituciones más fuertes, procedimientos más claros para los ciudadanos y
habrá más sujetos obligados a otorgar la información de la cual son depositarios.
No
obstante, abundó, aún falta una reforma de carácter legal para fortalecer la
estructura jurídica. “En un país donde la corrupción está enquistada, para
alcanzar el anhelo de un Estado democrático, falta mucho por hacer. Debemos
empatar la agenda tanto en materia de transparencia como en materia de
rendición de cuentas”, dijo.
Fernando
Belaunzarán Méndez, del PRD, destacó que apenas se ponga en marcha el nuevo
IFAI, se verán los resultados, porque existe un elemento clave que es la
inatacabilidad de las resoluciones.
Indicó
que un problema de México ha sido el presidencialismo autoritario, que ha
traído arbitrariedad, corrupción e impunidad; sin embargo, añadió, un elemento
clave para el equilibrio y los contrapesos es la creación de órganos autónomos,
que equilibran el poder y la fuerza.
Agregó
que con esta reforma se avanza, pero falta el combate a la corrupción.
Laura
Ximena Martel Cantú, del PVEM, comentó que el acceso a la información pública y
la transparencia es un tema medular de los derechos humanos, el cual, de
conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, es la garantía fundamental que toda persona posee, así como la
protección de sus datos personales.
Reconoció
que el derecho a la información en sí mismo no garantiza un rendimiento de
cuentas objetivo, veraz y oportuno, sino que debe complementarse con un
organismo autónomo, con capacidad técnica para evaluar los procesos y
resultados, fortalecido, dotado de autonomía constitucional, y sobre todo, que
goce de la confianza y el aval de la sociedad.
“Un
organismo fuerte constitucional y moderno implica una transformación cultural
profunda, en la concepción y práctica del servicio público, ya que significa
someter a la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al
escrutinio crítico de la sociedad”, señaló.
Ricardo
Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, consideró que las normas jurídicas que
se creen, que vayan encaminadas a la transparencia y la rendición de cuentas,
nos parecen loables. Sin embargo, en el presente caso, en la discusión de esta
minuta que proviene del Senado, “nos parece que el contenido es insuficiente,
incompleto, incluso tibio, timorato, y lo más grave es que adolece de vicios,
tiene vicios en el procedimiento legislativo”.
La
transparencia y la rendición de cuentas de los órganos públicos son asignaturas
pendientes en el país, aseguró.
Creemos,
dijo, que “frente a la enorme corrupción que prevalece en el país, frente a la
decadencia política que se profundiza, frente al dispendio, al abuso en el uso
de recursos públicos, frente a la república de la hipocresía, el país esperaba
una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que
aquí he escuchado en discursos, sobre todo cuando se conmemoran eventos
históricos”.
José
Alberto Benavides Castañeda, del PT, opinó que la minuta no da como resultado
el gran avance que necesitaba el país en materia de transparencia. Incluso,
agregó, en algunos aspectos se incurre en un retroceso caracterizado por un
centralismo que otorga un poder exclusivo de manera innecesaria que poco abona
hacia un sistema claro y objetivo de rendición de cuentas.
Destacó
que con las modificaciones hechas a la Constitución, el IFAI tendría
competencia sobre los órganos de transparencia de los estados y del Distrito
Federal. “Con el mecanismo de designación de los comisionados sigue la esencia
del reparto de poder a través de las cuotas a favor de los partidos
mayoritarios, lo que implica una simulación de autonomía”, puntualizó.
Luis
Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, consideró que el derecho a la
información es una piedra angular que define a un Estado democrático. La
transparencia sobre los asuntos públicos posibilita que la toma de decisiones
esté orientada de manera fundamental al interés general, ya que la menor
opacidad en las instituciones públicas y gubernamentales permite que la
rendición de cuentas sea un mecanismo efectivo de control ciudadano.
Refirió
que Nueva Alianza entendió la importancia y alcance de la reforma que concede
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el
carácter de autonomía de cualquier otra instancia gubernamental, condición
esencial para realizar con suficiencia su valor, garante de la transparencia
amplia, aspecto que solo nuestra Constitución Política puede otorgar y hoy
reiteramos nuestro beneplácito.
Se
pronunciaron a favor de la minuta los diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz y
Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, así como Areli Madrid Tobylla, del
PRI, quienes coincidieron en que la reforma permitirá consolidar las
instituciones y se fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas.
Al
manifestarse en contra, los legisladores Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del
PT; Ricardo Mejía Berdeja y Luisa María Alcalde Luján, del Movimiento Ciudadano,
subrayaron la insuficiencia de la reforma para garantizar la transparencia.
El dictamen aprobado atañe a los artículos 6o, fracción VIII, párrafos primero,
octavo y décimo; 73, fracción XXIX T; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción
VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ) y, el tercero transitorio,
modificados por la Cámara de Senadores.
Les comparto la minuta para su consulta.
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