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sábado, 22 de noviembre de 2014

¿Hacia dónde lleva al país, señor presidente?

22 de Noviembre 2014

Estamos en presencia de un sacudimiento de proporciones inimaginables al vetusto sistema político mexicano. La vinculación entre el narcotráfico y estructuras del propio gobierno podridas por la corrupción institucionalizada que desde hace años existen en este país, hoy día están desafiando la vigencia del orden normativo. Los hechos acontecidos en el Estado de Guerrero han puesto en proyección internacional la evidencia irrefutable de que ya no es posible seguir sosteniendo la farsa del “aquí no pasa nada y todo está bien”, que se pregona en el discurso del gobierno en turno.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene una oportunidad de oro para invertir el proceso de descomposición que hoy se está viviendo. Todos los efectos del errado ejercicio del poder público, hoy están cobrándole un precio muy alto, que infortunadamente también está pagando la población.

Las carencias del Estado, hoy a su cargo, están a la vista. No hay instituciones dignas de confianza en la investigación de los delitos cometidos, y este ingrediente es toral, por la certeza que aporta a los resultados. Tampoco la hay para el órgano jurisdiccional.

Tenemos un Estado con los brazos rotos. La obligación mínima del Estado con sus gobernados es salvaguardar la seguridad pública, pero aquí no hay ninguna. Hoy cualquiera puede ser secuestrado y hasta asesinado, y el perpetrador difícilmente será aprehendido, menos juzgado y sentenciado.

Si el titular del Ejecutivo empezara por reconocer las debilidades del sistema, habría un avance importante hacia la solución, porque sería un acto de lealtad y de respeto del primer mandatario del país hacia sus mandantes. Si la actitud del PRI y sus aliados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión fuera de apertura para hablar de un crimen que lacera la parte más sensible de los seres humanos, también se podría empezar a transitar a un escenario distinto al exhibido el jueves de esta semana.

Hay paradigmas que deben YA ser modificados. La defensa a ultranza del Jefe del Ejecutivo debe moderarse. Se entiende perfectamente que el presidente Peña Nieto es un miembro del PRI y que sus correligionarios tenderán a escudarlo, pero no al grado de impedir que se hable sobre el asunto. En Coahuila, durante la 58 Legislatura, los legisladores príistas se dedicaron, sin dar una sola razón, a impedir que comparecieran Humberto Moreira y/o Javier Villarreal ante el pleno, por el tema de las irregularidades con las que se contrataron los créditos, y mire usted, las consecuencias.

El Presidente Peña Nieto afirma que derivado del sufrimiento causado por el caso Iguala, han venido ocurriendo movimientos de violencia cuyo objetivo pareciera responder a un interés de generar desestabilización y de atentar contra el proyecto de nación que él encabeza. Se le olvida que es presidente de todos los mexicanos, incluso de quienes no votamos por él, y que su deber es conciliar cuanto haya que conciliar, por más dispar que parezca. Esa es su tarea principal.

Lo que hoy está sucediendo en la calle, en strictu sensu, ya no es únicamente por la tragedia Iguala-Ayotzinapa, se ha ido convirtiendo en una especie de carrusel en movimiento al que se han ido subiendo otras expresiones de disgusto popular, que vuelven más difícil la solución del problema. No haber agarrado el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, desde un principio, ha permitido la infiltración de fundamentalistas, que no tienen otro objetivo que el de perpetrar saqueos, robos y depredaciones en perjuicio de bienes privados y públicos. A grosso modo, estamos ante la comisión de acciones típicas de una situación de rebelión, prácticamente ante la primera etapa de una guerra civil. Si el gobierno no la contiene, con inteligencia, puede transitar a un segundo momento, que es el de la insurgencia.

Y un encarecido y respetuoso llamado al presidente Peña Nieto, no permita que ningún miembro de su familia vuelva a insultar la inteligencia de los mexicanos, fue deprimente escuchar a su esposa en proyección nacional. Y finalmente, no es ninguna concesión graciosa el que usted haya hecho pública su declaración, desde el primer día de su mandato debió incluso hasta volantearla.

martes, 11 de noviembre de 2014

Más fuerte el miedo que la repulsa

8 de Noviembre 2014


El 90 por ciento de los delitos en México no se denuncian, porque quienes los sufren NO LE TIENEN CONFIANZA A LA AUTORIDAD, le tienen miedo, mucho miedo.


Nuestro país está viviendo tiempos difíciles, y cuando esto sucede, es pertinente reflexionar al respecto. No es asunto menor lo que hoy ocurre. Hay una crisis que ha puesto en jaque la autoridad del estado, que exhibe lo que ocurre cuando quien tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la ley, no lo hace, y además se colude con quienes la están violentando. Estamos ante la evidencia inobjetable, de lo que la corrupción consentida y arropada en la impunidad, pueden hacerle al grueso de una sociedad acostumbrada a ver sus estragos, SIN CHISTAR. 

Un elemento sustantivo de la democracia es la opinión pública, su contribución a la institucionalización de la misma ES IMPRESCINDIBLE. Como expresara el jurista británico Albert Venn Dicey,  la democracia como ningún otro sistema, es “un gobierno de opinión”, de modo que los gobernantes tienen el deber de construir el andamiaje para que los gobernados puedan ser oídos. La opinión pública podemos entenderla como la orientación o posición política en una determinada sociedad. Es pertinente, destacar, que el Estado tiene órganos constitucionalmente establecidos, investidos de facultades y competencias para actuar, y que no están obligados a convertirse en ejecutores de la opinión pública, sin embargo no atender lo que ésta les “mandata” en la realidad que se respira en las calles, lo debilita y lo expone a situaciones como las que ahora están ocurriendo en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, aquí en Coahuila hay 300 almas en Allende de las que ninguna autoridad ha dado cuenta. El maestro alemán Reinhold Zippelius expresa con claridad meridiana que: “En la democracia representativa, la orientación conforme a la opinión pública, no puede significar que exista una relación de ejecución frente a todo movimiento que esta opinión registre, sino que más bien quiere decir que la acción del Estado debe mantenerse dentro del cauce de aquellas ideas éticas y políticas que son idóneas, en la respectiva situación histórica, para captar el consenso de la mayoría”. 

En palabras llanas, en México la opinión de la población, al Estado, lo tiene sin cuidado, la exclusión de ésta en su toma de decisiones, en la concepción de sus políticas públicas, en su quehacer de garante de la seguridad de sus gobernados, que es el mínimo de cuanto está obligado a otorgar, no aparece en el listado de sus prioridades. El estallido social ya se está dando, hoy es Guerrero en su punto más álgido, pero Michoacán, Chiapas y Oaxaca transitan por la misma e infausta ruta. La pobreza en la que vive el grueso de los habitantes de aquellas latitudes ha sido el caldo de cultivo ad hoc para que la delincuencia organizada se enraíce y se multiplique, y el contubernio con políticos sin escrúpulos, con voracidad sin fondo, y con poder – porque se necesita poder para “cobijarlos” en la impunidad - han generado este infierno.

Cuando esto escribo, el Procurador General de la República, da cuenta del horrendo hallazgo. Los muchachos de Ayotzinapa están muertos. ¿Dimensiona usted el tamaño de la tragedia? Porque es una tragedia. Hagamos nuestro el dolor de la muerte espantosa a que los sometieron, hagamos nuestro el dolor de sus padres y hermanos, porque debe ser tan nuestro como de ellos. Lloremos porque esos crímenes son victoria para los perpetradores y derrota para todos los que estamos vivos. No sé, lo digo así, NO SÉ si se hará justicia, no sé si va a castigar a los culpables - el exalcalde solo es un peón en el tablero –, pero a TODOS. No sé si el asesinato de 43 personas va a quedar impune, igual que el de los copreros hace 30 años, o el de los campesinos de Aguas Blancas.

Solo sé que en cualquier momento, cualquiera de nosotros o de nuestros seres queridos, podemos ser la próxima víctima. El 90 por ciento de los delitos en México no se denuncian, porque quienes los sufren NO LE TIENEN CONFIANZA A LA AUTORIDAD, le tienen miedo, mucho miedo.
 

sábado, 1 de noviembre de 2014

La zona gris…

1 Noviembre 2014
Entre lo que se dice y lo que se hace, como dice la canción, “hay una distancia inmensa”. Los políticos suelen prometer el oro y el moro para acceder al cargo y llegados ahí, si te vi ni me acuerdo. Pero esto hoy día, siendo tan deleznable, ya no es lo peor. Lo que está sucediendo en el estado de Guerrero ha ido sacando algo más cruento y peligroso. Estamos ante uno de los fenómenos más escalofriantes de nuestra realidad doméstica.

Los expertos en Criminología explican con claridad meridiana la forma en que el crimen organizado se transforma en mafia. Monta estructuras empresariales para ocultar sus actividades, aprovechando la corrupción y/o la permisividad de las instituciones de gobierno, con las que se alía. Este “ayuntamiento” deja a salvo todas las acciones de las que se vale para amedrentar a la comunidad, como la coacción, la extorsión, el soborno, el chantaje, etc. Y su “acto cumbre” va más allá de influir en las decisiones de los que gobiernan, corona cuando se convierte en gobierno, porque ya son gobierno, usted lo sabe.

La mafia y las redes del crimen organizado jamás prosperarían si no existiera su convivencia con el gobierno. La corrupción política es su aliada. Iguala es triste ejemplo de este maridaje. Hay un alcalde prófugo – el rico del pueblo - , que se convirtió en primera autoridad política porque hubo un partido que le dio su aval -  aunque hoy se lancen sapos y culebras y nieguen los ínclitos dirigentes “el padrinazgo” – con una esposa vinculada con la mafia lugareña, también en fuga – aunque la desconozcan sus propios parientes - que ganó una elección, porque la mayoría de los electores así lo decidió y/o lo permitió.

La democracia entendida como estado social de derecho y las formas de corrupción de cualquier orden, SON INCOMPATIBLES. De tal suerte, que donde hay corrupción, no puede haber democracia. En los gobiernos democráticos no hay ausencia de valores ideológicos, éticos y morales, es su vacío lo que provoca que los ciudadanos no tengan referencias válidas dentro del sistema, y entonces ni confían, ni creen en él y LO RECHAZAN, pero no saben cómo deshacerse del mismo, y entonces se enraíza y se vuelve más difícil combatirlo.

Las actividades ilegales desde el punto de vista normativo, o bien, legales pero inmorales y no éticas desde el punto de vista social, se desarrollan de dos maneras: la primera estriba en apropiarse de bienes, empresas o instituciones que provean fondos para financiar actividades políticas, a través de grupos de presión fuera o dentro de los propios aparatos de los partidos políticos y la segunda es lo que se conoce como “crimen organizado”, cuya finalidad es la utilización de organizaciones delictivas que funcionan a partir de una decisión consciente y deliberada, y desarrollada en forma sistemática y organizada. Crecen y se fortalecen con mayor facilidad en aquellos lugares en los que la pobreza y la marginación no han sido superadas, ahí el clientismo, el padrinazgo, el populismo, son instrumentos “inmejorables” para operar. La falta de valores democráticos permite el desarrollo de este tipo de organización corporativista. La cooptación, la obediencia ciega, el servilismo, sustituyen la solidaridad social, la tolerancia, la justicia y obviamente la resolución de problemas democráticamente.

Los partidos y grupos políticos de clara tendencia antidemocrática tienen mucho en común con las organizaciones delictivas, tan es así que se utilizan mutuamente y hasta se asocian. Compartiendo en ocasiones las mismas redes de lavado y legalización del dinero, los mismos asesores legales y financieros y, en muchos casos, los mismos aparatos logísticos de la clandestinidad marginal. Y entonces se generan espacios en los que ya no se diferencia entre actos de gobierno y delincuencia, es una especie de zona fronteriza entre los valores democráticos y el mundo antidemocrático, entre lo ético y lo inmoral. Los estudiosos del tema le llaman “zona gris”. Guerrero es una de esas zonas, pero no es la única, mire usted a su derredor. La mancha se esparce de manera vertiginosa, y si no reacciona el aparato del estado EN SU CONJUNTO, presionado por una ciudadanía que es la dueña de México – no alrevés- , nomás imagine a qué estamos condenando a los niños y a los jóvenes de nuestro país, y a todos lo que aún no han llegado, nomás calibre la magnitud de la hecatombe de la que seremos cómplices.  

Esther Quintana SalinasImagine a quÉ estamos condenando a los niños y a los jóvenes de nuestro país, y a todos lo que aún no han llegado, calibre la magnitud de la hecatombe de la que seremos cómplices