Cuando el agua no es vida...

El agua debe de ser vida, no muerte. A ver si nos enteramos y empezamos a guardarle respeto a la naturaleza

Culpar a la naturaleza de las catástrofes que se producen cuando nos hace sentir la magnitud de su fuerza inconmensurable, no es válido, porque en gran medida los desastres que han sufrido diversas regiones de nuestro país, están relacionados directamente con la acción humana. Los últimos días, la combinación del cambio climático con la falta de previsión, la permisividad irresponsable de la autoridad para que se habiten zonas de alto riesgo o el deterioro del entorno natural generado por las alteraciones al suelo, dieron como resultado pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Sin lugar a duda el grado de desarrollo se vincula estrechamente con la propensión a padecer desastres naturales, y estos a quienes afectan con más rudeza es a los más pobres, porque su vulnerabilidad está a flor de piel. Con esto no quiero decir que al resto de la sociedad no le dañe, claro que les daña, pero su capacidad para palear la hecatombe es mayor.

Toca a los gobiernos privilegiar la implementación de estrategias para prevenir las catástrofes naturales. El cambio climático NO ES UN MITO, está empeorando las cosas, por eso es NECESARIO que haya una acción concertada, porque a lo que se ve, los desastres naturales que vendrán serán más devastadores, pueden convertirse hasta en una amenaza para la seguridad no solo nacional, sino internacional. A más de que si no se previene su disminución, va a resultar más difícil combatir la pobreza y la marginación que castiga a muchos mexicanos.

Los desastres naturales tienen cuatro etapas: prevención, preparación, respuesta inmediata y recuperación. Pero surgen cuestionamientos de que es más caro: ¿prevenir o recuperarse? Es cierto que el valor de pérdida de la propiedad en países desarrollados es más alta  que en los pobres, en términos económicos, pero no debemos perder de vista que en aquellos en los que no existe infraestructura, ni instrumentos o sistemas que coadyuven a hacerle frente al desastre, la probabilidad de que el evento se convierta en calamidad, pues no tiene nombre. De ahí, que por lo general, los países ricos opten por invertir en prevención, como son, mejores prácticas, tener mapas de peligrosidad y riesgo, estar al día en acceso a sistemas de alerta rápida, y trabajar en la formación y sensibilización de su población para que entiendan la magnitud de lo que puede evitarse si se cuida y se aprende a respetar el medio ambiente.

Las catástrofes naturales no pueden predecirse, no tiene discusión, entonces es hora de que empecemos a cambiar nuestra forma de vida, porque eso sí está en nuestras manos hacerlo. ¿Cuántos millones de mexicanos viven en lugares proclives al desastre? ¿Cuántas situaciones extremas más tienen que padecerse para que los gobiernos de los TRES NIVELES asuman su función con responsabilidad y tomen a las personas como eje central de las políticas urbanísticas y de planeación demográfica, y dejen de concebirlas como instrumentos electoreros?

Sacarse fotos y repartir abrazos y palmadas a los destinatarios de los embates de la naturaleza en la zona arrasada NO RESUELVE NADA. Eso es mediático. Lo que se requieren son hombres de estado comprometidos con la responsabilidad que les encomendaron sus gobernados. ¿Cuánto va a costar la reconstrucción de lo que se llevó el agua en el estado de Guerrero, que es el más dañado por “Ingrid” y “Manuel”, y los producidos en todas las demás entidades federativas? ¿Y todo el dolor de los que perdieron seres queridos, y la desazón y el desaliento de los que se quedaron sin nada de lo que constituía su ya de por sí magro patrimonio?

El agua debe de ser vida, no muerte. A ver si nos enteramos y empezamos a guardarle respeto a la naturaleza, y sobre todo, enseñamos a nuestros hijos a amarla y cuidarla. Es el colmo de la soberbia no entender su grandeza y el tamaño de nuestra pequeñez.

Y con la misma piedra...

¡Qué vergüenza que un gobierno extranjero esté haciendo lo que no hizo el gobierno mexicano!

Sigue imponiéndose la conclusión hoy día de que la política es una actividad asociada con el doble lenguaje, con las verdades a medias y con el ejercicio permanente de la simulación. En Coahuila sabemos de eso.

Es francamente descorazonador que la actuación ayuna de ética de muchos gobernantes le hayan impuesto a una disciplina tan noble del quehacer humano, un lastre tan despreciable como el que arrastra. Por eso no hay apego de la población a cuanto tenga que ver con su existencia.

Ofrecer, cuando se anda pidiendo el voto un programa que a sabiendas no va a cumplirse, equivale  a especular con la credibilidad y la confianza del elector, a jugar a la mala con sus necesidades, porque le genera expectativas que nunca habrán de cristalizar. Es actuar con cinismo, y cuando esto ocurre se corroen los cimientos de la democracia, porque la democracia nace de la honradez de la palabra. A Coahuila, durante la administración que inició Humberto Moreira y concluyó con el interinato de Jorge Torres López, le depararon ese trato. Y es fecha que ninguno de los responsables ha salido a dar la cara para pedir perdón a los burlados.

Es fecha que se desconoce a donde fueron a parar los 36 mil millones de pesos que registra la mega deuda con la que le comieron a la entidad la posibilidad real de crecimiento y desarrollo económico y social, y no hay un solo funcionario de altos vuelos, no de los del tercero o cuarto circulo de la administración, que haya sido llamado a cuentas por eso.

Se robaron el dinero de generaciones que ni siquiera los eligieron, sin remordimiento alguno, cobijados en las enaguas amplísimas de la impunidad que reina en nuestro país, que es parte de la cultura amasada en décadas de permisividad y de impudicia, tolerada por un pueblo que sigue sin entender que los asuntos públicos si son de su incumbencia.

Los mexicanos no nos hemos ocupado de dejar claro a quienes elegimos para el cargo público, que no es para que hagan del mismo un perjurio, ni del oficio una mentira, ni de la encomienda un cinismo. Por eso el cinismo de la autoridad no sabe de mesuras, y esto conlleva a generar en la ciudadanía además de la pérdida de confianza, una confusión destructiva que parte de que todos los políticos son iguales, aunque no sea así.

Y todo esto largo preámbulo, generoso lector, obedece a que estoy consternada, más dolida que nunca, por la publicación del periódico “San Antonio Express News”, en el que se da cuenta que Jorge Torres López, junto a Javier Villarreal, habría canalizado millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos como parte de la malversación de fondos del Gobierno de Coahuila, derivado esto de una demanda civil presentada el martes pasado en Corpus Christi, que llevó a la Fiscalía a solicitar a la autoridad jurisdiccional que se “confiscara una cuenta de 2.8 millones de dólares albergada en Bermudas, misma que pertenecería a Jorge Juan Torres López, exGobernador interino de Coahuila”.

¡Qué vergüenza que un gobierno extranjero esté haciendo lo que no hizo el gobierno mexicano! No me atrevo a asegurar que el señor Torres López es culpable, porque solo la autoridad judicial puede sentenciarlo, pero que pena que en mi tierra la impartición de justicia de para tanto mugrero.

La democracia implica la toma de conciencia del pueblo de que lo es, de decidir sobre su libertad y su historia y de lo que sueña y quiere para mañana. Y quien se atreve a usurpar esa conciencia, mal utilizando su mayoría en el Congreso local, se convierte en dictador. Cuando en Coahuila la mayoría priísta le cubrió a la administración moreirista su desaseo - quiero ser educada - con la aprobación de la nueva Ley de Deuda Pública, la entidad dejó de ser libre y soberana y se convirtió en...Usted póngale el nombre y hágase cargo...

Propuestas de Reformas en Materia Política-Electoral del PAN

Presentacion temas 17 Sep Ver 17hrs Cuota de Género

Cápsula Informativa. La Reforma Educativa

¿Quiénes tienen que esforzarse, Sr. Videgaray?

 

Por Esther Quintana Salinas

Señor secretario... ¿sabe usted lo que significa para los clasemedieros pagar colegiaturas en escuelas particulares? Privarse de muchos satisfactores

Tuve la oportunidad de asistir a una reunión de legisladores de mi bancada con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hace apenas unos días, con motivo de la Reforma Financiera. Nos manifestaba en aquel momento que era un compromiso del gobierno de Peña Nieto, generar condiciones desde el ámbito de la normatividad, para que las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieran acceso a créditos bancarios más baratos; enfatizó, que la banca de desarrollo tiene una función eminentemente social y que debía cumplir con ella. 

Ya fue aprobada la Reforma Financiera, y sin ser la panacea, mucho de lo que ahí se contiene va encaminado a detonar la productividad en este país y por ende, riqueza económica traducida en creación de nuevos empleos, y estos a su vez en bienestar para los mexicanos. Y a escasos días envían un paquete de leyes en el que plantean cómo propinarle un golpe de muerte al bienestar que presumiblemente quieren darle a los mexicanos. Porque eso es lo que entraña la Reforma Hacendaria del gobierno que lidera Enrique Peña Nieto. Y que sea el mismo Videgaray quien salga a decir que la clase media tiene que esforzarse más ... ¿Más? ¿Quieren más esfuerzo de este sector de la población? 

El grueso de la población económicamente activa (PEA) es la que está en la CLASE MEDIA, es la cautiva de la SHCP, es la que carga con el grueso de los impuestos que mueven a México. “La clase alta es sólo 5 por ciento de la población, la pobre y con una carencia de satisfactores es el 20 por ciento, pero tenemos que 75 por ciento de los mexicanos están en la clase media y somos todos”, afirma Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

Dice Videgaray que “los más pobres utilizan sus ingresos en alimentos y medicinas, no en colegiaturas”. Por eso, señor secretario... ¿sabe usted lo que significa para los clasemedieros pagar colegiaturas en escuelas particulares? Privarse de muchos satisfactores, porque están privilegiando la única herencia que sus hijos pueden acrecentar el día de mañana: su educación. 

Nada más calibre el desorden, para utilizar una palabra educada, que existe hoy día en la escuela pública. Y ahora han decidido fastidiar con este IVA a quienes les salen debiendo. En este país no debieran existir las escuelas privadas, don Luís, siempre y cuando a las públicas no las hubiera encancerado la corrupción que su partido institucionalizó con el amasiato con líderes sindicales. ¿En qué escuelas públicas estudian sus hijos y los del presidente Peña Nieto?

Y el aumento al ISR a quienes ganan más de 500 mil pesos al año. ¿Quiénes ganan más de esta cantidad al mes? Clase media, secretario. Y de ese ingreso sale para todo lo que una familia necesita para VIVIR. Y de ribete IVA al pago de renta o hipoteca. ¿De qué se trata?  Dice usted que: “Si queremos ser un país justo tenemos que darle prioridad a los más pobres”. ¿Así? ¿Cerrándoles el paso a quienes se han esforzado por salir adelante con su trabajo, con su querer ser, con su determinación, para que no sigan avanzando hacia mejores niveles de vida?

A los pobres no los agravien más con farsas de programas como la cruzada contra el hambre. Empiecen por tratarlos como seres humanos, con respeto a su dignidad, devuélvanles su señorío y su prestancia. El esfuerzo lo viene dando la clase media, secretario, desde hace mucho tiempo, ahora tiene que venir de otro sitio. ¿De dónde? De aumentar la base gravable de causantes y de volverse implacables con ese sector de empresarios pudientes y sin escrúpulos que son expertos en burlar al fisco, y a los que nunca se les toca ni con el pétalo de una rosa.

Cuente, señor secretario, que en el Congreso de la Unión, habemos muchos legisladores que no vamos a apoyar esta reforma, si no se hace una serie de enmiendas y reconsideraciones. El diálogo está abierto, construyamos otro México.

Nuestro México

 

Por Esther Quintana Salinas

Al final del día los beneficiados serán los niños y los jóvenes de este país, es decir, México

No tengo memoria de que los mexicanos tengamos confianza en nuestras autoridades, desde siempre se han llevado todo género de descalificativos cuando de referirse a ellas se trata, de ahí que resulte insoslayable sacudir nuestro entramado institucional-democrático, aunque haya sectores de la población que no comulguen con ello, porque los hay. Hay reformas complejas y controvertidas que no admiten aplazamiento, y que el Poder Legislativo tiene que atreverse a realizar, porque esa es una de sus funciones  sustantivas. 

La tarea no es fácil, porque demanda una tarea conjunta, sin protagonismos partidistas, sin oportunismos, con una enorme voluntad de servirle al país. Y esto ni siquiera debiera concebirse como algo extraordinario, porque al final del día es lo que le corresponde hacer al Congreso de la Unión. Reflexionar sobre esto es importante y necesario, porque lo que está en juego es la gobernabilidad, la seguridad pública, el desarrollo económico, social y político del país. Nada más y nada menos.

Cualquier organización tiene que tener mecanismos de control implícitos, que obliguen a todos sus integrantes  a rendir cuentas a alguien, y a que se responsabilicen de todos sus actos. Cuando esto no sucede, cuando no se sancione a quien violente el orden, ni se obliga a rendir cuentas, todo el sistema se pervierte. Los márgenes de impunidad que se han permitido en este país nuestro, se han convertido en patente de corso para muchos, y eso explica los altos índices de corrupción que nos agobian. 

Hace unos meses, la reforma laboral levantó polvareda, casi incendian San Lázaro las izquierdas furibundas, por los cambios implementados en la Ley Federal del Trabajo. No se han generado los empleos previstos a la luz de la reforma ¿qué ha pasado? Pues que la economía está varada, no se han gestado las condiciones para que los haya, la tendencia del crecimiento económico va en picada, hay un subejercicio generalizado en la mayoría de las Secretarías de la Administración Pública Federal, en particular de las que deberían impulsar el desarrollo del país. Pero el problema no es de leyes, las leyes ya las hizo el Legislativo, la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo.

Se acaban de aprobar las tres leyes secundarias que establecen los “cómos” se materializa la reforma constitucional dispuesta en los artículos 3 y 73. Y mire usted la revuelta que se ha armado por parte de los líderes sindicales de la CNTE, que han secuestrado a la ciudad de México, que están vulnerando derechos de terceros a discreción, provocando daños severos a la  economía y  un caos en la vida cotidiana de los capitalinos, para decirlo de manera sucinta. Y lo único que hace la autoridad tanto federal, como local, es contenerlos. ¿Cuándo se van a ir? Cuando quieran. ¿Quién va a responder por todo el desbarajuste? Nadie. ¿Van a volver? Cuantas veces quieran y a repetir la dosis, al cabo que el cobijo de la impunidad da para eso y más.

Menuda tarea tiene el gobierno de Peña Nieto. Las criaturas que el mismo PRI creó y se sirvió de ellas para entronizarse, hoy no están dispuestas a abandonar el “reino” que les entregaron para que hicieran y deshicieran. Al PRI le está pasando lo que a los padres que pretenden disciplinar al vástago cuando ya es adulto, ya no se puede.

El desafío de política educativa es combinar medidas y decisiones que se orienten a fortalecer lo que ocurre en el microcosmos de cada escuela, reconociendo y abordando al mismo tiempo las restricciones a su desarrollo que derivan de factores estructurales dentro y fuera del control de ella, y apostar a favor de quienes son actores principales en el cambio educativo, es decir, de los maestros, directores y supervisores, brindándoles los instrumentos que se requieran para alcanzar el objetivo, e institucionalizar la rendición de cuentas y la responsabilidad por resultados en el sistema educativo. Al final del día los beneficiados serán los niños y los jóvenes de este país, es decir, México. Habrá quienes no estén de acuerdo con el nuevo paradigma, pero ese no debe ser obstáculo para realizar los cambios inaplazables que se demandan.

Spot de la Cámara de Diputados. Fuestas Patrias

Comisiones de Hacienda y de Justicia aprueban la Reforma Financiera en lo general; el lunes 9 se discutirán alrededor de 500 reservas

• Posiblemente suba al Pleno el martes 10

06-09-2013 Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia aprobaron en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga 34 ordenamientos jurídicos que integran la Reforma Financiera, propuesta por el Ejecutivo federal.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público se registraron 29 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, en tanto que por la Comisión de Justicia se emitieron 17 votos en pro y tres en contra, ninguna abstención.

Los artículos reservados en lo particular, contenidos en un adéndum, serán discutidos y votados el próximo lunes a las 13:00 horas, informó el presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo Reyes (PAN), quien además informó que ese día los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de fijar una posición sobre la reforma, la cual tentativamente subirá al Pleno el martes 10.

Precisó que para la votación en lo general únicamente se aprobó el proyecto de dictamen consolidado, salvo los artículos con redacción distinta al texto original de la iniciativa, es decir, el adéndum, que contiene casi 500 artículos.

“Se deja abierto el debate en lo particular, lo cual permitirá que durante tres días se verifique que en el adéndum se encuentran todas las propuestas y posiciones de las diferentes bancadas y de los diputados”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), aseguró que este día ha sido muy importante para la Reforma Financiera, “para avanzar lo suficiente y alcanzar el consenso necesario”. Reconoció el trabajo de los diversos grupos parlamentarios en la tarea de revisar y hacer propuestas a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, solicitó la entrega del adéndum en un formato comparativo, para que los legisladores puedan analizarlo.

Fernando Cuéllar Reyes (PRD), tras manifestarse a favor del dictamen, resaltó la importancia de eliminar la posibilidad de que los legisladores presenten otras reservas aparte del adéndum.

Damián Zepeda Vidales, del PAN, destacó la importancia de revisar detenidamente el adéndum para ser votado el próximo lunes. Solicitó el envío del dictamen original y el anexo más actualizado, para que todos los diputados tengan los mismos documentos.

La diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano), si bien anunció el voto en abstención de su fracción, resaltó la importancia del adéndum, el cual, dijo, recoge las participaciones de los legisladores y de los foros realizados sobre este tema.

Por Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco hizo un reconocimiento a las comisiones de Hacienda y de Justicia por su flexibilidad para el adéndum.

A su vez, el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) mencionó que el adéndum manifiesta un ejercicio de acuerdo preliminar en los grupos parlamentarios, con voluntad política.

De acuerdo con el dictamen, la Reforma Financiera pretende dar cumplimiento a los compromisos 62 y 63 del Pacto por México, a efecto de dar mayor flexibilidad e incentivo para que los bancos comerciales y la banca de desarrollo, de forma conjunta, otorguen más créditos y que éstos se den en mejores condiciones.

La enmienda se basa en cuatro ejes fundamentales: establecer un nuevo mandato para la banca de desarrollo, que propicie el crecimiento del sector financiero; fomentar la competencia en el sistema bancario y financiero para abaratar las tasas y los costos; generar incentivos adicionales para que la banca preste más, y fortalecer al sistema financiero y bancario, para que el sector crezca siempre de forma sostenida.

Precisa que lo que se busca es un cambio integral en el sistema financiero, generando los incentivos y estableciendo las condiciones para que las entidades financieras, especialmente los bancos comerciales y la banca de desarrollo, otorguen más créditos, dándoles la oportunidad a más familias mexicanas de convertirse en consumidores de sus servicios y, de esta forma, obtener fondos para financiar sus proyectos productivos.

Propone, entre otros aspectos importantes, facultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitir recomendaciones a las Instituciones financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos o asociaciones gremiales, así como del público en general, además de regular los comprobantes de operaciones e impedir la difusión de información engañosa.

Además, se crea el Sistema Arbitral en Materia Financiera para ofrecer un nuevo procedimiento de solución de controversias, al igual que un Buró de Entidades Financieras. De igual forma, modifica la Ley del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a efecto de ampliar el plazo de los créditos que reciba el instituto.

Por otra parte, fortalece a la banca de desarrollo con un marco normativo para instrumentar políticas que permitan la creación y preservación de empleos e inversiones; contribuye de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva; estimula el valor y crecimiento del campo, así como permite y respalda el ahorro popular en beneficio de las familias mexicanas.

La Reforma Financiera aborda también lo relacionado con el otorgamiento y ejecución de garantías; corresponsales de ahorro y crédito popular; uniones de crédito; concursos mercantiles; almacenes y sofomes; liquidación bancaria; fondos de inversión; mercado de valores; sanciones e inversión extranjera; agrupaciones financieras, y crédito garantizado.

Documento de consulta. "Enrique Peña Nieto: 9 meses de Promesas sin Resultados"

Nueve meses de promesas sin resultados Fundación RPH from UNAM

Dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente

Ley General del Servicio Profesional Docente from lxiilegislatura

Avala el Senado, sin cambios, la minuta que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente

El Senado de la República aprobó en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados  que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y envió el documento al Ejecutivo Federal para sus afectos constitucionales.

Durante la discusión en lo particular, la asamblea rechazó todas las propuestas de modificación a los artículos 1, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 39, 53, 69, 74, 75, 76, 79 y 83, así como a los transitorios VIII, IX, XVIII, XIX, XXI y XXII.

Los senadores tampoco aceptaron adicionar los artículos transitorios XXIII y XXIV que sugirieron senadores del PAN, PRD y PT.

De acuerdo con el nuevo ordenamiento, para la permanencia en el servicio, las autoridades educativas y los organismos descentralizados evaluarán el desempeño docente y de quienes ejerzan las funciones de dirección o supervisión.

Esta medida será obligatoria y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) determinará su periodicidad y considerará por lo menos una evaluación cada cuatro años.

Cuando el resultado del examen sea insuficiente, se precisa, el personal deberá incorporarse a un programa de regularización y se someterá a una segunda valoración, en un plazo no mayor de 12 meses.

Sin embargo, de ser insuficientes estos resultados, el docente se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a un tercer examen, en un plazo no mayor de un año.

En caso de no alcanzar el nivel suficiente en la tercera evaluación, se advierte en el dictamen, “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.

En los artículos transitorios, se establece que a la entrada en vigor de la Ley, el personal que se encuentre en servicio se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización estipulados.

Quienes no alcancen “un resultado suficiente” en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro del servicio o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.

También se plantea que el personal que no se ajuste a los procesos de evaluación o a los programas de regularización será separado del cargo sin responsabilidad para las autoridades.

Además, en julio de 2014 se deberán realizar los concursos de ingreso al servicio en educación básica y media superior.

De acuerdo con la Ley, corresponderá al INEE expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponde en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.

Asimismo, ese organismo deberá aprobar los elementos, métodos, etapas e instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio profesional docente y se atribuye a las autoridades educativas locales en el nivel básico la asignación de plazas con base en los resultados de los concursos.

De igual forma, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para que en el nivel básico apruebe  las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción, participar con INEE en la elaboración del programa anual para la evaluación, así como determinar los perfiles y requisitos mínimos para el ingreso y permanencia en el servicio.

Previamente, en la discusión en lo general, el senador del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz aseguró que esta ley no es “punitiva” ni “inquisitoria” sino que dará oportunidad a que haya un reconocimiento al desarrollo profesional de los docentes.

Lo que se busca --expresó-- es que todos tengan las mismas oportunidades y herramientas para que no pierdan su carrera magisterial, ni los derechos que han logrado a través de los años; “este dictamen le dará a México el sitio brillante que le corresponde como nación”.

En el mismo sentido, su compañera de bancada, Mely Romero Celis, reiteró que la nueva norma “no es enemiga de los maestros” porque no se dará de baja a ninguno de los profesores que tenga la voluntad de propiciar su desarrollo y el de sus alumnos.

La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa señaló que hay más de  30 por ciento de retraso educativo en Michoacán, Oaxaca y Chiapas “porque hay miles de maestros en otros estados que sí se someten a la evaluación, que saben que evaluarse mejora su condición”.

Dijo que con este mecanismo se trata de mejorar, por lo que “no podemos seguir aceptando el atavismo, de que las plazas le pertenecen a unos líderes que pasan los días tomando calles, escuelas, oficinas y lo que menos les importa es dar clase”.

Al anunciar su voto en contra, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, señaló que en el fondo está la búsqueda del rediseño corporativo para controlar al sistema educativo y a los maestros del país, además llegar “al extremo” de crear un outsourcing magisterial.

Quieren --apuntó-- recuperar el control de las plazas y transferirlo hacia la autoridad sindical haciendo nugatorio las garantías de los profesores, pues pierden su estatus de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos que perderán todos sus derechos.

Su compañero de bancada, el senador Mario Delgado Carrillo denunció que “desde afuera se imponen tiempos y temas al Congreso”, que es el espacio natural para el debate y construcción de acuerdos, pero cuando se anula al Poder Legislativo “lo único que queda es la calle y ahí es donde hemos enviado a los maestros”.

La senadora Dolores Padierna Luna, también del PRD, advirtió que el proyecto “es una reforma laboral-bis”, un régimen sui generis para el magisterio que busca “abrir paso a la discrecionalidad de la autoridad” para despedir y contratar de acuerdo con “intereses político-electorales”.

Sin embargo, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez explicó que votaría a favor del dictamen porque “esta reforma que se ha construido, que ha costado construirla, puede dar pasos y pautas para el desarrollo de una educación de calidad”. �

También el senador perredista Zoé Robledo Aburto se pronunció a favor de la Ley porque “es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están” y “la educación pública de calidad es el único asidero que tienen los mexicanos más pobres para salir adelante en un entorno que es totalmente desfavorable”.

En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas enfatizó que los mentores que acrediten su capacidad para impartir clases estarán al frente de las aulas y quienes se manifiestan en contra del dictamen no lo hacen por estar a favor de la educación de calidad sino porque “ven en riesgo su coto de poder”.

Esas voces, asentó el legislador del PVEM, argumentan que la evaluación es una medida represiva para despojarlos de sus plazas, pero se equivocan porque se trata de un proceso en el que se toma en cuenta el rendimiento escolar, el desempeño del  profesor, la participación de los padres de familia y las condiciones físicas de la escuela.

A su vez, el senador David Monreal Ávila cuestionó que un tema tan importante como la Ley no sea discutido a profundidad ni con especialistas en la materia y que se respalde de manera fast track, “en lo oscurito y sólo entre unos cuantos legisladores”.

Con este tipo de acciones, señaló, se viola la fracción primera del artículo 193 del Reglamento del Senado de la República, el cual dispone que los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes se publiquen en la Gaceta cuando menos 24 horas antes de la sesión del pleno en la cual son puestos a debate y votación.

Fuente: Senado de la República.

El Pleno aprueba en lo general y lo particular la Ley General del Servicio Profesional Docente

Se respetan derechos constitucionales de los maestros
La evaluación no es instrumento de acciones punitivas
Plaza definitiva a los seis meses de servicio

01-09-2013 La Cámara de Diputados aprobó con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene por objeto mejorar la calidad de la educación, así como la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas de educación básica y media superior.

El ordenamiento jurídico, reglamentario de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución, tiene el fin de establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente; regular los derechos, obligaciones y sanciones derivados del mismo, y asegurar la transparencia y rendición de cuentas.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Jorge de la Vega Membrillo (PRD), resaltó que de las mesas de diálogo con la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se definieron, con precisión y consenso, ejes fundamentales para mantener el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y evitar que la autoridad pueda ejercer acciones punitivas con la evaluación.

Destacó que entre las modificaciones resalta la del artículo 4, inciso C, respecto a los nombramientos de base, así como la del 22, el cual menciona que en la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente y en términos de esta ley.

Al artículo 24, respecto a los concursos de oposición, se le agregó algo esencial: “En la educación básica, el perfil que debe tener el docente didáctico-pedagógico corresponderá al académico, con formación docente pedagógica o áreas afines, privilegiando el perfil pedagógico docente a los candidatos”.

El artículo 27 establece que en el período de inducción, las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar.

“Al término del período de inducción, la autoridad educativa local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará nombramiento definitivo”, precisa.

De igual forma, agregó, de la Vega Membrillo se modifica el artículo 83 para que las relaciones de trabajo del personal con las autoridades educativas y organismos descentralizados se rijan por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en la misma ley.

Añadió que el personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley, podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.

De la Vega Membrillo mencionó que, por otro lado, un segundo eje que se planteó es en torno a la evaluación, la cual debe ser contextualizada y no punitiva.

Se refirió al agregado del artículo 7, espejo del artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que en sus fracciones se establecen los atributos del Servicio Profesional Docente, entre ellos, la expedición de los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas.

De la misma manera, dijo, se fija la participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de aplicación de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción y se autoriza, como facultad del INEE, los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia.

También fueron planteados cambios a algunos transitorios, como el vigésimo segundo, en donde se señala que la Secretaría de Educación Pública formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional.

Finalmente se hace una excepción para que en la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicable al personal docente y con funciones de dirección y de supervisión del Instituto Politécnico Nacional, se considere la normativa propia de ese instituto.

Durante los posicionamientos, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) mencionó que la ley tiene el enorme reto de pugnar por el pleno respeto de los derechos humanos, laborales y profesionales de las y los maestros.

Aseveró que garantizar el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad, no tiene por qué traducirse en una violación de los derechos adquiridos ni suponer acciones punitivas en contra de los maestros.

La legisladora subrayó que la reforma educativa será letra muerta si las mediadas que se proponen para elevar la calidad de los servicios educativos, no incluyen decisiones firmes y el presupuesto necesario para responder a las altas expectativas que se han generado.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, se pronunció en contra de la reforma ya que, aseguró, carecerá de legitimidad, debido a que los destinatarios la rechazarán.

Afirmó que la causa del bajo nivel educativo es la política gubernamental; cuestionó el método de evaluación al que serán sometidos los maestros. “¿Quién evaluará a los evaluadores?”, cuestionó.

“Nos pronunciamos por una educación que sirva como instrumento de transformación de la sociedad y de una mejora del sistema, en la que se eleven los salarios de los educadores, ya que tenemos claro que ellos no son el problema, sino parte de la solución”.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez señaló que entre los problemas que enfrenta el sistema educativo están los altos índices de deserción, el desinterés de alumnos y el bajo aprovechamiento.
“Las propuestas de los debates realizados en el país para la reforma educativa se tiraron al bote de la basura. No se puede satanizar la protesta social que paraliza a la capital. La reforma es un reforma administrativa que no surge de la sociedad”, aseguró.

Se manifestó a favor de un debate nacional para crear “una auténtica y consensuada Ley de Educación” y no se criminalice la voz de afectados.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López, del PVEM, expresó que hay una profunda desvalorización social de los maestros; además, dijo, las más de 400 escuelas normales padecen debilitamiento sistémico.

“La Reforma propone transformaciones en materia educativa y de mejor trato a los maestros, incluyendo mejoras salariales”, sostuvo la legisladora por Zacatecas.

Agregó que no debe criminalizarse a los maestros, pero tampoco se les tiene que privilegiar. “Las contrataciones serán bajo una constante evaluación no punitiva y estarán a salvo los derechos de los maestros”, indicó.

En su turno, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) expresó que tenemos una crisis del sistema educativo, como es el caso de secundarias y bachilleratos, donde hay más deserción y reprobación. Ante ello, anunció que en los próximos días se tendrá que abrir, de acuerdo a lo aprobado, un debate sobre el modelo educativo.

El legislador por Guanajuato resaltó que, además, se tendrán que analizar a fondo planes y programas de estudio, materiales, auxiliares didácticos, así como métodos para reivindicar a los maestros, alumnos y escuelas.

“Apoyamos lo que contiene la iniciativa y no cejaremos en seguir dando la batalla al lado del magisterio para hacer que la educación tenga viabilidad y responda a los intereses de los padres de familia, niños y de la nación”, agregó.

Por el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, dijo que el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente deja claro que la evaluación a los maestros tiene como propósito mejorar la práctica profesional, por lo que el sistema educativo también deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes desarrollen sus fortalezas y superen sus debilidades.

Enfatizó que los alcances de esta Ley establecen, dentro del orden jurídico mexicano, las regulaciones que garanticen a los maestros la posición económica y social que les corresponde, así como la libertad y el respeto adecuados al cumplimiento de su vocación.

El también secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, detalló que “la aprobación de este dictamen aportará las bases que harán posible que las y niños tengan una educación de calidad que les permita asegurar un futuro de bienestar y desarrollen sus potencialidades”.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) señaló que se acusa a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la evaluación de ser punitiva, pero “queremos dejar claro que la evaluación es sólo un proceso, donde se valorará el rendimiento escolar y el desempeño del docente; no es una prueba para ver quién obtiene más y mejores resultados”.

Detalló que la evaluación es un proceso que se basa en cursos de capacitación anuales para detectar insuficiencias y fortalezas, a fin de tener una mejora en la práctica de la docencia.

El también integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, mencionó que nunca ha estado en riesgo la gratuidad de la educación. “Somos defensores de la educación pública y gratuita, ahora defendemos la calidad de la educación, queremos ver a los maestros en las aulas, capacitándose y que sean aliados en los grandes propósitos de México”.

Al hablar en contra, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) consideró esta ley traerá como consecuencia que los trabajadores pierdan sus derechos laborales, por lo que pidió a los diputados reflexionar su voto.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) subrayó que esta ley “nadie la ha leído” y cuestionó por qué se excluye al magisterio para su discusión. “Si verdaderamente contiene tantos avances, ¿por qué sesionar subrepticiamente en la clandestinidad, de manera apresurada, de manera precipitada?”

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) destacó la importancia de las más de 100 modificaciones que se realizaron a la ley, con los cuales se dejaron a salvo los derechos constitucionales de los maestros y habrá incentivos para que los mejores profesores vayan a las zonas más pobres a enseñar.

En tanto, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) aclaró que su grupo parlamentario y los trabajadores de la educación no están en contra de la evaluación, sino de la forma en que se pretende hacer, “que se disfrace una reforma laboral para el gremio de los maestros, diciendo que es por una mejora y por la calidad de la educación”.

Por el PVEM, el diputado Arturo Escobar y Vega reconoció que existe una minoría que está en contra de esta reforma educativa, “representada en gran medida en el estado de Oaxaca, en donde en los últimos 10 años se han lastimado, con más de 70 días sin clases, a los alumnos”. Sin embargo, dijo, tiene el apoyo de la CNTE.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) coincidió en la necesidad de modificar el modelo educativo y evaluar el comportamiento de sus actores y de todo el proceso; sin embargo, “estos fines no se van a lograr con una ley reglamentaria diseñada bajo premisas equivocadas y acoso laboral a los maestros. Esta ley no es la solución que este país necesita para mejorar la calidad educativa”.

El diputado Roy Argel Gómez Olguín (PRI) expresó que el dictamen atiende un reclamo histórico de los maestros para ser reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. “Estamos a favor de concluir con la reforma educativa. Es ahora o permanecer secuestrados para siempre”, enfatizó.

A su vez, el legislador Silvano Blanco Deaquino (PRD) denunció que la ley sí afecta a los maestros, y consideró que el Pacto por México sustituye y da un golpe técnico al Congreso, “ya que esta disuelto por las decisiones que se toman en ese Pacto”.

Del PT, el legislador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara indicó que no es trata de una reforma educativa; “si lo fuera, no habría 300 mil jóvenes excluidos”. Lo que se está haciendo, afirmó, es una reforma laboral-administrativa que perjudicará a los maestros, pero “ellos, advirtió, se van a defender”.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) mencionó que esta Ley Reglamentaria, violenta el artículo 123 constitucional. Además, la reforma educativa privatiza a la educación y agrede los derechos laborales. “Debería haber sido un modelo educativo donde realmente se considere los principios rectores de una enseñanza pública que México necesita y demanda”, apuntó.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Aguayo López (PRI) argumentó que la iniciativa se sustenta en postulados educativos, pues busca la profesionalización de los maestros, a través de la capacitación y actualización constante en su formación y desarrollo, respetando siempre sus derechos laborales.

Previamente, el Pleno desechó en votación económica cuatro mociones suspensivas en torno a la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente de los diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC) y de los perredistas Carol Antonio Altamirano, Silvano Blanco Deaquino y Javier Orihuela García.

En lo particular, fueron rechazadas por la Asamblea y aprobadas en términos del dictamen 28 reservas a los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 53, 68, 76, 83, Octavo Transitorio, Décimo Octavo Transitorio y la adición del Vigésimo Tercero Transitorio. La votación fue 375 votos a favor, 73 en contra y una abstención.

Fueron presentadas por los diputados del PRD, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro y Andrés Eloy Martínez Rojas. De Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, Juan Luis Martínez Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos, Zuleyma Huidobro González, José Francisco Coronato Rodríguez y José Luis Valle Magaña. Y del PT, Héctor Hugo Roblero Gordillo, María del Carmen Martínez Santillán, Rosa Elia Romero Guzmán, Loretta Ortíz Ahlf.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.