Este principio lo trajo el Papa León XIII en 1891, en su encíclica Rerum Novarum: “Los que gobiernan deben proteger la comunidad y los individuos que la forman. A los Gobiernos les ha confiado la naturaleza la conservación de la comunidad, de tal manera, que esta protección o custodia del público bienestar no es sólo la ley suprema, sino el fin único”.
Derivado de este concepto, el Estado social debe funcionar con base en la subsidiariedad, de tal suerte que se ayude a la comunidad a arribar a un desarrollo humano real, pero brindándole herramientas para que ellos mismos por sus medios y capacidades lo alcancen. Enseñarlos a pescar, no darles el pescado. La actuación del Estado es, pues, supletoria y subsidiaria. El Papa Pio XI, atendiendo a este concepto, escribió: “todo influjo social debe por naturaleza prestar auxilio a los miembros del cuerpo social, nunca absorberlos y destruirlos”. Y Juan Pablo II expresó que: “el Estado tiene el derecho a intervenir cuando situaciones particulares de monopolio creen obstáculos al desarrollo. Pero, además, puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de empresas demasiado débiles o en vías de formación sean inadecuados para su cometido”.
El problema viene cuando el Estado se desnaturaliza, porque cambia este procedimiento. El Estado moderno creado en el Siglo 19 estableció como objetivo afianzar la libertad y la igualdad, derivado de esto se le encomienda la prestación de ciertos servicios públicos, como son: justicia, educación, salud y seguridad. Debiendo estar al alcance de todos y prestarse en forma eficiente y en igualdad de condiciones.
La eficiencia implica que el servicio debe prestarse por los mejores, por los más calificados, no por improvisados. La igualdad demanda que todos puedan acceder al servicio, sin discriminación de por medio.
El asistencialismo se lleva al traste todo esto. ¿Por qué? Porque genera una mafia para repartir bienes y servicios que depende directamente del político en turno o del grupo en el poder, pagados con recursos públicos, pero con criterios absolutamente ayunos de ética y partidistas. La igualdad pasa a segundo término, pues la prestación ha dejado de ser entre iguales. El control y el poder lo tiene y lo ejerce el que reparte la despensa, los tinacos, las latas de pintura, etc., etc., y quien lo recibe queda sometido a su manipulación. Todos los días le recuerdan quién es su “amo” y le amenazan con perder la dádiva al menor movimiento de emancipación.
El desarrollo que debiera provocarse con estos apoyos se pierde en la nada, porque no están diseñados para que la gente crezca, ni se vuelva autosuficiente, sino todo lo contrario. Lo que menos quiere el “amo” de sus vidas es que se conviertan en personas libres, eso es amenaza, pierde el control sobre ellos. El sistema priísta mexicano “desarrolló” esta perversión y la sigue alimentando, porque es la que le ha permitido permanecer tantos años en el poder. Las ejecutoras de semejante oprobio son sus lideresas, mujeres a quienes les dan poder sin medida para que cometan toda suerte de atrocidades. Son sus domadoras de voluntades. En Coahuila, el reparto está en su máximo. Tenemos elecciones. Pero la gente ya está harta del yugo. Las mujeres de las colonias populares ya lo dicen en voz alta, otras con sus ojos, con su coraje contenido…
Va a explotarles la caldera a los sempiternos dueños de la entidad…Como dice el canto nuevo: “La gente no aguanta más…”
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