Ni perdón, ni olvido

¿Cuándo vamos a aprender a elegir? Para que un político sea confiable, no basta con que tenga mucho verbo

Con el advenimiento de los estados organizados con base en constituciones políticas, los gobernantes quedaron sujetos a responsabilidad ante los Parlamentos o los tribunales, por el ejercicio del poder. Así nació la responsabilidad política jurídica. Esta suele ser evaluada y adjudicada con fundamento en disposiciones específicas - como el impeachment anglosajón - y ante autoridades pre determinadas, en un sistema presidencialista como el nuestro, como el Congreso de la Unión o un tribunal, según sea el caso.

No obstante, la responsabilidad política es también evaluada por los ciudadanos cuando, asumiendo el papel de electores en un sistema democrático, valoran el uso que los gobernantes han hecho del poder conferido. Un criterio que suele emplearse para distinguir la responsabilidad estrictamente política, es aquel que concierne a relaciones verticales de autoridad, es decir, la conducta de la autoridad frente al gobernado subordinado. La responsabilidad política de quien ocupa un puesto público estriba en que sus actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. La responsabilidad es un VALOR, porque de ella dependen la estabilidad y convivencia y el buen gobierno.

De ahí la relevancia de que el servidor público tenga conciencia de que el compromiso que adquirió tiene consecuencias, y por principio debe actuar apegado a esto. Está obligado a hacer bien por lo que le pagan. Eso es actuar con responsabilidad. La responsabilidad tiene un efecto directo con otro valor fundamental: la confianza, porque se confía en aquellas personas que son responsables. Entre la clase política, es muy común salirse por la tangente para evitar la culpa, y tratándose de asuntos de rapiña y raterías, más. Nadie se desvive por asumir la responsabilidad. Utilizar el poder que emana de la soberanía popular para aprovecharse del mismo es una sinvergüenzada, es un agravio que no debiera ser olvidado, ni disculpado bajo ningún concepto, por los gobernados.

Ya sabemos que las leyes en nuestro país se aplican de manera discrecional o de plano no se aplican a este tipo de corruptos y trasgresores del orden normativo. Tenemos claro que la impunidad los cobija, y derivado de esto el grueso anda suelto y viviendo como sátrapa aquí mismo o en el extranjero, y quien está en la cárcel, parece más un ajuste de cuentas o venganza, que impartición de justicia, porque hay otros de la misma laya, y no los han tocado ni con el pétalo de una rosa.

La inmoralidad de este tipo de especímenes difunde un ejemplo negativo y produce una desmoralización social que ha dañado severamente la credibilidad y la confianza en los gobernantes, e impedido el fortalecimiento de las instituciones. La semana pasada la revista Forbes dio cuenta en un listado de los 10 políticos mexicanos más corruptos, ejemplo infausto de todo lo que un político NO DEBE SER NI HACER.

Pero, como dice el viejo adagio: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”. ¿Cuándo vamos a aprender los mexicanos a elegir? Para que un político sea confiable, no basta con que tenga mucho verbo, ni reparta besos y abrazos, ni salga en espectaculares o en primeras planas, ni que sea experto legislador o genio en x disciplina, ni siquiera el juicio debiera limitarse al ámbito político, sino ir más allá, al conjunto de su persona, a qué clase de hombre o mujer es en general, si responde más o menos al concepto del deber ser, es decir, de lo que es ser buen padre o madre, buen vecino, buen profesional, buen ciudadano. Cuando se contrata en la iniciativa privada a una persona, todos los datos sobre su conducta son relevantes, con más razón tratándose de la elección de alguien que va a decidir sobre nuestra vida, libertad, bienes y derechos,  eso que los romanos llamaban decorum, refiriéndose a  la honestidad no en este o en aquel ámbito, sino en el conjunto de su vida.

Ahí está el listado de Forbes, lo publicaron en casi todos los periódicos del país, revíselo. Indígnese, ya estuvo suave de que le vean la cara, no permita que repitan el atraco. Las raterías y el cinismo de quienes ocupan un cargo público deben ser castigadas con todo el rigor del repudio social, porque está visto que de la ley se ríen y se carcajean. En Coahuila, sabemos de eso.