Me
avergüenza que en mi país la corrupción campee libremente por la esfera pública
y también por la privada. Me avergüenza que la falta de escrúpulos - porque
hablar de la de principios es sueño guajiro - domine la voluntad de muchos
políticos y se imponga a los deberes que tienen con la población a que se
deben. Todo el tiempo he sido una crítica incisiva de la que minó a dos
empresas significativas para el desarrollo y crecimiento de México, PEMEX y
CFE. Los dos monopolios de los que se valió el estado mexicano durante las
muchas décadas de gobiernos priístas para servirse a discreción de sus haberes,
coludidos con la gavilla de líderes sindicales corruptos hasta la ignominia.
Toda una caterva de intocables que se hicieron ricos hasta la consumación de los
siglos, no solo ellos, sino su descendencia. Fortunas groseras, insultantes.
¿Cómo mover ese monolito?
Ha
sido una larga jornada en San Lázaro. Cuando esto escribo, estamos ya en el
análisis y discusión del último paquete de leyes secundarias en materia energética,
para volver competitivas a PEMEX y CFE, y que respondan a su nueva naturaleza
de empresas productivas, de ahí la relevancia de su saneamiento. Me voy a
permitir compartirle algunos aspectos sustantivos de la misma: Crear una nueva
estructura corporativa y organizacional obedece a la modernización de su
productividad y a atender las legítimas exigencias de la sociedad para detener
las prácticas nefastas de la corrupción. Se incorporan normas que regulen las
materias de presupuesto y deuda pública. El Consejo Administrativo de cada
empresa autorizará, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), los tabuladores, la estructura orgánica, las políticas de
recursos humanos, su propio presupuesto, el destino de ingresos excedentes, sus
reglas de austeridad y las políticas para sus inversiones, así como las
adecuaciones a sus presupuestos. La Cámara de Diputados fijará el techo de
deuda y el monto de remuneraciones al personal. Los ejes sobre los cuales
descansa la reforma son: la empresa productiva del Estado, como una nueva
figura, con transparencia y rendición de cuentas, con un régimen jurídico
especial; el nuevo papel del Estado como propietario de la empresa; un gobierno
corporativo sólido y eficaz; un marco jurídico flexible que obedece al
principio de la máxima autorregulación y el rediseño integral de los esquemas
de vigilancia y auditoría.
La
Secretaría de Energía ya no intervendrá en el proceso de planeación, operación
y presupuesto de las empresas, por lo que ahora se limitará a ser parte de la
Presidencia de los Consejos de Administración, para participar en la
programación sectorial y de otras actividades estratégicas. Corresponderá a los
respectivos Consejos de Administración emitir toda la normatividad interna que se
requiera para la adecuada estructuración del funcionamiento y operación de las
empresas. De igual forma, se incluye un rediseño del esquema de vigilancia,
auditoría y control de las empresas y se devuelve al Consejo de Administración
la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño que prevé la
creación de un órgano independiente denominado Unidad de Responsabilidades, que
tendrá a su cargo determinar y sancionar responsabilidades a partir de la
información que le suministren los órganos de auditoría competente.
Se
establece la figura de auditores externos y se acata el mandato constitucional
al facultar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Congreso de la
Unión para fiscalizar a Pemex y a la CFE. La ASF podrá fincar las responsabilidades
que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada se
detecten actos ilegales, incluyendo el inicio de los procedimientos de
responsabilidad. Las deudas derivadas de las pensiones y jubilaciones de
trabajadores de PEMEX y CFE, no van a afectar el bolsillo de los mexicanos. Lo
van a cubrir con austeridad en su gasto, el Gobierno Federal, PEMEX y CFE, por
mandato de ley. El pasado mes de abril el PRD, por conducto de su Coordinador
Silvano Aureoles y la mayoría de sus Diputados, presentaron una iniciativa para
que año con año el Gobierno garantice el monto necesario para respaldar las
pensiones de PEMEX y CFE. El Gobierno, el PRI y sus sindicatos tienen ahora la
responsabilidad de ajustar los contratos colectivos de trabajo, ya que de otra
forma el Estado no absorberá más el pasivo por concepto de pensiones y
jubilaciones.
Iré,
estimados leyentes, compartiéndoles más aspectos de la reforma en comento, en
posteriores colaboraciones.
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