28
de Febrero 2015
Me llegan muchos
mensajes al correo electrónico sobre diversos temas que atañen a la realidad de
nuestro país, por parte de quienes hacen favor de seguirme en redes sociales.
El de la corrupción generalizada que amaga a nuestro México, es recurrente.
Este me llegó apenas ayer: “Quisiera que hubiera condenas por corrupción sin
importar el rango del servidor público, que lo inhabilitaran de por vida, que
subsidiariamente se responsabilizara a los partidos políticos que le dan cabida
a un sinvergüenza en un cargo público, que no haya prescripción para los
delitos de corrupción, que no le tengan consideración alguna a quien se
enriquece a costa de dinero público”. Sin duda que hay muchos mexicanos que eso
desean, yo entre ellos.
Desde el ámbito legislativo, el jueves de esta semana aprobamos la reforma de 14 artículos constitucionales que constituyen el origen del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas modificaciones hechas a nuestra Carta Magna, no son producto ni del capricho, ni de la ocurrencia, se trabajó de manera conjunta con organizaciones civiles especializadas en transparencia y rendición de cuentas, comprometidas en la fiscalización de recursos y seguimiento a la actuación de funcionarios públicos. No fue simple alcanzar los consensos, pero al final del día se logró el objetivo, se puso la primera piedra del edificio, sirva la analogía. Pero, no basta con eso, y lo subrayo, para limpiar el estercolero que resultó del ayuntamiento de la desvergüenza gubernamental en todas sus deleznables manifestaciones y la impunidad que las arropa, a lo que abona la desmemoria, la ausencia de formación cívica, la deficiente educación, la pobreza insultante material e intelectual que padecen millones de mexicanos, entre otros lastres. El proceso legislativo va en sus primeras fases, falta camino que andar para culminar la reforma. Se requiere la aprobación del Senado, en su calidad de cámara revisora y luego la de la mayoría de las legislaturas locales, porque se trata de una reforma constitucional. Y faltan las leyes adjetivas, es decir, las que establecerán los “cómos” va a implementarse.
Estas leyes secundarias debieran hacerse en este mismo periodo, que concluye el último día de abril este año, por lo menos el ordinario. Ignoro si habrá un extraordinario. De no ser así, habrá que irse hasta la 63 Legislatura. Es quizá la reforma más importante de cuantas aprobamos en esta LXII Legislatura, porque si acotamos a la corrupción, el país empezará a funcionar de manera diferente. Sus tres ejes fundamentales son la prevención, la investigación y la sanción, tres antídotos que colapsan a la impunidad.
Le comparto algunos aspectos relevantes. El nombramiento del titular de la Secretaría de Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado. Se instituye el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Podrá sancionar a funcionarios y a particulares que cometan faltas que atenten contra el presupuesto de entidades y dependencias de gobierno. Dejará de existir la impunidad sexenal, porque los plazos de prescripción para actos u omisiones graves no serán inferiores a 7 años. La Auditoría Superior de la Federación además de la revisión de la cuenta pública, tendrá facultad para auditar e investigar, en tiempo real, presuntos hechos de corrupción que sean denunciados por CIUDADNOS o por resultados de la auditoría practicada. Va a fiscalizar además de los recursos federales, las participaciones federales de los estados y municipios, o sea el 92 por ciento de los recursos estatales.
Se aplicará la extinción de dominio a los funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito, situación que conllevará irse en contra de los bienes adquiridos de manera ILEGAL, y esto sin duda que obrará en beneficio de la población, no de los bolsillos de servidores públicos sinvergüenzas. México necesita ser gobernado con probidad, por ende se tienen que generar las condiciones para alcanzar ese objetivo. Este es el espíritu de la reforma que aprobamos la mayoría de los diputados, esta semana. Es el principio.
Por favor conózcala. Está en www.diputados.gob.mx, en la gaceta parlamentaria del 26 de febrero de 2015.
Desde el ámbito legislativo, el jueves de esta semana aprobamos la reforma de 14 artículos constitucionales que constituyen el origen del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas modificaciones hechas a nuestra Carta Magna, no son producto ni del capricho, ni de la ocurrencia, se trabajó de manera conjunta con organizaciones civiles especializadas en transparencia y rendición de cuentas, comprometidas en la fiscalización de recursos y seguimiento a la actuación de funcionarios públicos. No fue simple alcanzar los consensos, pero al final del día se logró el objetivo, se puso la primera piedra del edificio, sirva la analogía. Pero, no basta con eso, y lo subrayo, para limpiar el estercolero que resultó del ayuntamiento de la desvergüenza gubernamental en todas sus deleznables manifestaciones y la impunidad que las arropa, a lo que abona la desmemoria, la ausencia de formación cívica, la deficiente educación, la pobreza insultante material e intelectual que padecen millones de mexicanos, entre otros lastres. El proceso legislativo va en sus primeras fases, falta camino que andar para culminar la reforma. Se requiere la aprobación del Senado, en su calidad de cámara revisora y luego la de la mayoría de las legislaturas locales, porque se trata de una reforma constitucional. Y faltan las leyes adjetivas, es decir, las que establecerán los “cómos” va a implementarse.
Estas leyes secundarias debieran hacerse en este mismo periodo, que concluye el último día de abril este año, por lo menos el ordinario. Ignoro si habrá un extraordinario. De no ser así, habrá que irse hasta la 63 Legislatura. Es quizá la reforma más importante de cuantas aprobamos en esta LXII Legislatura, porque si acotamos a la corrupción, el país empezará a funcionar de manera diferente. Sus tres ejes fundamentales son la prevención, la investigación y la sanción, tres antídotos que colapsan a la impunidad.
Le comparto algunos aspectos relevantes. El nombramiento del titular de la Secretaría de Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado. Se instituye el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Podrá sancionar a funcionarios y a particulares que cometan faltas que atenten contra el presupuesto de entidades y dependencias de gobierno. Dejará de existir la impunidad sexenal, porque los plazos de prescripción para actos u omisiones graves no serán inferiores a 7 años. La Auditoría Superior de la Federación además de la revisión de la cuenta pública, tendrá facultad para auditar e investigar, en tiempo real, presuntos hechos de corrupción que sean denunciados por CIUDADNOS o por resultados de la auditoría practicada. Va a fiscalizar además de los recursos federales, las participaciones federales de los estados y municipios, o sea el 92 por ciento de los recursos estatales.
Se aplicará la extinción de dominio a los funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito, situación que conllevará irse en contra de los bienes adquiridos de manera ILEGAL, y esto sin duda que obrará en beneficio de la población, no de los bolsillos de servidores públicos sinvergüenzas. México necesita ser gobernado con probidad, por ende se tienen que generar las condiciones para alcanzar ese objetivo. Este es el espíritu de la reforma que aprobamos la mayoría de los diputados, esta semana. Es el principio.
Por favor conózcala. Está en www.diputados.gob.mx, en la gaceta parlamentaria del 26 de febrero de 2015.
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