Hay
una cultura generada en la no transparencia gubernamental y en el
patrimonialismo — práctica deleznable en la que el servidor público estima que
los recursos públicos son una extensión de su patrimonio privado— que “legitimaron”
el ejercicio autoritario del poder, el abuso, el cochupo, la mordida, el
nepotismo, el uso indebido de recursos y tantas otras “lindezas”, que de tan
comunes, a casi nadie le quitan ni el sueño, en nuestro país. Bueno sin ir más
lejos, aquí en Coahuila se está pagando una MEGA DEUDA, originada precisamente
en la CORRUPCIÓN
y protegida en la IMPUNIDAD.
El
costo social de la corrupción en México, no es asunto menor. Una apreciación
cruda del fenómeno por parte de observadores extranjeros, destaca que en
México, “la corrupción es institucional y que la delincuencia da más empleos
que el Estado”. En una entrevista que le hicieron en el 2005 en un periódico de
circulación nacional, sobre el tema, al exalcalde de Palermo, Italia, Leoluca
Ornaldo, conocido como el teórico de la Cultura de la Legalidad, decía que
México, “es un país más rico que desarrollado. El costo de la corrupción
lo pagan los mexicanos. En la experiencia siciliana, la mafia llegó antes que
la corrupción, después se ligó a un sistema de corrupción. La mafia es un
sistema de criminalidad, mientras que la corrupción es un sistema de
ilegalidad. La pregunta en México es: ¿En México hay muchos casos de corrupción
o hay un sistema de corrupción? Yo creo que está un sistema de corrupción y es muy
peligroso, por eso es importante no sólo la policía, sino más cultura de
legalidad. Cuando hay un sistema de corrupción se necesita un cambio cultural”.
En
nuestro país la gente está convencida de que la HONESTIDAD es un incordio y que
quien es honesto es un pen… Que si se es corrupto se ahorra dinero y tiempo en
largas colas, trámites complicados y vueltas a las dependencias públicas y que
dar mordida agiliza todo. Por eso la legalidad es impopular.
En
México, los niveles de corrupción e impunidad son escandalosos y los esfuerzos
para combatirla hasta la fecha han sido insuficientes, urge entonces imbuir la
ética en los asuntos públicos. Tiene que haber un cumplimiento de la ley sin
selectividad, ni discrecionalidad. La corrupción y la opacidad tienen que dejar
de ser asumidas por la sociedad mexicana como elementos inherentes,
consustanciales al ejercicio del poder.
La
integridad, el respeto, la honestidad, la buena conducta, la legalidad, la
honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, tienen que establecerse
como tradiciones y costumbres en el ejercicio del poder público. Son valores
que deben orientar el comportamiento de todos las personas que tengan un cargo
público, sea de designación o de elección popular. En el preámbulo de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción, que México signó el 29 de marzo de 1966,
se manifiesta con toda claridad que “la corrupción socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. Esto lo
recoge el artículo 133 constitucional en el que reconoce como parte del régimen
legal todos los Tratados signados por el presidente y ratificados por el senado
de la República, de tal suerte que están prohibidos: “El requerimiento o la
aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona
que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros
beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones públicas;” Y también: “ La realización, por parte de
un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de
obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
Esta
semana se hicieron acusaciones anónimas – pero acusaciones al fin - de que los
diputados exigen “diezmo”, “moche” a los alcaldes, para la asignación de
recursos a sus municipios. La historia es añeja, “el cochinero” se realiza
entre dos. No hay pruebas y sin pruebas no hay delito que perseguir. Y no habrá
ninguna investigación al respecto. Habrá entonces que legislar para establecer
los criterios a seguir para la asignación de los recursos, y acotar, fíjese
nada más, lo que apunto, ACOTAR, no ERRADICAR, la sinvergüenzada.
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