22 de Noviembre 2014
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El
gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene una oportunidad de oro para invertir el
proceso de descomposición que hoy se está viviendo. Todos los efectos del
errado ejercicio del poder público, hoy están cobrándole un precio muy alto,
que infortunadamente también está pagando la población.
Las
carencias del Estado, hoy a su cargo, están a la vista. No hay instituciones
dignas de confianza en la investigación de los delitos cometidos, y este
ingrediente es toral, por la certeza que aporta a los resultados. Tampoco la
hay para el órgano jurisdiccional.
Tenemos
un Estado con los brazos rotos. La obligación mínima del Estado con sus
gobernados es salvaguardar la seguridad pública, pero aquí no hay ninguna. Hoy
cualquiera puede ser secuestrado y hasta asesinado, y el perpetrador
difícilmente será aprehendido, menos juzgado y sentenciado.
Si
el titular del Ejecutivo empezara por reconocer las debilidades del sistema,
habría un avance importante hacia la solución, porque sería un acto de lealtad
y de respeto del primer mandatario del país hacia sus mandantes. Si la actitud
del PRI y sus aliados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión fuera de
apertura para hablar de un crimen que lacera la parte más sensible de los seres
humanos, también se podría empezar a transitar a un escenario distinto al
exhibido el jueves de esta semana.
Hay
paradigmas que deben YA ser modificados. La defensa a ultranza del Jefe del
Ejecutivo debe moderarse. Se entiende perfectamente que el presidente Peña
Nieto es un miembro del PRI y que sus correligionarios tenderán a escudarlo,
pero no al grado de impedir que se hable sobre el asunto. En Coahuila, durante
la 58 Legislatura, los legisladores príistas se dedicaron, sin dar una sola
razón, a impedir que comparecieran Humberto Moreira y/o Javier Villarreal ante
el pleno, por el tema de las irregularidades con las que se contrataron los
créditos, y mire usted, las consecuencias.
El
Presidente Peña Nieto afirma que derivado del sufrimiento causado por el caso
Iguala, han venido ocurriendo movimientos de violencia cuyo objetivo pareciera
responder a un interés de generar desestabilización y de atentar contra el
proyecto de nación que él encabeza. Se le olvida que es presidente de todos los
mexicanos, incluso de quienes no votamos por él, y que su deber es conciliar
cuanto haya que conciliar, por más dispar que parezca. Esa es su tarea
principal.
Lo
que hoy está sucediendo en la calle, en strictu sensu, ya no es únicamente por
la tragedia Iguala-Ayotzinapa, se ha ido convirtiendo en una especie de
carrusel en movimiento al que se han ido subiendo otras expresiones de disgusto
popular, que vuelven más difícil la solución del problema. No haber agarrado el
toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, desde un principio, ha
permitido la infiltración de fundamentalistas, que no tienen otro objetivo que
el de perpetrar saqueos, robos y depredaciones en perjuicio de bienes privados
y públicos. A grosso modo, estamos ante la comisión de acciones típicas de una
situación de rebelión, prácticamente ante la primera etapa de una guerra civil.
Si el gobierno no la contiene, con inteligencia, puede transitar a un segundo
momento, que es el de la insurgencia.
Y
un encarecido y respetuoso llamado al presidente Peña Nieto, no permita que
ningún miembro de su familia vuelva a insultar la inteligencia de los
mexicanos, fue deprimente escuchar a su esposa en proyección nacional. Y
finalmente, no es ninguna concesión graciosa el que usted haya hecho pública su
declaración, desde el primer día de su mandato debió incluso hasta volantearla.