Amigos:
Quiero
informarles que en la sesión ordinaria del pasado 13 de diciembre, los
diputados aprobamos por unanimidad una minuta que reforma diversas
disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de
armonizar el sistema jurídico nacional con el internacional, y se regresó al
Senado de la Republica.
Establece
que quien cometa el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes podrá ser sancionado con prisión de siete a 16 años, multa de 500
a mil días de salario mínimo e inhabilitación para el desempeño de cualquier
cargo, empleo, comisión públicos de manera permanente.
El
documento, aprobado con 443 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones,
fue presentado en marzo de 2011 por el entonces senador Ricardo Monreal Ávila,
actual coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, quien lo elaboró
junto con otros dos legisladores del PRD.
Esta
minuta, que dictaminó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, prohíbe la tortura y evita tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes hacia toda persona sometida a arresto, detención o prisión.
La
norma establece que se entenderá por tortura todo acto realizado que cause
penas o sufrimientos físicos o mentales a una persona con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida
preventiva, pena o cualquier otro fin.
El
texto señala que la aplicación de métodos para anular la personalidad de la
víctima o a disminuir la capacidad física o mental de una persona, aunque no
causen dolor físico o angustia psíquica, también será catalogada como tortura.
Estos delitos se investigarán y perseguirán de oficio.
Para
los efectos de la determinación de los días de multas, se considerará lo
dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
El
dictamen aprobado, adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal
para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya denominación también se modifica
para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El
documento refiere que para cumplir con esa responsabilidad se requiere de la
más alta profesionalización de todos los servidores públicos, a efecto de que
se haga con los derechos humanos como base esencial de la misma.
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